El jefe de la bancada legislativa de Nueva República, Fabricio Alvarado, aseguró esta tarde que los medios de comunicación se enseñaron contra la exdiputada Carmen Chan, propulsora de la recién vetada Ley General de Acceso a la información pública y transparencia (20.799). Alvarado también se comprometió a “construir un nuevo proyecto”.
“Me parece absurda la forma en la que un sector de la prensa se ha ensañado en sugerir que la intención de la exdiputada de Nueva República que propuso el proyecto y de nuestro partido es hacer un daño a la libertad de prensa en Costa Rica. Me parece poco serio de parte de los medios que se han prestado para ese juego”, dijo Alvarado en un audio enviado a medios de comunicación, tras horas de que UNIVERSIDAD y otros periodistas solicitaran entrevistas y declaraciones sobre el tema.
“Estoy seguro de que la intención de los exdiputados que propusieron y votaron el proyecto, nunca fue hacer una “Ley mordaza”, como le han llamado algunos medios. Así las cosas, entraremos en un reposado análisis del asunto, pues creemos que el proyecto contenía elementos muy positivos para la población y mismos medios de comunicación”, afirmó el diputado Alvarado, quien destacó en el mismo audio que él mismo es periodista.
El proyecto 20.799 fue propuesto por la diputada de Nueva República, Carmen Chan, en mayo del 2018. Finalmente, se aprobó en plenario, en segundo debate, el 26 de abril.
Chan culminó su periodo como legisladora el pasado 30 de abril. Esta semana, la exdiputada inició labores como asesora dentro del mismo partido, funcionaria del despacho de la legisladora Rosalía Brown.
Esta tarde, el presidente Carlos Alvarado indicó el veto parcial de 8 incisos del artículo 8. Tres de ellos fueron solicitados por el Colegio de Periodistas, en razón de que “atentan directamente contra la libertad de prensa, ya que limitan el acceso a la información, entorpeciendo así el ejercicio del periodismo investigativo y el trabajo que realizan los medios de comunicación y los periodistas profesionales”.
Presidente Alvarado veta parcialmente Ley de Acceso a Información por inconstitucionalidades
“Genera un quebranto al orden constitucional y convencional del ejercicio de la libertad de prensa, la cual ha sido uno de los valores más importantes de la democracia costarricense a lo largo de la historia”, explica el mandatario en su último día hábil en el cargo.
“He sido informado del veto parcial (…) también del hecho de que al haberse vencido el plazo cuatrienal del proyecto queda automáticamente archivado, según el criterio técnico de quienes hemos consultado en la Asamblea Legislativa, en las últimas horas”, dice también el audio del diputado Fabricio Alvarado.
El legislador destacó que el proyecto aprobado contenía nuevos plazos de entrega de información, diferentes a los establecidos en la Ley de Jurisdicción Constitucional. El número de días para información requerida por ciudadanos bajaba de un máximo de 10 días hábiles a cinco; y 48 horas para requerimientos de prensa (que podían ampliarse a 5 días, a criterio de la entidad). La legislación omitió sanciones para su incumplimiento y establecía como requerimiento una reglamentación del Poder Ejecutivo.
“Obligaba a las instituciones a hacer pública información relevante, como los mecanismos y procesos de evaluación de desempeño de los funcionarios, planillas con salarios bruto, listas de subsidios, becas, donaciones, pagos de viáticos de funcionarios, entre muchos otros datos importantes. El país necesita una Ley de Acceso a la Información y Transparencia que responda a lo establecido en tratados internacionales, y nosotros seguiremos trabajando para que esto sea una realidad. Iniciaremos un nuevo proceso legislativo que, al igual que el anterior, tome en cuenta todos los criterios de todos los sectores, que al igual que nosotros están interesados que Costa Rica sea un país de acceso a la información pública y haya transparencia por el pueblo y la prensa”, afirmó Fabricio Alvarado a medios.
Nueva Ley de acceso a información impedirá que la prensa confirme si hay investigaciones contra funcionarios públicos
“Podría entrar la vía disciplinaria, si se está investigando a alguien. También la confirmación de la investigación: saber en qué etapa se encuentra, saber por qué la Administración Pública no ha dictado una resolución final. En la vía penal, la confirmación de parte del Ministerio Público de si está en fase de investigación y cuánto se ha avanzado”, explica la asesora del Proledi, Giselle Boza.
