Mediante un comunicado el fiscal general Carlo Díaz se refirió al caso de la bebé aún desaparecida Keibril Amira García Amador, de nueve meses de edad, y admitió que, contrario a lo informado días atrás por el propio Ministerio Público (MP), una denuncia recibida hace un año sobre el embarazo de la niña madre sí mencionaba la sospecha de que se trataba del padrastro.
Ministerio Público: PANI desde 2019 recibió “información que comprometía el bienestar” en la familia de la bebé secuestrada
Fiscalía sostiene que, a pesar de que recibió denuncias por el embarazo de la niña desde abril del año pasado, fue hasta que se reportó el secuestro de la bebé que se tuvo noticia de que un hombre mayor de edad estaba vinculado a los hechos.
El sujeto de apellido Casasola se encuentra en prisión preventiva y ya el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que en efecto es el padre de la bebé desaparecida desde el 9 de abril, cuando fue arrebatada a su madre de sólo 13 años de edad.
El pasado viernes, mediante un comunicado desde el MP se informó que la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil de Cartago inició una investigación penal ante una denuncia por el embarazo de la niña, que “involucraba a personas menores de edad en condición de víctima y supuesto infractor”.
En ese momento se informó también que tras la investigación realizada, el 20 de octubre se solicitó la desestimación de la causa, “petición que fue acogida por el juez, en razón de las circunstancias que rodeaban el caso”.
Pero ahora, Díaz reconoce que “luego se constató que, efectivamente, en la denuncia sobre los hechos presentada por un funcionario del Ministerio de Educación Pública, el 27 de abril del 2022”, se mencionó que “se sospechaba del padrastro de la estudiante”.
El Fiscal General añadió que una vez verificada esa “lamentable falencia”, y con el objetivo de que “no se repita en ninguno de los procesos que se tramitan y se tramitarán en el Ministerio Público”, tomó “de manera inmediata” medidas correctivas de acatamiento obligatorio para todo el personal del MP, para que “se cumpla rigurosamente con todos los protocolos de abordaje y atención de las víctimas de delitos sexuales, en resguardo de la integridad de estas personas”.
En lo que respecta al caso de la bebé desaparecida y la violación de su madre, “giré la instrucción de que se enrumbara la investigación en confirmar o descartar esa tesis, mediante la utilización de la prueba científica de ADN y cualquier otra que se considere oportuna”.
Dijo que además ordenó a la Inspección Fiscal investigar cuál fue la actuación de los representantes del Ministerio Público en cada una de las causas y así “determinar si hubo negligencia en la atención de este asunto, que amerite la aplicación del régimen disciplinario”.
No obstante, Díaz reconoció que “sabemos que no basta con encontrar el error, sino con que este no se repita”, y reiteró que “instruí a los fiscales adjuntos para que cumplan e implementen estrictamente los protocolos de actuación que ya existen, con el fin de que se garantice un abordaje correcto, certero y oportuno, en cualquier lugar del país donde se presente un hecho similar, protegiendo los derechos fundamentales de las víctimas, principalmente los de las personas menores de edad”.
También subrayó “la necesidad de que las fiscalías adjuntas con responsabilidad en estas materias supervisen de manera especial y constante la tramitación de este tipo de casos e investigaciones, que involucran a poblaciones altamente vulnerables”.
El Fiscal General reiteró entonces su “compromiso absoluto en la investigación respecto a la lamentable desaparición de la menor de edad y las agresiones sexuales en contra de esta adolescente madre, así como de todos aquellos casos de esta naturaleza”.
Prometió que “no escatimaremos recursos hasta poder establecer las responsabilidades penales de la persona o personas que resulten involucradas”.
