El Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, desarmó a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que pensaban acribillarlo con reclamos por la lentitud en la investigación de sonados casos de corrupción en Costa Rica.
Los dejó con las preguntas guardadas sobre el desempeño del Ministerio Público (MP) en el trámite del escándalo de la Trocha fronteriza, o en el de las irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y en otros sonados casos de corrupción.
Las palabras de Chavarría más bien dejaron a los legisladores preocupados por la situación general del sistema procesal penal, pues les comentó las limitaciones de su despacho y las trabas en los procedimientos que dificultan las investigaciones para llevar a los delincuentes de cuello blanco ante los tribunales.
Entre esas limitaciones, el Fiscal señaló la carencia de funcionarios especializados, tanto en el MP como en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Añadió que existen formalismos “inventados” por los jueces y que dificultan las investigaciones y alargan excesivamente los procesos judiciales.
Debido a esto, la reacción de los diputados fue hablar sobre la posibilidad de plantear reformas al Código Procesal Penal, cambiar la distribución de recursos presupuestarios y usar indicadores de gestión, por lo cual acordaron convocar a otros actores para analizar el tema.
“Aquí nada hacemos, como lo dice el diputado (Jorge) Arguedas (del Frente Amplio), con estar investigando, haciendo estudios y pasando denuncias a la Contraloría y después al Ministerio Público, si el sistema no nos permite concluir en tiempo oportuno, si al fin de cuentas lo que estamos generando entonces es frustración”, apuntó el presidente de la Comisión, Mario Redondo (Alianza Demócrata Cristiana).
“¿Es un problema en el MP, un problema en los tribunales de justicia, qué pasa con los casos relevantes que han conmovido al país y que se han caído, hay un problema de gestión de los casos, un problema de interpretación de los jueces?”, son temas que hay que clarificar, según Redondo.
Chavarría afirmó estar preocupado por las investigaciones, la tramitación y el juzgamiento de los casos de corrupción, y aseguró que los tiempos no obedecen a dilaciones indebidas.
“Los jóvenes costarricenses que son fiscales de la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción hacen un gran esfuerzo, pero se insinúa constantemente con muy mala intención que están actuando incorrectamente”, reprochó el jefe del MP, al asegurar que es el primer preocupado por todo el contexto en que se dan las dilaciones.
Chavarría ofreció a los diputados su colaboración para reformar el Código Procesal Penal, ya que la reforma de 1998 “no ha servido para nada.”
“Es un proceso terriblemente formalizado, con procedimientos que ustedes o sus antecesores cuando aprobaron el Código no los aprobaron”, afirmó Chavarría.
Como ejemplo de los “inventos” de los jueces, el Fiscal mencionó el requisito de apertura de prueba.
“Un catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) o de cualquier otra facultad de Derecho que me diga dónde está la norma que obliga a hacer una apertura de prueba en la fase de investigación. (…) en casos de los que me están preguntando ustedes, hay uno en que hay 280 cajas repletas de documentos, referentes al gasto público, no son documentos privados, y entonces, hay que pedirle a un juez abrir esas cajas en presencia de todas las partes para un control del derecho de la intimidad de las personas, cuando son documentos públicos. Y si usted no la pide, los jueces le anulan esa prueba y no puede discutirla en el proceso penal”, criticó Chavarría.
Cuestionó que la normativa del Código Procesal Penal dice que la investigación es totalmente desformalizada, que el testimonio se recibe en juicio, no en la investigación, pero que los jueces obligaron a los fiscales a recibir las declaraciones formalizadas en la investigación y que obligan al testigo a jurar qué va a decir verdad cuando el testigo no tiene obligación de jurar ahí, y si no toman la declaración, no admiten la acusación o no admiten la solicitud de prisión preventiva o las medidas cautelares.
Otro ejemplo, según dijo, es la fase intermedia del proceso, en la que los jueces dan curso a apelaciones donde no hay tal recurso, y luego, para que señalen a juicio, tardan desde dos hasta seis años.
El Fiscal aseguró que toda esta situación se debe a un afán por proteger al imputado y su defensa, aunque sea en detrimento de las intervenciones. Afirmó que esto implica más tiempo y dificultades para determinar la verdad, y es un “verdadero martirio” llevar los casos hasta la acusación.
Chavarría consideró que algunas decisiones de los jueces han incurrido en un excesivo formalismo a partir de una concepción exageradamente garantista.
Entre otras falencias, señaló que los casos de corrupción sean atendidos por oficiales de la Sección de Delitos Varios, cuando, según dijo, se requiere de una policía especializada, que conozca las técnicas más modernas de investigación y todos los tratados internacionales.
SERIO
“Lo que está ocurriendo es muy serio, en un contexto tan peligroso como el de criminalidad organizada, en el cual el país está totalmente inmerso, y de criminalidad internacional, no podemos seguir como estamos. Tenemos que buscar mecanismos para mejorar la situación para posicionar al país frente a estos gravísimos fenómenos”, advirtió el jefe del MP.
Por eso, insistió en la necesidad de “revisar el nivel de respuesta procesal y de respuesta policial.”
Argumentó que el primer paso es tener funcionarios de carrera, y mencionó que, en ese sentido, ya se logró nombrar a más de 250 fiscales en propiedad (del total de 570 que hay) y el resto de la planilla está en proceso de ser nombrada.
Chavarría consideró que todavía hay deficiencias en la parte académica, pero indicó que se está haciendo un esfuerzo de especialización en la unidad de capacitación del Ministerio Público. Además, dijo que se está trabajando con el Poder Judicial en el desarrollo de indicadores de desempeño.
El diputado Arguedas se mostró asombrado al escuchar al Fiscal, e incluso le pidió disculpas pues dijo que llevaba una lista de denuncias sobre casos de corrupción que no se han resuelto y que creía que era por negligencia, pero que ahora se daba cuenta de que el problema está en todo el sistema judicial.
El legislador lamentó que, mientras a un muchacho se le condena por el robo de unas picaritas, no pasa nada con las denuncias sobre gastos de $60 millones y hasta $300 millones de compras inservibles en el Instituto Costarricense de Electricidad, y que, mientras tanto, los gerentes y los mismos que compraron siguen en sus puestos.
“Los amenazamos con llevarlos al MP; ante esta realidad será mejor dejarlos quietos, porque no pasa nada”, ironizó el diputado.
Arguedas concluyó que la situación es mucho más compleja de lo que se pensaba y que habría que empezar de cero para ver cuáles son los recursos que se necesitan y qué hay que cambiar para que los costarricenses recuperen la confianza en la administración de justicia.
En opinión de varios abogados consultados, expertos en la materia penal, hace falta hacer algunos cambios en la legislación pero no cambiar el Código, ya que no es en este que está el problema sino en ciertas interpretaciones, así como en los tiempos de los procesos y las agendas atiborradas de los tribunales.
Para el experimentado abogado litigante Rodolfo Montero Pacheco, es cierto que en este país es más fácil defender que acusar, por los tiempos y por las garantías que existen, pero eso (las garantías para la defensa) es algo que debe ser así en una sociedad democrática.
En su criterio, los tiempos de los procesos son los que hacen que parezcan excesivas las garantías para los litigantes y los defensores públicos. Los tiempos en que se cumplen esos procesos podrían ser mucho más cortos, sin necesidad de que esas garantías se violenten, afirmó.
“No es que existan excesivas garantías, lo que pasa es que estamos en un sistema colapsado, no solo por la cantidad de casos – y la Corte se escuda en eso – sino que hay inoperancia e ineficiencia dentro de la Corte”.
“La responsabilidad de resolver el problema propio de organización y administración le corresponde a la Corte. Es posible que pueda requerir de un poco más de recursos, y ahí entraría la Asamblea Legislativa para dotar de más recursos a la Corte, pero creo que lo que ha faltado es voluntad política para arreglar esto dentro de la Corte”, comentó Montero.
Control de tiempos
Alfredo Chirino, Decano de la Facultad de Derecho de la UCR, considera que el diseño del proceso penal de Costa Rica es similar al que se ha venido instaurando en los demás países de América Latina y no cree que esté equivocado.
Para él, lo que ha pasado es que hay ciertas etapas que han fracasado y debería haber una reforma legal, pero no de todo el Código.
Él añadiría una norma que establezca la duración del proceso con plazos ordenatorios, indicando las consecuencias procesales del incumplimiento de los plazos, y que esos plazos sirvan no solo para la fase preliminar y de juicio, sino también para la impugnación.
Chirino cree que cuando el Fiscal General se refiere al fracaso de la reforma, se está refiriendo más bien a ciertas etapas que fueron introducidas en la legislación procesal como resultado de la interpretación judicial y que no cumplieron la función normativa que se esperaba de ellas.
Puso por ejemplo la audiencia preliminar, que nació para limpiar y dar esplendor al proceso penal, de tal manera que los jueces de tribunales de juicio se concentraran en lo que era realmente merecedor de un juzgamiento, pero dijo que la audiencia preliminar no ha cumplido con esa misión debido a que los jueces de la etapa preliminar en principio elevan todo a juicio, tanto las causas que lo merecen como aquellas que no lo merecen.
Sin embargo, eso no debe llevar a decir que hay que eliminar la audiencia preliminar, porque eso sería convertir el proceso penal costarricense de nuevo en un proceso casi de acusación directa y que, en aras de una pretendida celeridad, se estaría reduciendo una cantidad de derechos al encausado para poder formular su defensa, lo que sería una pérdida grave, considera.
El catedrático admite también que dentro del procedimiento penal hay una fase muy larga de impugnaciones, al introducir el procedimiento de apelación de sentencia y después de casación, con posibilidad de reenvíos, los procesos penales en Costa Rica casi no tienen fin.
“Eso no da ninguna certeza a un encausado de que su sentencia vaya a quedar firme en algún momento. Me parece que ahí fracasamos, pero eso no venía en el modelo original de la impugnación penal costarricense. Eso fue producto de supuestos efectos de la sentencia del caso Mauricio Herrera contra Costa Rica, que obligó al país, según algunos de sus defensores, a introducir procedimiento de casación, cuando esa sentencia no impulsa eso”, dijo.
El jurista recalca que la audiencia preliminar se debería usarse para lo que es: descartar causas penales que no merecen ser conocidas en juicio, y que lo que vaya a juicio se tramite rápidamente.
Habría que introducir un control de tiempo al proceso, como se hace en Nicaragua, donde hay causas que se juzgan en 15 días.
Con solo introducir ese control legal en la duración de un proceso, las fases del proceso penal no se extenderían tanto tiempo, y las agendas de los jueces estarían sometidas a plazos perentorios.
Ante la enorme posibilidad de que eso pase, los jueces tramitarían las causas con mucha celeridad y el MP también, y el efecto inmediato sería el recorte de la duración del proceso.
Otro efecto sería que la fase de impugnaciones tendría límites, lo cual podría ser una solución inmediata a los problemas que señala el Fiscal, apunta Chirino.
Chirino también estima que la Fiscalía tiene recursos insuficientes para tramitar causas complejas, porque requiere de insumos técnicos, personal calificado y entrenado para el conocimiento de esos asuntos.
En cuanto a la formación jurídica de los abogados, estima que la exigencia de la sociedad a las facultades de Derecho es preparar un abogado de un perfil general, y no uno especializado, que es un problema interno del Poder Judicial.
Por ello, cree que la institución requiere que se especialice a las personas que se van eligiendo para que inicien la carrera judicial, la carrera fiscal, de la defensa pública y está en sus manos crear modelos en la Escuela Judicial para lograr esa especialización.
No obstante, sostiene que hay un problema porque la Fiscalía tiene pocos incentivos para que, una vez formadas, esas personas se queden, sino que buscan hacerse jueces, porque la carrera fiscal llega a un tope y las personas no tienen posibilidades de crecer dentro de una estructura jerárquica muy plana, mientras que sí pueden hacerlo en la judicatura.
“De ahí la importancia de crear una carrera de fiscal y creo que eso es parte de lo que don Jorge Chavarría tiene en mente dentro de su proyecto de dar autonomía al MP como una institución fuera del Poder Judicial”, expresó Chirino.
La responsabilidad
En criterio de Rosaura Chinchilla, integrante del tribunal de Apelación de Sentencia Penal en San José y coordinadora de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR, es cierto que hay un déficit en la formación jurídica, lo cual tiene que ver con la mercantilización que ha sufrido la enseñanza del derecho en el país, con los criterios de selección del MP y del Poder Judicial y, evidentemente, una promoción deficiente incide en el trabajo tanto de fiscales como de jueces.
“Pero de ahí a atribuir la responsabilidad por atrasos de cualquier causa o considerar que sea la legislación la que obstaculice el avance de las investigaciones, me parece que es una afirmación muy aventurada”, dijo Chinchilla a UNIVERSIDAD.
Añadió que, al contrario, en la Fiscalía se han creado unidades de trámite rápido y en el ámbito jurisdiccional tribunales de flagrancia. También, dijo que se puede ver una línea jurisprudencial, tanto de la Sala Constitucional como en la Sala III -que va en contra de una línea jurisprudencial de esos mismos órganos en el pasado- tendiente a flexibilizar garantías y a interpretar muy laxamente algunos requisitos legales.
Aun así, mencionó, muchas de las investigaciones planteadas por los fiscales, o no llegan a juicio o llegan mal, y terminan con resultados negativos para la Fiscalía y para la ciudadanía, lo cual revela ahí un tema meramente de personal, de la formación o del nivel de planteamiento de una teoría del caso que es deficitario, “pero yo no le atribuiría la deficiencia a la normativa”, indicó.
¿No es verdad que los jueces han inventado requisitos y procedimientos que no están en la ley, como el requisito de apertura de prueba en presencia del juez?
La respuesta de Chinchilla es que las normas sobre la apertura de la evidencia han existido desde hace más de dos décadas y tienen una tutela constitucional en virtud del derecho a la intimidad. Es decir, si usted decomisa celulares o computadoras, ahí hay resguardo de información privada que debe abrirse a través de la orden de un juez y en presencia de un juez, de manera que no es un requisito ni nuevo ni algo que no se conozca, ni que se esté inventando un procedimiento como para no preverlo.
“Si hay una correcta planificación de la investigación, si se sabe a qué puerto se quiere llegar, pues se seleccionan los medios adecuados para hacerlo; no comparto la crítica de que sea por la legislación que las causas duran mucho o no se tiene el resultado esperado”, expresó.
¿Si no es la legislación, cuál es la causa de la lentitud de los juicios en Costa Rica?
“Desde mi perspectiva – dice la jueza y académica – hay dos causas puntuales: una en la etapa inicial de investigación que está a cargo del Ministerio Público. Si yo no tengo una correcta formación jurídica, no sé cuál es la prueba esencial e indispensable, no se planifica bien la investigación y empiezo a pedir más de lo que necesito para demostrar un hecho, me amarro en mis propios mecates, por decirlo en expresión popular.
Por otro lado, otra causa está en las agendas de los tribunales ya en la etapa de juicio, pero las críticas que ha habido acá no están en la duración de los juicios, sino en la duración del caso desde que sucede el hecho hasta que se presenta la acusación, que es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público”.
