El pasado 3 de febrero el Ministerio Público a través de la Fiscalía Adjunta de Impugnaciones presentó un recurso de casación contra el fallo 2015-1620, el cual absolvió “por duda” al expresidente Miguel Ángel Rodríguez de toda responsabilidad en el célebre caso ICE-Alcatel.
El documento fue presentado ante el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José.
Según un comunicado difundido el 9 de febrero por la oficina de prensa del Ministerio Público, ese fallo también absolvió a los otros seis imputados: Guido Sibaja, Joaquín Fernández, Edgar Valverde, Luis Adrián Quirós, Eliseo Vargas y Eduardo Fonseca.
El recurso de casación consta de 140 páginas en las que desarrolla la tesis de que “el voto del Tribunal de Apelación notificado al Ministerio Público el 09 de diciembre del 2015, fue ilegal, incorrecto e indebidamente fundamentado, al declarar ilegal el criterio de oportunidad aplicado a José Antonio Lobo”.
Héctor Chacón y Greysa Barrientos son los fiscales que presentaron el recurso y en él buscan en primer lugar que se anule el citado fallo 2015-1620, o bien que el caso sea de nuevo estudiado por el Tribunal de Apelación pero con una nueva conformación de jueces.
Saúl Araya, fiscal adjunto de Impugnación, explicó ese concepto del criterio de oportunidad quiere decir que en un caso en que se persiga a varias personas imputadas, se da prioridad en perseguir a quien tenga “mayor reprochabilidad”. Ello implica que no necesariamente se trata de quien se haya apropiado de más dinero, sino, en el caso ICE-ALCATEL, “a quien moral, constitucional y legalmente la sociedad le exija mayor comportamiento de probidad”.
Por ello desde un inicio el Ministerio Público concedió a José Antonio Lobo la calidad de imputado colaborador y su testimonio fue clave en que en primera instancia se condenara al expresidente Rodríguez.
Sin embargo, en diciembre pasado el tribunal de apelación consideró que Lobo no debió ser favorecido por el criterio de oportunidad y por ello es que ahora el Ministerio Público presenta un recurso de casación.
Araya añadió que la valoración sobre la legalidad de que Lobo fungiera como imputado colaborador corresponde, como de hecho se hizo, al momento en que el caso es sometido a los jueces de etapa preparatoria o intermedia del proceso. “El Ministerio Público entiende que el Tribunal de Apelación no puede hacer una valoración de lo que no le corresponde por procedencia”, subrayó.
Por su parte a través de su cuenta en Facebook el exmandatario se refirió a una conferencia de prensa que convocó el pasado 10 de febrero para “denunciar” lo que calificó como “la arbitraria persecución en mi contra” por parte del Ministerio Público.
Por esa vía, Rodríguez destacó que ya ha recibido dos sentencias absolutorias por unanimidad por parte de dos tribunales diferentes de apelación de sentencias.
Así, manifestó que “en contra del respeto a los derechos humanos de justicia pronta y cumplida, seguridad jurídica, limitación del poder punitivo del estado y del principio de la doble conformidad, pide el Ministerio Público que se me lleve de nuevo a juicio”.
Rodríguez -quien además se desempeñó como Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA)- sentenció que “me aplican pena de banquillo y quieren mantenerme en el asiento de acusado hasta mi muerte”, lo cual “es grave para la libertad en Costa Rica y una vergüenza frente a nuestra tradición de respeto a los derechos humanos”.
LARGO CAMINO
El Caso ICE-Alcatel se remonta al 2001, cuando el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adjudicó a la empresa francesa la instalación de unas 400 mil líneas de telefonía celular de tecnología GSM, llamad de segunda generación, por un monto de $150 millones..
Según la acusación planteada, esa empresa transfirió $14,5 millones a la firma de abogados Servicios Notariales Q. C., desde donde el dinero habría sido distribuido a las personas condenadas, incluido el exmandatario.
En abril del 2011 todos los imputados fueron declarados culpables y sentenciados, pero en diciembre del 2012 un tribunal de apelación anuló las sentencias por considerar que las causas ya habían prescrito y que una prueba proveniente de Panamá -relativa a movimientos bancarios- era ilegal. Tras una apelación de la Fiscalía, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó en el 2014 al Tribunal de Apelación volver a analizar el caso.
Así, en diciembre del año pasado el Tribunal de Apelación determinó la absolución de Rodríguez y los demás imputados, pues en esta oportunidad consideró ilegal el criterio de oportunidad aplicado a José Antonio Lobo.
En conferencia de prensa ofrecida del pasado 10 de febrero en su propia casa, Rodríguez afirmó que la noticia de que el Ministerio Público de nuevo apela su caso “desdichadamente no fue una sorpresa, en este largo periodo he aprendido que aun lo inconcebible es de esperar del Ministerio Público”.
Tras afirmar que “me han condenado a ser condenado”, el expresidente apuntó que “más que el sentimiento de dolor de estas últimas horas, ha sido sentimiento de preocupación y de vergüenza”.
Según dijo, su preocupación es por el sistema judicial costarricense: “Si lo que se pretende es que, para que una persona no acabe de salir de los tribunales porque es inocente, el Ministerio Público pueda mantenerlo para siempre haciéndoles acusaciones, no hay nada mas contrario a los derechos humanos”.
Añadió que tal proceder por parte del Ministerio Público “me da vergüenza hasta con mi tatarabuelo Castro Madriz”.
El expresidente subrayó que la sentencia que declaró su inocencia determinó que el criterio de oportunidad “puede ser revisado en el juicio, cuando se tienen todos los elementos”, tras lo cual reclamó que su caso “se ha manejado con acusaciones falsas y mentirosas del Ministerio Público: cómo me han llevado a la cárcel, cómo me han pretendido condenar”.
Rodríguez añadió que la declaración de Lobo “no es creíble”, porque “nada la corrobora, porque no hay nada que justifique lo que él dice de las reuniones en (el restaurante) La Casona y en esta casa”.
Por otra parte, el fiscal Saúl Araya subrayó que es parte de las atribuciones del Ministerio Público decidir la política de persecución penal, es decir, decide los límites de las acusaciones, los sujetos procesales o los colaboradores.
“El juez controla la constitucionalidad y legalidad del proceso, no puede exigirnos a quién usar y a quién no, o hacer una comparación entre las personas imputadas”, apuntó.
El funcionario se refirió a una de las consideraciones del tribunal de apelación, en el sentido de que en vista de que Lobo se se habría apropiado de unos $700 mil -más que los otros imputados-, sobre él recae una mayor reprochabilidad, “obviando que la otra persona tiene mayor investidura”.
Para el fiscal lo más importante del voto que absolvió a Rodríguez es que constituye “un problema para Costa Rica”, porque “discute la existencia o no del criterio de oportunidad de ahora en adelante, si tenemos que estar dispuestos a que los jueces elijan por el Ministerio Público cuándo se aplica la oportunidad, no podemos usar a nadie como colaborador si el juez no lo permite”.
Araya enfatizó que la ley faculta al Ministerio Público para decidir cuándo se usa una persona como colaborador y por ello sentenció que a partir del caso ICE-Alcatel la Sala III podría sentar un precedente “que echa por el suelo el criterio de oportunidad, que es una herramienta novedosa y provechosa para que personas vinculadas a organizaciones criminales se arrepienten y colaboren”.
Añadió que “lo más serio” es que el tribunal de apelación “dice que Lobo no puede usarse como prueba y luego entra a analizarlo; pero si no era admisible, no podía entrar a analizarlo”. Calificó ello como “un vicio muy serio de contradicción”.
Finalmente, Araya enfatizó que presentar el recurso de casación constituye “un deber legal, ético y moral” de la fiscalía.
Agregó que “el Ministerio Público no pude bajar los brazos ante una sentencia que tiene vicios que deben ser controlados por Sala III, si no lo hiciéramos estaríamos en deuda con la sociedad costarricense”.
