La Comisión de Hacendarios aprobó un texto sustitutivo que le entrega el Consejo Rector del Fondo de Avales a tres representantes, el Ministro de Hacienda, y representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y la Oficina del Consumidor Financiero, un proyecto de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la entidad privada que agrupa a los tres bancos públicos y los 11 bancos privados del país.
De acuerdo con la diputada presidenta de la Comisión de Hacendarios, Ana Lucía Delgado, este cambio forma parte de la cuarta versión del proyecto de ley (expediente 22.144). El proyecto fue dictaminado con unanimidad por los 11 diputados.
El financiamiento del Fondo de Avales, dijo Delgado, provendrá de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El préstamo fue tramitado por Hacendarios en el expediente 22.214 con un contenido económico de $300 millones (alrededor de ¢186.300 millones, al tipo de cambio de hoy). Este préstamo aún debe votarse en el plenario.
Los avales son una figura de respaldo para los créditos de “personas físicas o jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales, de capital mayoritariamente costarricense y que atraviesen dificultades temporales de liquidez, como consecuencia de la pandemia del COVID-19”. El aval es una garantía del crédito, que se paga a favor de la entidad que les presta el dinero, en el caso de impago.
La jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, mencionó que las personas afectadas por la pandemia no pueden recibir los préstamos blandos que ofreció el Gobierno porque aún no existe el Fondo de Avales. Estas afirmaciones se dieron durante la última reunión de jefes de fracción, durante la cual la oficialista presionó para que se avanzara en el tema.
Con los cambios que hicieron los diputados, el Consejo Rector tendrá como funciones: “Determinar y aprobar la comisión por el uso de los avales; Definir el monto máximo de avales por cartera, cliente o grupo de interés económico (…); “Definir el monto de la operación crediticia avalada a partir del cual se requerirá, para el otorgamiento del aval, la aprobación del Consejo Rector”; Aprobar los presupuestos del Fondo de Avales”; aplicar sanciones y pagar, con el patrimonio del Fondo de Avales “una auditoría externa”, entre otras.
El proyecto establece que los dos representantes que provienen del sector privado serán nombrados “por el Consejo de Gobierno, a partir de dos ternas públicas que le serán presentadas, por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la primera, y la segunda, por la Oficina del Consumidor Financiero, las cuales deberán respetar el criterio de equidad de género”.
La medida de los avales es urgida por el Gobierno como parte de sus medidas de reactivación económica. La creación del sustitutivo recibió acompañamiento del ministro de Hacienda, Elián Villegas; según dijo la diputada del PAC, Nielsen Pérez (secretaria de la Comisión de Hacendarios).
La diputada presidenta, Ana Lucía Delgado, mencionó que aún falta un criterio de la Procuraduría General de la República sobre el proyecto de ley, antes de que pueda ser dictaminado.
Reglas para distribuir dinero las aplicarán prestamistas
Otro de los cambios que fueron destacados por los legisladores de la Comisión es que se definió una distribución de los recursos del Fondo de Avales por tamaño de la empresa solicitante (cambio que fue objetado por la socialcristiana María Inés Solís, argumentando que que el cambio se hizo “sin criterios técnicos”).
El nuevo texto de ley dice que el Consejo Rector mencionado anteriormente tiene que asignar los recursos del Fondo de Avales en manos de los intermediarios financieros del país (que incluye bancos, pero también fiduciarias, cooperativas y otras entidades supervisadas del Sistema Financiero).
Esa distribución del dinero se hará “de acuerdo con la participación de cada intermediario en el saldo de crédito al sector privado”, un dato que supervisa el Banco Central.
Pero serán los intermediarios financieros, los prestamistas, quienes fijarán “los montos máximos de avales por sectores de actividad económica, priorizando todas las actividades económicas por su nivel de afectación, de conformidad con informe técnico emitido por el Banco Central de Costa Rica”.
Es decir, los mismos prestamistas definirán la lista prioritaria de empresas que recibirán los avales. Los diputados propusieron tres reglas para este último paso.
El dinero será de 20% “para personas físicas o jurídicas que empleen más de 100 personas trabajadoras”, es decir, las empresas más grandes.
“Al menos un 40% para las personas físicas o jurídicas que empleen 30 o menos personas trabajadoras”, es decir, una empresa de tamaño pequeño. Y, “la proporción restante para las empresas que empleen entre 31 y 100 personas trabajadoras”, o sea, la conformación mediana.
Puede leer el nuevo texto sustitutivo a continuación:
