Andrés es un joven emprendedor que alquila la casa en que vive y el local en San Pedro donde tiene su negocio. Antes de que llegara la pandemia, pagaba $1.000 por el alquiler del local y cerca de $500 por su casa. Con los cierres ordenados como parte de las medidas sanitarias, su negocio, que recién despegaba, se vino abajo, pero sus pagos no.
El dueño del local en que trabajaba tiene varios edificios comerciales en San Pedro y Curridabat, además de apartamentos y una pensión. Al principio de la crisis aceptó la propuesta de varios arrendatarios de pagar solo el 20%, pero mes a mes fue insistiendo por aumentar el monto, así fuera en especie. “Luego nos echó los abogados, que nos dijeron que la Asamblea Legislativa no había dado resolución alguna y que por eso no tenía porqué hacernos ningún quiebre”, cuenta. El siguiente mes el dueño amenazó con cobrarse del depósito incluso los meses previos, así que Andrés se fue.
A pesar de que parece una falta hartera, esos abogados llevan razón. A más de cuatro meses de que se detectara el primer caso de coronavirus en el país y comenzaran los cierres de negocios, no se ha aprobado normativa alguna que aligere la carga que representan los alquileres de negocios y viviendas para miles de familias.
Esta situación generada por el coronavirus, aunada a la dificultad de acceso a la tierra que caracteriza al país se ha agravado tanto que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos plantea la posibilidad de cubrir alquileres como forma de garantizar el acceso a una vivienda (ver nota aparte: Mivah podría cubrir alquileres).
Según datos de la Fundación ProVivienda (Fuprovi) en Costa Rica 299.901 familias alquilan el lugar donde viven, lo que representa un 18,6% de los hogares costarricenses, mientras que el 70,9% de la población es dueña de su casa, aunque la siga pagando. El aumento en el desempleo y la reducción de ingresos que ha generado la pandemia ha afectado especialmente a las familias que rentan, pues no tienen sustento legal para reducir el pago de alquiler.
Las pequeñas y medianas empresas que alquilan también se han enfrentado a la crisis desarmadas. Decenas de bares, restaurantes, salones de belleza y cafés deben seguir pagando altas rentas a pesar de no poder funcionar, sea por el cierre absoluto o por la reducción del aforo.
Carlos, un pequeño empresario de Barrio Escalante, tiene que seguir pagando cada mes el millón de colones que le cobra su arrendador, aunque su restaurante esté vendiendo menos del 25% de lo que vendía antes del COVID-19, pues el dueño no negocia.
El tema no ha sido prioritario
En abril, un grupo de diputados y diputadas presentaron el proyecto de ley 21.927, una “Ley Especial de Pago de Arrendamientos y Subarrendamientos de Vivienda y Locales Comerciales por Emergencia Nacional, declarada por COVID-19” ante la Asamblea Legislativa.
El proyecto proponía que dueños e inquilinos tendrían que negociar “nuevos montos de pago de alquiler y cambios a las condiciones contractuales” si se podía demostrar disminución en los ingresos. Semanas después se aprobó un texto sustitutivo que en vez de “deberán negociar”, dice “podrán negociar”, dejando la bola en la cancha de los arrendadores, respecto de la posibilidad de reducir el alquiler. Desde que se aprobó el texto sustitutivo, no ha habido avance del tema en la Asamblea.
Durante las discusiones en el plenario, diputadas como la oficialista Carolina Hidalgo y la independiente Zoila Rosa Volio señalaron la urgencia del proyecto, especialmente ante el escenario de aumento del desempleo, la suspensión de contratos y la reducción de jornadas.
El especialista en derecho laboral, Manuel Hernández, indicó que es lamentable que no haya voluntad política de parte del Poder Legislativo en aliviar la carga de los alquileres, especialmente porque sí se han tomado “medidas extraordinarias y urgentes” que perjudican los ingresos de las mismas personas trabajadoras que pagan esos alquileres.
A través de las suspensiones de contratos y reducciones de jornadas, dijo, se han recortado los salarios, mientras se discute un proyecto de ley que “es un fraude”, pues para que un inquilino y un dueño negocien no se requiere ley alguna.
Hernández concluyó que la situación actual revela la necesidad de que se garantice el acceso a la vivienda como un derecho humano tal y como está reconocido en convenciones internacionales.
Jairo Aguilar, de la Unidad de Investigación de Fuprovi, indicó que es muy posible que la situación de vivienda en el país se complique en el futuro, pues la crisis económica aunada a la falta de normativa hará que las personas busquen alternativas menos costosas de vivienda, lo que implica que tendrán peores condiciones, y para quienes del todo no tendrán ingresos “el panorama es incierto”.
El especialista afirmó que es necesario que el Estado busque soluciones de vivienda más allá de garantizar casas propias a familias, por ejemplo, a través de construir o hacer convenios con la empresa privada para generar alquileres de bajo costo que permitan tener vivienda digna.
Según Aguilar, es necesario que las personas conozcan y actúen conforme a la ley, pues la poca regulación que existe no se conoce, por lo que se dan abusos. Finalmente, indicó que el Estado tiene que buscar la forma de establecer regulación en el precio de los alquileres, a través de zonificación y por condiciones de la vivienda para garantizar el derecho de las personas a la vivienda digna.
Mivah valora pagar alquileres
“El deber del Estado es garantizarle vivienda a las familias, no casa propia”, Irene Campos.
Daniela Muñoz Solano
Para atender el déficit habitacional que el país enfrenta en la actualidad y que muy probablemente se profundizará a raíz de la crisis causada por la COVID-19, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos deberá buscar “soluciones creativas”, afirma su jerarca, Irene Campos.
En entrevista con UNIVERSIDAD, Campos admitió que la pandemia y la consiguiente crisis económica complicarán la situación habitacional de muchas familias costarricenses, además de impactar las finanzas del Estado.
Ante esta situación, la ministra indicó que la institución se prepara para utilizar los recursos disponibles de la mejor manera, para que “rindan todo lo posible”, alcanzando a la mayor cantidad de familias en necesidad.
Campos explicó que el país tiene un problema de acceso a la tierra, que complica y encarece la construcción de vivienda de interés social, de modo que una de las alternativas es facilitar el monto de alquiler de viviendas, para que las personas tengan techo digno.
“El deber del Estado es garantizarle vivienda a las familias, no casa propia”, comentó la jerarca.
