“En la fase de ejecución (de la pena) para nosotros hay una gran preocupación” dijo el fiscal General Carlo Díaz a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Esa preocupación se funda en la “deuda histórica” de la ausencia de regulación al respecto. Según explicó, el Código Procesal Penal actualmente regula “de manera muy somera” el delicado tema de llevar a conclusión las penas impuestas por diferentes delitos, cambiar a las personas sentenciadas de nivel penitenciario de atención o conceder medidas de ejecución o libertad condicional.
“Esta deuda histórica hace que la normativa que se aplica en ejecución de la pena esté en desuso u obsoleta y no se adecua a las necesidades actuales”, afirmó.
Díaz fue convocado para referirse a “la legislación y aplicación de la etapa de ejecución pena y beneficios penitenciarios vigentes, así como coordinación interinstitucional”, según la información oficial. Le acompañaron Mauricio Boraschi, fiscal adjunto y Carlo Montenegro, fiscal adjunto de Ejecución de la Pena.
Sin embargo, a pesar de ese vacío legal, Díaz apuntó sus criticas hacia el Instituto Nacional de Criminología, pues según dijo al ubicar personas encarceladas en el nivel de atención semi institucional -con lo cual pueden acceder a beneficios como una eventual liberación-, lleva a cabo una “invasión a una función exclusivamente judicial”.
Recordó que el sistema penitenciario tiene diferentes niveles de atención, como el nivel institucional que es esencialmente el encarcelamiento. El nivel semi institucional implica que “en algunos casos con condiciones se otorga libertad, a veces ir a pernoctar -actualmente los menos-, en otros llegar a firmar y en otros ni siquiera entran al sistema penitenciario”
Se quejó de que se trata de beneficios que “otorga el Instituto Nacional de Criminología sin informar a los órganos jurisdiccionales, jueces y juezas de ejecución, tampoco el Ministerio Público tiene conocimiento de que esas personas están con libertad anticipada”.
Tras informar que un estudio hecho por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) arrojó que “las personas ubicadas en nivel semi institucional reinciden mucho en cometer otros delitos”, detalló que ya presentó una acción de inconstitucionalidad, acogida para su estudio, respecto al trabajo de mencionado instituto.
Con ello volvió a retomar el tema del vacío legal, pues dijo que existe un proyecto de ley sobre el tema el cual criticó, pues según dijo mantiene las mismas potestades al Instituto Nacional de Crimonología, pero no fue capaz de precisar el título ni el número de expediente.
Ante una pregunta de la liberacionista Alejandra Larios, dij ono estar en desacuerdo con el monitoreo electrónico, pero “lo que nos genera preocupación es la oportunidad y calidad de los reportes que tiene que hacer la unidad encargada”, pues relató que cuando una persona ses detenida por incumplimiento de las limitaciones impuestas por ese monitoreo “pedimos informes y en esos informes viene múltiples incumplimientos que no habían sido reportados oportunamente”.
Posteriormente el socialcristiano Horacio Alvarado preguntó al Fiscal General su opinión de la iniciativa de unificar las policías, una idea que se propuso durante la administración Solís Rivera y que recientemente el presidente legislativo presentó a partir de una iniciativa elaborada por el exministro de Seguridad Fernando Berrocal y otras personas.
Díaz dijo que ello no es necesario, pero sí una mayor coordinación entre los diferentes cuerpos de policía: “tiene que existir un consejo de seguridad donde se coordine este tipo de acciones, resulta importantísimo un consejo de seguridad donde estén todos los actores y se hagan las coordinaciones necesarias”.
