La Fiscalía General de la República desarrolla una investigación penal contra el diputado oficialista Wélmer Ramos porque supuestamente favoreció a la empresa Credomatic al levantarle una sanción de c12.000 millones que había ordenado la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), mientras él fue ministro de Economía en la administración pasada.
Ramos, diputado por Heredia, figura como imputado en la causa 18-00205-033-PE abierta sobre supuestos hechos del 2015, que no tienen relación con el caso del cemento chino, por el cual el legislador enfrenta otra denuncia penal interpuesta por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
La oficina de prensa de la Fiscalía confirmó la existencia del caso por supuesto prevaricato (cuando una autoridad pública toma decisiones contrarias a la ley) en el caso de la compañía BAC Credomatic, por el negocio de las tarjetas de crédito. Por ello el secuestro de documentos ordenado por la Sala Tercera y realizado esta mañana en Tibás, en oficinas de Coprocom, órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de Economía.
La respuesta de la Fiscalía omite mencionar el nombre de la empresa supuestamente beneficiada por Ramos, pero él confirma que se trata de la firma BAC Credomatic y rechaza los cargos. Asegura que solo actuó en consecuencia a un criterio de la Procuraduría General de la República del 2013 que consideraba que hubo vicios el proceso de Coprocom contra la compañía.
“Esto es tirar una cortina de humo. La Procuraduría dijo que el caso estaba nulo. La actuación del Ministro fue mínima, que solo procedió ante la recomendación escrita”, dijo esta tarde el diputado Ramos después de leer un documento recibido del órgano que funde como abogado del Estado. Agregó que la división jurídica del Ministerio también le había recomendado anular esa sanción.
El caso lo había mencionado el miércoles el diputado opositor Pedro Muñoz ante la actual ministra de Economía, Victoria Hernández. “Welmer Ramos, siendo ministro de Economía, anuló una resolución de la Coprocom en la que esta había impuesto una multa de más de ¢12.000 millones. Él anuló esa resolución, pero no ordenó que se enderezaran procedimientos, que se reabriera la investigación o una investigación nueva”, dijo el socialcristiano.
Victoria Hernández dijo ayer en la Comisión de Asuntos Económicos que la Procuraduría pidió esa decisión de Ramos: “Yo lo único que conozco es que hubo una recomendación de la Procuraduría General de la República en la que dijo que no era procedente el fallo (contra Credomatic). Después de ahí yo no tuve nada que ver con el tema y prefiero ni hacer alusión porque no conozco el contexto”.
Esta información trasciende un día después de que se conociera la decisión de la Procuraduría de la Ética Pública de denunciar penalmente a Ramos por supuesto tráfico de influencias en el caso del cemento chino.
Esta acusación provocó que el presidente Carlos Alvarado y los demás diputados del PAC pidieran a Ramos cumplir la promesa de que renunciaría en caso de que se comprobase falta alguna cometida como Ministro. El legislador herediano, sin embargo, se aferra al cargo con el argumento de que aún no se le ha probado nada.
La denuncia llega después de las conclusiones de una comisión de diputados del cuatrienio pasado, quienes pidieron a la Procuraduría evaluar si Ramos habría incurrido en irregularidades al impulsar la apertura del mercado del cemento. De estas gestiones de Ramos se favoreció el empresario Juan Carlos Bolaños (ahora en arresto domiciliario), aunque el exministro sostiene que su intención no iba a dirigida a ninguna empresa en particular, sino a beneficiar a los consumidores mediante criterios técnicos.
Ramos ofreció renunciar a su inmunidad, pero no a la curul y tampoco a la bancada oficialista integrada por nueve legisladores.
