La Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José dirigió el pasado martes 20 de junio una serie de allanamientos en las oficinas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y en las casas de dos personas funcionarias de la institución, como parte de una investigación por supuestos actos de corrupción.
Así lo confirmó la oficina de prensa de la entidad, que además detalló que como parte de esta causa se investigan los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.
El allanamiento simultáneo, que requirió cerca de 30 agentes, tuvo lugar en Coronado, Moravia y Mercedes de Montes de Oca.
“Se investigan presuntas irregularidades ocurridas en el nombramiento de una persona funcionaria del INEC, quien, aparentemente, tiene una relación de matrimonio con la persona designada por parte de una empresa que vende servicios a dicha entidad para dar asesoría al Instituto”, puntualizaron.
La denuncia, a la cual tuvo acceso UNIVERSIDAD, señala a la coordinadora del área de Servicios de Información y Divulgación Estadística del mencionado instituto, María del Pilar Ramos y a la comunicadora Dory González, subalterna de Ramos por la contratación – aparentemente anómala- en propiedad de un productor audiovisual de apellidos Montero Ramírez.
El profesional, cabe mencionar, está casado con una mujer de apellidos Muñoz Umaña, quien labora en la agencia Interamericana de Comunicación y Publimark, desde donde -según la denuncia- asesora a ambas funcionarias en asuntos de relaciones públicas, tarea derivada de de un contrato servicios el INEC y la agencia que consta en los registros del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
Además, apunta que previo a la contratación de Montero, su esposa ofreció al INEC de manera gratuita -lo que no está permitido por la ley- la producción de una serie de audiovisuales “sin el consentimiento del representante legal de Publimark S.A.”.
“Se desconoce si las servidoras públicas Ramos Vargas y González Mosquera previamente reportaron a la Unidad de Proveeduria del INEC por escrito, sobre la regalía efectuada por la señora Muñoz Umaña, tampoco se tiene Información sl pidieron por escrito, un criterio a la Unidad de Asesoría Jurídica del INEC, sobre la conveniencia o no, de aceptar de una persona miembro del equipo proveedor, servicios gratuitos”, reza el documento.
A pesar de esta relación y de las regalías presuntamente intercambiadas, ni Ramos ni González se abstuvieron o inhibieron de intervenir en el proceso de selección del candidato Raúl Montero, lo que se señala, podría constituit una falta a la ética, al deber de probidad y un incumplimiento de deberes en la función pública.
Adicionalmente, en la sesión ordinaria del Consejo Directivo del 7 de febrero, el órgano discutió la denuncia -que había sido presentada además de en la Fiscalía, en la Contraloría General de la República.
Durante la reunión, Yorleny Brenes, auditora interna de la entidad dijo que se había realizado un análisis preliminar “considerando el costo-beneficio” en miras a una reunión con los abogados de CRG.
“La recomendación es realizar una valoración aunque se haya vulnerado una norma, se haya hecho algunos actos que eventualmente pudieran parecer hasta delictivos, en realidad a veces son omisión de por parte la Administración para precisamente cubrir ese interés público y dentro de esas valoraciones se está elaborando un solo informe bastante firme y contundente para que se tomen acciones a futuro para poder corregir estrategias de control interno o eventualmente un informe de responsabilidad, el cual trae precisamente costos a la institución y costos operativos importantes, aparte de que pueda afectar el clima laboral”, se lee en el acta.
“Lo primero es fortalecer el control interno institucional y determinar que en el interés público se cumplió y que no hay una afectación en donde se compruebe un acto ilícito en contra de las hacienda pública”, continúa.
Además, la funcionaria detalló que el informe posiblemente se dirigiría al mismo Consejo Directivo ante el cual estaba dando criterio, “precisamente por el tema de control interno, que es la línea que se defendería, porque el tema de responsabilidades es algo que se debe valorar muy casuísticamente porque afecta también la imagen institucional”.
En la sesión donde se hicieron estas coloridas consideraciones estuvieron presentes Ligia Bermúdez (presidenta), Laura Solís (vicepresidenta), Adrián Vargas (secretario de actas), Henry Vargas (director), Manfred Esquivel (director), Floribel Méndez (gerente), Elizabeth Solano (subgerente), Brenes Torres en su rol de auditora interna y Osvaldo Vindas, de la Unidad de Finanzas, además de un grupo de asesores del Despacho Carvajal y Colegiados.
