Una supuesta “orden judicial” fue la justificación que dio hoy el presidente Rodrigo Chaves al ser consultado sobre la detención policial de dirigentes de la protesta de vecinos de Hatillo por falta de agua, versión que fue contradicha por el Ministerio Público en la misma tarde de este miércoles.
Contrario a lo que dijo Chaves en conferencia de prensa ante una pregunta de Interferencia de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Ministerio Público informó de que no hubo orden alguna, sino un criterio sobre la posibilidad de detenciones ante una iniciativa de un alto cargo de la Fuerza Pública.
“El fiscal adjunto de San José, I Circuito Judicial, y jefe de la Fiscalía de Flagrancia de esa zona, Álvaro Montoya, informó de que el lunes recibió una llamada del señor Rodrigo Alfaro, jefe de la Fuerza Pública de San José”, empieza explicando la respuesta del órgano judicial.
Y aclara: “Este último funcionario indicó al fiscal adjunto que se estaban presentando bloqueos en el sector de Hatillo y consultó sobre la posibilidad de detener a esas personas con el fin de presentarlas en la Fiscalía de Flagrancia, a lo que el fiscal Montoya respondió que sí era posible”.
Y añade: “El caso se recibió y el Tribunal de Flagrancia rechazó la competencia en horas de la noche, ordenando medidas cautelares a las personas detenidas. En virtud de ello, el expediente será tramitado en la Fiscalía de Hatillo”.
Esta versión de la dependencia judicial deja sin fundamento la versión de Chaves, quien aseguró que el Ministerio de Seguridad tuvo que realizar las nueve detenciones por mandato judicial.
El Presidente aseguró que el Gobierno recibió la orden de “vaya y agarra esa gente y llévelos al Tribunal de Flagrancia”. “El ministro de Seguridad Pública tiene la obligación legal y constitucional de acatar las órdenes del Poder Judicial”, redondeó Chaves acuerpado por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien como siempre avaló todo lo que decía el mandatario. “Sería un delito”, dijo el ministro.
“¿Por qué me pone usted a pelear con el Poder Judicial por esa orden?”, dijo al periodista entre risas de burla y aludiendo a la UCR como patrono del reportero.
“El Ministro de Seguridad tiene la obligación legal y constitucional de acatar órdenes del Poder Judicial”, dijo sin cuestionar en esta ocasión esa supuesta orden, como ha hecho en numerosas ocasiones con decisiones que le son adversas emitidas por órganos de ese poder de la República.
Este medio consultó esta tarde al ministro Zamora si tiene alguna prueba o documento de la existencia de orden judicial alguna, pero al momento de esta publicación no había contestado.
La detención y posterior liberación, con medidas cautelares, ocurrieron tras las protestas que bloquearon la carretera de Circunvalación por faltantes de agua durante días en Hatillo, cantón central de San José.
El problema, sin embargo, se ha subsanado temporalmente, según el presidente de Acueductos y Alcantarillados, Juan Manuel Quesada, aunque ha advertido que las soluciones definitivas no serán posibles en este año pues incluye trabajos en la infraestructura.
