El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Fernando Cruz considera que las evidencias son cada vez más contundentes: hay una tendencia de dominar, avasallar y controlar no solo al Poder Judicial, sino a toda la estructura constitucional de la separación de poderes.
Las ácidas declaraciones del presidente Rodrigo Chaves tras su visita de cortesía —si es que se puede llamar así— a la Corte el pasado 20 de junio, no es un incidente aislado, sino que se acumula en un expediente de los últimos años, en el que están reformas legales como Empleo Público y Regla Fiscal.
“La pura verdad es que el Poder Judicial tiene siempre una muy vulnerable independencia”
Cruz ya venía haciendo observaciones en esa dirección, pero ahora se declara preocupado. Según el presidente de la Corte, hay que diferenciar entre las reformas necesarias y las críticas razonables, y lo que parece un esfuerzo sistemático por descalificar y atrincherar a los encargados de controlar y velar por la observancia de las leyes.
– Desde hace años usted declaró que se está afectando la independencia del Poder Judicial, con reformas como Empleo Público y la ley para el fortalecimiento fiscal. Con las declaraciones del Presidente ¿identifica una tendencia?
— Yo creo que esto hay que interpretarlo en relación con el cambio de las formas de poder en el espectro político costarricense. Hay una pérdida de la ideología, de los principios doctrinales que orientan la acción en los partidos políticos. Me parece incluso que no tienen claro qué es lo que entienden por independencia del Poder Judicial y la distribución estructural del poder en el Estado.
Creo que esto tiene que ver con una atomización de los partidos políticos, ninguno logra mayoría en el Parlamento, es una situación que se manifiesta cada vez. Eso hace que se busque tener más control sobre el otro poder, que es el Poder Judicial, y la institucionalidad en general. Hay una pretensión de tener mayor control, por eso dicen: los magistrados no deberían durar 8 años sino 4; quieren volver al modelo de magistratura que hubo antes de 1948, con magistrados electos cada 4 años, y que casi nunca se reelegían, eso significa un mayor control del Parlamento sobre el Poder Judicial.
Otra preocupación es la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que tienen mucha importancia en la persecución y la investigación de delitos funcionales y de corrupción, entonces también surge la posibilidad de “sacarlos” del Poder Judicial, y no se valora que se ubicaron aquí en los 70, por razones históricas, que tienen que ver con la inoperancia de la investigación policial de la época.
Sobre esto no hay fórmulas absolutas, pero me llama la atención que ante la existencia de tantos partidos que no llegan a una mayoría significativa, se quiere debilitar el Poder Judicial, porque es un polo muy fuerte, porque así hay más posibilidades de tener mayor control sobre él. La verdad es que el Poder Judicial tiene siempre una muy vulnerable independencia. Es un poder muy vulnerable.
¿Se ha reducido esa independencia con todos estos procesos, ley de empleo público, regla fiscal, leyes tributarias…?
—Claro, cuando uno ve la ley de fortalecimiento fiscal; ahí comenzó la discusión. Los diputados decían que el Poder Judicial no tiene por qué definir sus salarios, esa “república independiente del Poder Judicial” no debe ser así. Sin embargo, cuando los diputados le consultan a la Sala Constitucional, la Sala les dice algo que no se ha querido leer: que no pueden incidir sobre el Poder Judicial, porque requerirían 38 votos, y este proyecto no se puede aprobar si requiere 38 votos. La Sala hizo una operación de microcirugía jurídica para decir: sobrevive el proyecto con un procedimiento acelerado, pero quedan excluidas las leyes del Poder Judicial.
Pero el ambiente político ha cambiado mucho: después de que el Poder Judicial interpreta esa ley con esa lógica, la Contraloría me da una orden para que yo revoque un acuerdo de la Corte. Atentado más serio a la independencia del Poder Judicial no ha existido históricamente hasta ese momento: la señora contralora Marta Acosta le da una orden al Poder Judicial diciendo: usted tiene acatar esa ley como está, ignorando lo que dijo la Sala Constitucional. Cuando la contralora hace esto, lo hace porque el ambiente político se lo permite; en otras circunstancias, hace 20 años, no se hubiera atrevido un contralor a dar una orden al Poder Judicial y al Presidente de la Corte, bajo amenaza de ser procesado penalmente.
“Hay mucho de doble discurso. Por un lado, se dice que la división de poderes es muy importante, pero, por otro lado, se quiere tener control sobre los magistrados que se nombran y, eventualmente, tener jueces a la carta”
Entonces, todo esto está ligado. Viene la ley de empleo público, en la que hay una incidencia brutal sobre el Poder Judicial, porque se quiere que un Ministerio sea el que supervise y tenga preeminencia sobre el sistema judicial. Tampoco hubo ninguna sensibilidad en el Parlamento sobre este tema. Pero no solo eso, sino que la Sala Constitucional les dice que tiene 35 inconstitucionalidades y esas 35 inconstitucionalidades, en un segundo proyecto, las repiten, en menor escala. Creo que la Sala quedó muy acosada por esto, entonces hizo algo que es como enfriar todo, cuando dijo: como se insiste en los mismos argumentos de la primera, no nos pronunciamos, con excepción de las magistradas Anamari Garro y Ana María Picado. Pero ¿qué hizo el Poder Ejecutivo y Legislativo? Desoyeron lo que dijo la Sala y siguieron. ¿Eso es respeto a la independencia? Creo que no. Hay un debilitamiento en las instancias políticas con esto.
Ese debilitamiento que menciona, ¿está avanzando?
—En la ley de empleo público hay algo más. Se cree que la división de poderes está en los tres poderes clásicos, y no. La división de poderes es un principio transversal, que se ve en las autonomías, en la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué razón? La vivencia de la década del 40 nos llevó a querer una Constitución Política en la que nadie, ni el Presidente de la República, tuviera esa preeminencia.
Pero entonces, frente a una atomización del poder, aunque usted esté en el Poder Ejecutivo con muy pocos diputados, se quiere tener la posibilidad de una mayor incidencia en los otros poderes: Poder Judicial, universidades, instituciones públicas, etc. Es consciente o inconsciente, no sé, pero me parece que es como un vaivén en el que el poder político siempre tiene la pretensión de tener control.
Por eso es por lo que algunos diputados sienten que los magistrados son subalternos de ellos, porque como nos eligen, somos subalternos. Y la forma en que se refieren a nosotros, algunas veces, es con un desconocimiento de que este es un Poder de la República. Pero siempre lo he dicho, somos un Poder muy vulnerable, pueden hasta barrer con nosotros en muchos sentidos.
Ahora, qué pasaría si un gobierno —no este, sino cualquier otro— tuviera 38 diputados en su bancada. Bueno, no me puedo imaginar qué le puede pasar al Poder Judicial, si se estima que para la gobernabilidad yo requiero un Poder Judicial más dócil, o más sometido, o más silencioso… o más subalterno.
Lo que está diciendo es que este proceso no solo está afectando al Poder Judicial, sino a toda la estructura constitucional de la división de poderes.
—Sí, claro. Esto agregado a que el ciudadano común no está muy consciente de que la democracia se nutre de los equilibrios de poder, sino que cree que la democracia son las elecciones y el Presidente de la República, y se tiene la imagen de la persona fuerte, del líder que va a imponer orden a todos, y en realidad el Poder Ejecutivo puede poner orden, en pura teoría, dentro del Poder Ejecutivo, pero no a los demás poderes.
Estas manifestaciones del presidente Rodrigo Chaves. ¿Siente que es un intento de afianzar su propio poder a partir de debilitar otros poderes, en este caso, el Poder Judicial?
—No sé cómo calificarlo. Quizá le doy el beneficio de la duda, que no fuera su pretensión, pero, simbólicamente, cuando él viene, aunque dijo algunas cosas que nadie ha negado, cuando él las dice, es el líder fuerte que oye al pueblo y le dice al Poder Judicial: ustedes lo están haciendo mal. Como si él fuera nuestro superior.
Son cosas simbólicas muy importantes, no es lo mismo que lo diga un periódico o un ciudadano, a que lo diga el Presidente de la República, que para el ciudadano común vino a golpearnos la mesa, a decirnos: ustedes pónganse con Dios, porque si no, vamos a ver qué hacer. Porque hay una parte del discurso, una frase que me llamó la atención, dijo que cuando había espacios que se dejaban sin llenar, si la Corte no lo hacía, iban a venir de afuera, palabras más, palabras menos, eso fue.
¿A usted le preocupa, que sean solo declaraciones, o la dirección de esta tendencia?
—Sí, me preocupa. Primero, las reformas se pueden hacer, no hay nada inmutable. Pero lo importante es cómo se hacen las cosas, cuáles son los argumentos, las intencionalidades, de manera que conserve y tutele la independencia de poderes, en la que yo incluyo al Ministerio Público, para que tenga independencia y no esté bajo la férula del Poder Ejecutivo o el Parlamento
Es un tema que se debe analizar muy bien. Lo que me preocupa es querer hacer una reforma con una impaciencia y una celeridad inconveniente, y que en el fondo, lo que se quiera sea, ya no tanto la eficiencia, sino el control sobre órganos que tienen la función de controlar al poder.
Es normal que todos los que ejercen poder político quieran tener control, porque hay como una doble personalidad; por un lado, se dice que la división de poderes es muy importante, pero, por otro lado, quiero tener control sobre los que voy a nombrar y, eventualmente, tener jueces a la carta, en esto hay mucho de doble discurso.
Ahora, el Poder Judicial enfrenta procesos de cambio fuertes, ¿siente que esto genera un entorno complicado, un poco amenazador de los cambios que vienen?, porque habrá algunos que dirán, “es que se debe golpear la mesa, porque no están rindiendo”.
—Cuando se habla de la mora, el ciudadano cree que el juez no hace nada. Por ejemplo, un proceso penal a veces se prolonga porque la agenda de debates está colapsada a dos años plazo, por eso en un proceso, ya definida la acusación, se hace la audiencia hasta dos o tres años después.
Es un tema muy complejo, que requeriría que se hable y se haga como una disección, sin que yo quiera desconocer que es un problema. Pero en el derecho comparado, si lo ve internacionalmente, la mora es un problema serio.
Los cambios que vienen para el Poder Judicial, con este entorno, es un panorama complicado ¿Cómo van a enfrentar ese ambiente?
—Creo que los cambios se pueden hacer. El Estado de la Justicia, un informe que se hace porque nosotros nos sometemos a ese criterio, pero en el que no intervenimos ni definimos su contenido, destaca que el Poder Judicial de Costa Rica ha sido muy activo en los últimos 30 años promoviendo reformas y cambios, es más, la mayor parte de los cambios surgen del propio Poder Judicial.
Los cambios se pueden hacer si hay un meditado y reflexivo plan de reforma, con base en una interacción y coordinación entre poderes. Pero esto no lo vi en la ley de Empleo Público, lo que sentí ahí fue una imposición, sin la coordinación y, además, sin un modelo de derecho comparado, que es muy importante. Claro, hay que ver con quién se compara uno.
¿La discusión se está trasladando a criterios muy matemáticos, en los que la reforma debe ser lograr tantas sentencias, tantas reducciones, y no hay referencia a la calidad de la justicia?
—Sí, efectivamente. Volvemos al tema de la mora. Usted les fija cuotas a los jueces, un juez puede resolver, digamos, 30 sentencias por mes. Pero llega un momento en que, aun así, las 30 sentencias no son suficientes, el ingreso de casos es tan alto que no va a resolver eso sino en tres años, porque no puede tener más jueces.
Vea la contradicción: 63% de la mora judicial viene del cobro. Tenemos problemas de financiación; le pedimos al Parlamento que nos haga una tasa para poder financiar una cuestión tan abrumadora, para cobrarle a los bancos y financieras, y resulta que el Poder Legislativo no quiso aprobar la tasa.
Nos reclaman la mora hace 20 años sobre la Sala Constitucional, duramos mucho en acciones, dimos una solución, se puede resolver creando tribunales de amparo. Pero no hubo forma de aprobarlo porque a los diputados se les ocurrió que esos jueces que iban a ver los amparos debían ser designados por el Parlamento. Vea cómo el poder siempre quiere tener cuota de control.
¿Cuáles considera que son los cambios que se deben impulsar en este momento en el Poder Judicial?
—En esto yo tengo discrepancias con algunos compañeros. Me parece que es vital cambiar la estructura administrativa vertical que tiene el Poder Judicial y hacer una redistribución más horizontal administrativa. Pero no le veo voluntad a la Corte para hacer eso.
La otra reforma: a la mayoría de los magistrados no les parecía conveniente sugerirle al Parlamento el cambio en la elección de magistrados, porque estiman que es competencia del Parlamento. Yo creo que eso no es así, que como Poder de la República podemos sugerir cómo se debe cambiar.
El tema de la Fiscalía que está pendiente desde hace tiempo, ¿es necesario realizar cambios?
—Sí, claro. A mí me parece que hay una estructura demasiado vertical, seguro copia de la judicial. El fiscal debería tener el principio de concentración, de unidad y jerarquía, pero requiere de una reforma integral en la ley orgánica para darle más participación a órganos colegiados en la Fiscalía. Creo que en fiscalías anteriores se manifestó especialmente la inconveniencia de eso, aparte de que está la carrera fiscal, que es muy importante, para que la designación no se haga con criterios tan subjetivos, como se ha hecho. La designación de fiscales y su ascenso no responde a ningún criterio objetivo en este momento. Es voluntad del fiscal general, así lo hizo doña Emilia Navas con 38 nombramientos.
Pero ¿eso lo debe cambiar la Corte?
—Eso debe cambiarse. Ahora, sacar a la Fiscalía y el OIJ de acá… es un tema de estructura, de distribución de competencias políticas muy serio, hay que reflexionar muy bien, ver qué referentes se pueden tomar, y se puede discutir, lo cual supondría que, si el cambio se va a hacer, hay que ver por qué se va a hacer y cuáles son los objetivos de ese cambio, si va a mejorar la Fiscalía o no…
También le quería preguntar por la jurisdicción especial para el crimen organizado, que es ejemplo de un cambio que se aprobó, pero no camina
—Eso está pendiente porque desde hace varios años no hay presupuesto. La Corte propuso un proyecto, que tiene un costo, porque el crimen organizado es una delincuencia más sofisticada, pero no ha habido posibilidades por razones fiscales, no es responsabilidad de la Corte. Alguno diría que, haciendo milagros, se puede hacer algo. Creo que no se puede hacer una jurisdicción tan importante con las estrecheces presupuestarias que ahora tenemos.
