La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó al director de Bomberos, Héctor Chaves León, y tres autoridades más de esa institución por utilizar fondos de la caja chica para así cancelar el diseño de de una escultura, algo que no estaba contemplado en esta partida.
Se trata de tres hombres de apellidos Mora Montenegro, Chacón Morales y Alvarado Mesén, quienes fungen como director del jefe de Servicios Generales, director administrativo, y encargado del Área de Edificaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos, respectivamente.
A Chaves León, la Fiscalía le acusa de los presuntos delitos de malversación, influencia contra la Hacienda Pública, y falsedad ideológica. Adicionalmente, este ente le acusó por el delito de peculado pues se presume que este habría utilizado el vehículo institucional para uso personal.
En el caso de Mora Montenegro y Alvarado Mesén, la Fiscalía les acusa por los supuestos delitos de malversación, influencia contra la Hacienda Pública, y falsedad ideológica, mientras que a Chacón Morales solo por los dos primeros.
La Fiscalía cree que dirigieron acciones tendientes a lesionar el interés público y la Hacienda Pública, ya que, en apariencia, habrían instruido la contratación de ese artista, sin un concurso y sin que la administración tuviera la posibilidad de valorar más ofertas en el mercado. Se sospecha que lo anterior lo realizaron insertando información falsa en documentos públicos del Cuerpo de Bomberos.
La Fiscalía indicó que la pieza acusatoria se tramita bajo el expediente 21-000150-1218-PE y fue puesta en conocimiento del Instituto Nacional de Seguros (INS) y a la Procuraduría General de la República (PGR), el 05 de marzo anterior. Ambas instancias se encuentran dentro del plazo de ley, para informar si presentarán una acusación particular (querella) y si recurrirán o no a una acción civil resarcitoria, con la que reclamarían un monto económico por los daños y perjuicios sufridos.
Desde el año 2022se han hecho públicas una serie de denuncias contra Chaves por los supuestos delitos de peculado y tráfico de influencias que generaron investigaciones a nivel institucional y judicial, y que incluso fueron motivo de una ronda de allanamientos en las oficinas centrales de Bomberos, su Dirección de Tecnología, el hangar de la empresa Volar Helicopters S.A, una casa de habitación en Montes de Oca y una oficina de contaduría pública.
