Aún cuando el Gobierno parece dar marcha atrás en su pretensión de recortar casi la cuarta parte del presupuesto de las universidades públicas, no deja de generar preocupación y perspicacia la realidad de los vínculos de la jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) con la educación superior privada, en particular con la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit S.A.).
No solo es la ministra Anna Katharina Müller Castro sobrina del fundador y actual presidente suplente de la Ulacit, Álvaro Castro Harrigan, sino que colocó en tres puestos de importancia de la jerarquía institucional a personas que provienen de laborar en esa universidad.
Desde la oficina de prensa del MEP se confirmó que en el puesto de directora del despacho de la ministra Müller Castro funge Teresita Cordero, quien según su propia página de LinkedIn, trabajó como directora de Transformación Digital en la Ulacit.
Otra exfuncionaria de la Ulacit que plantó bandera en el MEP es Ana Mariela Abarca, pues con la actual administración llegó a ocupar el puesto de directora de Desarrollo Curricular y, según su propia página de la misma red social, trabajó en la Universidad Latina —aunque no detalla en qué puesto— y se desempeñó como directora de Diseño del Currículum en la misma Ulacit.
También, desde el MEP se confirmó que en el despacho de la ministra funge como asesor legal el abogado Irving Mathews, cuyo padre, Marvin Mathews, ha sido abogado de Silvia Castro Montero, hija de Álvaro Castro Harrigan y actual presidenta de la empresa Ulacit S.A., particularmente, en una controversia que llegó hasta Sala I del Poder Judicial hace casi 20 años, precisamente, por su designación como rectora de la Ulacit.
“Puertas giratorias”
Cabe resaltar que la ministra Müller Castro y la presidenta de Ulacit S.A. son primas hermanas. Silvia Castro además formó parte de una deslucida “comisión de notables” que convocó la administración Alvarado Quesada.
La presidenta de Ulacit S.A. también es conocida por exabruptos, como cuando en 2018 en una red social aseveró que “no creo en los jerarcas de las universidades estatales porque me consta que constantemente incurren en la decepción, el tráfico de influencias y la corrupción, con tal de salvaguardar sus intereses personales y económicos”. Posteriormente, se retractó y se disculpó.
Castro Montero también en algún momento propuso que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) integrara el Consejo Nacional de la Educación Superior Privada (Conesup) y que un porcentaje del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se destinara a las universidades privadas.
Según la propia biografía de Castro Harrigan, disponible en el sitio de la Ulacit, el empresario es “fundador y primer presidente”, además de esa universidad, del Colegio Universitario Boston, la Universidad Metropolitana Castro Carazo y la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI). “Sus cuatro hijas y dos de sus sobrinos ahora dirigen estas instituciones”, apunta esa página.
Es notable que el rector de la UCI es Eduard Müller, hermano de la actual ministra y que Edgar Mora, exministro de Educación de la anterior administración, en su página de LinkedIn se identifica como profesor de esta universidad.
El legislador Antonio Ortega del Frente Amplio se refirió a un intercambio que tuvo con la oficialista Pilar Cisneros en el plenario y recordó que le solicitó que se refiriera, precisamente, a los vínculos de la ministra de Educación con las diferentes universidades privadas, “por medio de familiares cercanos”.
“Me parece lamentable que al día de hoy nadie, ni la ministra, ni el Gobierno, ni los diputados, ni ella (Cisneros), como vocera de la fracción, se haya referido al tema de estos vínculos, ni siquiera para aclararlos o ni siquiera para desmentirlos”, indicó Ortega.
Para el legislador se trata de un tema “preocupante” porque “ya hemos visto muchísimas veces en Costa Rica cómo los intereses privados deciden sobre los intereses públicos y sobre el financiamiento y los dineros públicos”.
Ortega recordó que “el propio presidente de la República ha señalado la necesidad de legislar en contra de las puertas giratorias o vínculos que puedan hacer que el trabajo o la gestión de algún jerarca pueda ser cuestionada o pueda o puedan interceder intereses privados”.
