Los empleados de la morgue judicial que se encuentran en huelga mantienen retenidos 35 cadáveres, a pesar de que la Sala Constitucional ordenó el sábado que se realicen las autopsias y se entreguen los cuerpos a los familiares.
Estos funcionarios se unieron a la huelga indefinida declarada el pasado 19 de julio por el Frente Gremial del Poder Judicial para exigir a la Asamblea Legislativa que retome un proyecto de ley sobre el Fondo de Pensiones que fue redactado por los mismos gremios y que desechen el plan de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
La suspensión de las autopsias fue confirmada esta mañana por Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ente al cual pertenece al área de Medicina Legal y la Medicatura Forense.
Según Espinoza, la tarde del sábado él recibió la notificación de la Sala Constitucional que ordenaba la reanudación inmediata de las autopsias. El fallo se dio en respuesta a un recurso de amparo interpuesto por la Defensoría de los Habitantes la cual representó a familias afectadas por una “retención ilegítima de cuerpos”.
En su resolución, los magistrados también obligaron al fiscal general, Jorge Chavarría, controlar que se cumpla lo ordenado.
De acuerdo con el director del OIJ, el domingo él se presentó en el Departamento de Medicina legal donde conversó con patólogos y lograron un consenso de retomar esos procedimientos forenses debido a que las órdenes de la Sala Constitucional son de acatamiento obligatorio.
“Lo que hicimos fue comunicar a los patólogos que existía esa disposición de la Sala, que tenía carácter erga omnes (de aplicación para todos) y ellos así lo entendieron. Sin embargo, luego se dieron situaciones que tienen que ver con la presión de un movimiento de huelga -que nosotros no estamos cuestionando- y eso significó que no hubiese posibilidad de que el domingo se iniciara la realización de las autopsias”, explicó Espinoza.
Por el contrario, el domingo, el Frente Gremial del Poder Judicial – el cual reúne a 25 sindicatos y asociaciones judiciales- indicó en sus redes sociales que funcionarios de la morgue habían sido incapacitados por haber recibido presiones psicológicas y amenazas. Espinoza dijo no tener reportes de incapacidades.
El director del OIJ detalló que Medicina Legal está trabajando de forma parcial pues se están realizando pericias de asuntos considerados urgentes como los que se requieren en casos de delitos sexuales y homicidios.
No obstante, en el caso de la morgue, hay una división que impide realizar las autopsias; mientras algunos médicos quieren laborar, hay al menos un patólogo en huelga, al igual que personas que se dedican a colectar las evidencias, a hacer las fotografías o proveer de materiales como ropa y paños, así como los encargados de la limpieza de mesas y salas.
Espinoza señaló que la orden de la Sala deberá ser cumplida aun cuando se deba recurrir a la colaboración de otras instancias como centros médicos.
“Si nosotros que trabajamos en la aplicación de la ley no cumplimos, vamos a perder legitimidad posterior para que la ley se aplique”, expresó.
La actitud de los funcionarios de la morgue causó molestia en distintos sectores. La defensora de los Habitantes, Montserrat Carboni escribió en su cuenta de Facebook: “Entregar ese hijo a la madre no debilita un movimiento, no cercena la libertad sindical. Por el contrario, no entregarlo, anula cualquier legitimidad del movimiento, hiere al Estado de Derecho, y sobre todo, se convierte en medida de inhumanidad”.
Incluso el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, hizo un llamado a los funcionarios judiciales en huelga para que “atiendan el clamor de las personas y tengan misericordia de los familiares de las personas fallecidas”.
“Las leyes no se discuten, se acatan, y los primeros que tienen la obligación de acatarla son los funcionarios del Poder Judicial. No hay justificación ninguna, ninguna para que una orden de un magistrado no sea atendida. Y que lo que se ponga en la línea de fuego no sea simplemente un concepto abstracto sino el dolor de las familias de decenas de personas fallecidas que reclaman a sus deudos y que no pueden acceder a ellos porque un gremio se los impide. Creo que la indignación en el país es absoluta”, expresó.
Por su parte, la oficina de prensa del Ministerio Público informó de que la Fiscalía General solicitó al director del OIJ un informe sobre el estado de la situación en Patología Forense. “Una vez que se reciba el informe, se procederá a tomar las acciones respectivas”, comunicó la entidad.
Quien incumpla una orden de la Sala Constitucional se expone a ser denunciado ante la Fiscalía por el delito de desobediencia, el cual se castiga con entre seis meses y tres años de prisión.
Reclamo
La huelga fue declarada por los representantes de la Asociación de Jueces, la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, el Sindicato de Jueces y Juezas, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores, la Asociación Nacional de Profesionales y el sindicato de la Defensa Pública.
El movimiento se levantó el miércoles 19 de julio, horas después de que la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa rechazara retomar el proyecto de ley que reforma el Fondo de Pensiones del Poder Judicial y que había sido redactado por los gremios. En su lugar, en la corriente legislativa se mantiene un plan propuesto por Supen.
Los gremios rechazan el plan de la Supen porque aumenta la edad de retiro a 65 años, el tiempo de labor a 35 años y la asignación sería del 72% del promedio salarial de los últimos 30 años.
Los sindicados consideran que esas condiciones serían “ruinosas” para los trabajadores.
Además, alegan que el proyecto de la Supen carga al presupuesto nacional ¢1 billón por las pensiones ya otorgadas.
Según los representantes sindicales, el plan de ley que ellos habían planteado ya había sido discutido con las todas las fracciones legislativas hace un año. Su propuesta incluye una jubilación a los 60 años para las mujeres y 62 años para los hombres.
Además, el cálculo de la pensión sería el promedio de los mejores 12 salarios de los últimos 24 recibidos con un tope de 10 salarios base más bajos pagados en la administración pública.
Los gremios del Poder Judicial afirman que no suspenderán la huelga hasta que los legisladores retomen su proyecto de ley. Los diputados están en receso este lunes y regresarán a trabajar hasta el miércoles pues mañana martes 25 de julio es feriado por la celebración de la Anexión de Guanacaste.
