El hecho de que, en febrero, el gobierno anunciara su intención de revivir el proyecto de construcción de un aeropuerto internacional en Palmar Sur de Osa, cayó como un balde de agua fría para muchas personas pobladoras de la zona, que ya en décadas pasadas se movilizaron contra ese proyecto y lo habían considerado enterrado.
Ese aeropuerto se construiría dentro de las localidades de Finca 9 y Finca 10, así denominadas como resabio de la presencia de la Compañía Bananera de Costa Rica (CBCR). Según explicó Ana Vargas, campesina vecina de Finca 9, entre ambas, suman más de 350 familias.
Vargas vive en ese sitio hace 20 años, y cuando se le pregunta qué es lo que más le gusta, sin prisa, pero sin pausa, responde que “lo que más me gusta es lo que tengo, mis animales, la tierra y que vivimos de ella, entonces para uno sería duro que construyeran un aeropuerto ahí y aunque ellos dicen que lo van a dejar a uno aquí… pero eso es un sueño, eso es para que uno se confíe”.
“La pura verdad —reflexionó—, quién sabe si es cierto que lo van a reubicar a uno. Yo le digo a mi compañero, él es un adulto mayor, ya yo vivo muy enferma, al rato van y nos meten en una cajita de fósforos: muéranse ahí”.
Añadió que “eso sería el castigo más grande para cualquiera de nosotros, que estamos acostumbrados a tener nuestros propios animales y vivir de ellos y andar al aire libre y todo eso, entonces eso sería durísimo”.
Abandono estatal
La localidad que albergaría al aeropuerto se ubica en el corazón mismo del Valle del Diquís, también conocido como el Delta Térraba Sierpe. Se trata de un sector que colinda al norte con la llamada Fila Costeña de montañas, al este con el río Sierpe, al oeste con el río Grande de Térraba y el Humedal Nacional Térraba Sierpe al sur.
Se trata de elementos geográficos que implican el problema de que se trata de un sitio ambientalmente frágil y propenso a inundaciones.
Como se dijo, fue en febrero que, durante una visita oficial, el gobierno anunció el proyecto. Durante un acto público, Rodrigo Chaves proclamó que “hay que construir 2.600 metros de pista en ese aeropuerto. Eso significa mucho más que un Airbus o un Boeing 737 aterrizando en el sur del país, eso significa ponerle turbinas al desarrollo socioeconómico, turístico de la región brunca”.
Sus apelaciones a la construcción de una suerte de tierra prometida no caen de todo en rechazo, la propia Ana Vargas recuerda que “antes hubo mucha oposición”, pero “hay muchos que están agüevados por motivo de las llenas (inundaciones), piensan que si nos dan plata vamos y compramos en otro lado donde no se llene, o tal vez nos van a reubicar donde no se llene. Pero yo les he dicho a muchos: si de aquí lo va a sacar el gobierno, no crea que le van a pagar un cinco, lo único que puede hacer es mandar a la policía y le tira todo a la calle”.
UNIVERSIDAD recorrió la zona como parte de una gira organizada por el programa Kioscos Ambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR. De acuerdo a una memoria editada por esa iniciativa, fue en 2004 que, por primera vez, se planteó el proyecto y, de manera tristemente memorable, cobró notoriedad cuando en el contexto de la campaña sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en 2007, Óscar Arias prometió a la población local “un lindo aeropuerto”.
En 2010 se creó la organización Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur, que luchó por varias reivindicaciones sobre la tenencia de la tierra, incluido el tema del aeropuerto, a lo que también se sumó la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Un año más tarde se realizó una gran marcha sobre ese tema y contra el proyecto hidroeléctrico Diquís y, en 2014, se dio la declaratoria de parte de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad a los cuatro sitios arqueológicos del Valle del Diquís, precisamente donde se encuentran estas fincas.
José Antonio Mora, coordinador de Kioscos Ambientales y quien ha trabajado en la zona durante más de una década, observó que el proyecto de un aeropuerto internacional en la zona de las fincas es “claramente un conflicto socioambiental”, y añadió que una de las principales preocupaciones de ese programa ha sido “el modelo territorial que se vendría a proponer a la zona, si se construye el aeropuerto, partiendo de un concepto que ya lo había dicho (el biólogo) Jorge Lobo y otras personas: de la guanacastización de Osa”.
Especificó al respecto que se trata de “el gran peligro de que un aeropuerto se va a convertir en el detonante de un desarrollo inmobiliario que finalmente va a transformar la dinámica económica de la zona” y que afectará a “toda esta matriz agraria de campesinos” quienes “se van a ver desplazados”.
Mora explicó que durante el gobierno de Laura Chinchilla “esta gente llevó mucho palo con el tema del aeropuerto”, pero luego, durante la administración de Luis Guillermo Solís, “sintieron como que la cosa se iba a calmar”, por lo que se percibió “cierta esperanza en que el Estado les iba a resolver” los problemas de tenencia de la tierra por medio del Instituto de Desarrollo rural (Inder).
Sin embargo, en 2017, la zona fue castigada por la tormenta Nate (que llegaría a ser huracán) y fue hasta diciembre de 2018 que la población local recibió ayudas del gobierno. “Entonces la gente dijo: aquí al Estado no le interesa nada”. Luego, durante la administración Alvarado “con la pandemia, esta gente la pasó bastante mal”, pues se cerró el mercado para la escasa producción más allá del autoconsumo de las familias.
Entonces, en un contexto de abandono y desesperanza, llegó la iniciativa del actual gobierno por revivir el aeropuerto.
Amenaza
Un serio problema que enfrentan las personas pobladoras del sector es la inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra. Básicamente, casi nadie tiene un título de propiedad sobre la tierra donde vive y trabaja.
Mora explicó que cuando, en 1984, la Compañía Bananera de Costa Rica (CBCR) decidió abandonar la zona, el Estado adquirió las tierras, pero “quedó un montón de gente viviendo, porque la bananera había construido sus cuadrantes, las bodegas de químicos, todo eso quedó, los puentes, la línea del tren y la gente no se fue”.
La administración Monge Álvarez, entonces, impulsó la creación de cooperativas que empezaron a funcionar en tierras propiedad del Estado. “Lo que yo no me logro explicar —lamentó Mora— es cómo estas cooperativas logran venderle las fincas al Banco Nacional y al Banco Popular y el Estado se ve obligado a volver a comprar las fincas por medio del Inder”.
Así, el dueño legal de todas estas fincas es el Inder, excepto Finca 9, que “tampoco me logro explicar por qué el dueño es Infocoop (Instituto Nacional de Fomento Cooperativo)”, pues “no es una institución con competencia en materia de tierras”.
Entonces, según explicó Mora, el Infocoop, por ley, debe vender la tierra al Inder, institución que también tiene obligación legal, según explicó, de arrendarla a los parceleros organizados bajo la figura de asociaciones de productores.
Es en este punto donde se suma a la lista de problemas un decreto firmado por la administración Chinchilla, que declaró de interés nacional la construcción del aeropuerto internacional. De acuerdo con el investigador, esa declaratoria ha incidido en una parálisis institucional en la zona del Inder, Infocoop, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y Acueductos y Alcantarillados (AyA).
El decreto establece que Finca 9 y Finca 10 deben pasar a manos de la Dirección Nacional de Aviación Civil, instancia que “ tiene que girar todo para la adquisición de las fincas, pero toda esta gente ha peleado y ha resistido y entonces no ha pasado, las fincas siguen siendo una del Infocoop y la otra del Inder, pero porque, en medio de que las tierras pasen a ser de Aviación civil, tienen que reubicar a toda la gente”.
En resumen, desde que se fue la CBCR, muchas de las familias que trabajaron esas tierras se quedaron en el sitio, la creación de cooperativas solo sirvió para alejar a esas familias de la posesión de esas tierras, y el decreto de la administración Chinchilla establece que Finca 9 y Finca 10, donde se construirá el aeropuerto, tiene que ser propiedad de Aviación Civil, para lo cual se requiere sacar a las familias campesinas.
Por ello, Mora consideró que la respuesta para impulsar económicamente la zona no pasa por un aeropuerto, sino “empezar por consolidar la tenencia de la tierra, pero, también, tiene que ser una actividad que promueva la producción local para la comercialización interna o para exportación, pero sí, definitivamente, seguir promoviendo el desarrollo agrícola”.
“Un negocio para los ricos”
Sonia Hidalgo vive en Finca 10 de Palmar Sur desde 1986. Relató que primero vivía en Finca 10, “en las casas de ahí de la bodegona, donde hacían todo los los químicos para cuidar el banano” y a finales de octubre del 86 se pasó, “nos dieron esta casa por motivos de que había una cooperativa de cacao donde trabajaba el señor mío y vivimos aquí, no recibíamos ni un salario, nada más la comida que daban algunas cooperativas de otros gobiernos, no había salario aquí, solo había la comedera que repartíamos frente de mi casa, ahí repartíamos todos los víveres que le daban para todos los asociados porque no había dinero”.
Una preocupación muy clara que expresó fue por obras como bodegas y demás asociadas a la construcción y operación de eventual aeropuerto. “Claro que afectaría mucho los manglares, ya no serían los mismos manglares, aquí ya están muy afectados debido a la siembra de piña, ya se ha secado. Ahora el manglar tiene como una enfermedad, como una pelota negra, que les da como un hongo”, dice al lado de una palangana de pianguas que recién pescó.
“Los manglares están maltratados y de ahí depende toda la diversidad de los animales, pues ahí se crían en el manglar, eso para que ellos vivan ahí, pasan bichitos a los ríos y mares, pero si eso se acaba… y es una gran barrera para los vientos”, ponderó.
Para la mujer, antes que un aeropuerto “lo que se ocupa es soberanía alimentaria, que un presidente se ocupe por los campesinos”.
Entonces afirmó que el aeropuerto “sería un impacto grande, cambiaría la forma de vida, más ahora que quiere quitar el gobierno los pozos que han tenido los campesinos por años. Es un negocio para los ricos, y como siempre he dicho: siempre esto es para el gobierno, ¿dónde están los más corruptos? Allá arriba y nosotros aquí abajo, ¿qué hacemos?”.
