Los funcionarios del Poder Judicial estarán bajo la rectoría de la Corte Suprema de Justicia y no del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en el marco de la aplicación de la Ley de Empleo Público, luego de la votación unánime de 19 magistrados en la sesión de Corte Plena de este lunes.
El acuerdo se dio luego de que analizaran los informes rendidos por la Dirección Jurídica del Poder Judicial y la Dirección de Gestión Humana, que determinan la ruta a seguir para dar pleno cumplimiento a la Ley Marco de Empleo Público, la cual entrará en vigor el mes de marzo de 2023.
Abogados laboralistas estiman que cuando entre a operar la nueva legislación los empleados públicos verán congelados sus salarios y se deberán crear dos regímenes de empleo en el sector público para los mismos trabajadores, como son el grupo de personas dedicadas a las funciones exclusivas y excluyentes, las cuales quedan excluidas de la aplicación de esta normativa y el otro grupo al que sí se le aplicarán las regulaciones dictadas por el Mideplan.
Para estos especialistas esto generará a futuro “mucha conflictividad y problemas de gobernabilidad” en materia de planificación estratégica de la organización y funcionamiento de los servicios que darán a futuro las instituciones públicas.
Los magistrados ya habían alertado dos años atrás ante consulta de la Asamblea Legislativa que permitir al Mideplan la gobernanza del Sistema General de Empleo Público implicaba una violación a la independencia de poderes y funciones, así como a la autonomía económica, que se estima parte de la independencia judicial.
Los magistrados, a quienes les correspondía definir cuáles serían esos puestos exclusivos y excluyentes, votaron a favor del análisis que concluía que todas las clases de puestos del Poder Judicial bajo uno u otro criterio se relacionan con los servicios que presta el Poder Judicial, conforme a la Constitución Política y la Ley, por lo cual su trabajo resulta exclusivo y excluyente en relación con las personas servidoras de otros Poderes de la República.
Asimismo, se aplica en esta decisión lo dispuesto en diversas resoluciones de la Sala Constitucional, las cuales puntualizan que la Ley Marco de Empleo Público no modificó ni derogó las competencias de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, del Organismo de Investigación Judicial y de la Defensa Pública, por lo que se deben adoptar las medidas para cumplir plenamente la indicada Ley.
Sobre esto, el Director Jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos, explicó que los 12.735 puestos que tiene la institución se encuentran inmersos en una relación de sujeción especial derivada de una triada normativa judicial, compuesta por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Estatuto de Servicio Judicial y la Ley de Salarios del Poder Judicial.
“Con esta legislación coexisten otras disposiciones normativas que regulan las relaciones de empleo en el Poder Judicial que le dan contenido al Principio de Independencia Judicial esencial para el Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia costarricense”, señaló Campos.
En esa misma línea, la directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta, indicó que luego de un análisis “se identificó que la totalidad de los puestos cumplen con las condiciones que les agrupa, y por ello se categorizan como exclusivos y excluyentes. Lo anterior, por cuanto en todos los puestos de la institución se reflejan los parámetros para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Judicial”.
En consecuencia, y para implementar la nueva Ley Marco de Empleo Público, el Poder Judicial ordenó a la Dirección de Gestión Humana ejecutar varias acciones tales como:
-Realizar los estudios técnicos y acciones necesarias para ajustar la metodología de clasificación y valoración de puestos del Poder Judicial a fin de alinearla a las disposiciones de la Ley Marco de Empleo Público, determinar una metodología de valoración del trabajo y determinar los grados en la familia judicial.
-Realizar los estudios técnicos y acciones necesarias a fin de construir la columna salarial de este Poder y definir los salarios globales de los diferentes puestos que integran la familia judicial.
-Ajustar el manual descriptivo de clases de puestos del Poder Judicial, conforme las disposiciones de la Ley Marco de Empleo Público.
-Ajustar los sistemas de pagos del Poder Judicial a fin de prepararlos para la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.
-Preparar los documentos técnicos necesarios para que esta Corte Suprema de Justicia pueda entrar a conocer y aprobar un plan de empleo público del Poder Judicial de mediano y largo plazos con fundamento en las disposiciones normativas que las regulan, los instrumentos de planificación estratégica y el conjunto de políticas institucionales existentes.
-Revisar las bases selectivas y pruebas específicas para alinear el modelo de reclutamiento y selección del Poder Judicial a las disposiciones de la Ley Marco de Empleo Público.
-Realizar las modificaciones necesarias para alinear la evaluación del desempeño, la capacitación y cualquier otro tema relacionado con las relaciones de empleo del Poder Judicial, en lo que fuere pertinente a las disposiciones de la Ley Marco de Empleo Público.
-Implementar las regulaciones del capítulo de gestión de las relaciones laborales contemplado en la Ley Marco de Empleo Público para toda la familia judicial, a partir de la vigencia de dicho cuerpo normativo.
-Coordinar con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica a fin de que se establezcan los mecanismos de coordinación y suministro de información necesarios para la plataforma integrada de empleo público, en el entendido de que la misma deberá contar con seguridad adecuada los sistemas de información del Poder Judicial.
La Ley Marco de Empleo Público fue aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa el 7 de marzo de este año.
