El exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, aseguró que el proyecto aprobado en Asamblea Legislativa con aspiración a salir de la lista gris de la Unión Europea (UE) discrimina entre empresas nacionales y multinacionales al cobrar impuestos de renta violando el principio de no discriminación y de trato nacional de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
“Al proyecto crea dos regímenes, uno para las empresas nacionales y otro para las multinacionales contra el principio de trato nacional de la OMC que establece que se debe dar el mismo tratamiento de las empresas locales a las extranjeras que operan en el país para no crear discriminación”, comentó Rodríguez, quien sostiene esta debe ser razón para vetar la ley.
El artículo 1 del proyecto de ley establece una serie de cobros que se realizarían “únicamente sean obtenidos por una entidad integrante de un grupo multinacional”, sin embargo, el economista advierte que al no incluir una definición de “grupo multinacional” abre un portillo para que empresas se muevan a conveniencia para pagar menos impuestos.
Este podría hacer el “agujero en recaudación de impuestos” más grande con los años, conforme empresas optan por llevarse su capital fuera del país para pagar pocos o nada de impuestos por sus rentas pasivas valiéndose de la diferencia que realiza la ley.
“Estamos creando un mecanismo de elusión que puede ser aprovechado en el futuro por más empresas. Estar presionados con un proyecto de ley que crea nuevos problemas, no tiene sentido”, dijo Rodríguez.
El proyecto, ya aprobado, impulsado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y apoyado por Liberación Nacional (PLN), Nueva República (NR) y el Partido Liberal Progresista (PLP) ha sido ampliamente criticado por el Gobierno, además de ser rechazado por 19 organizaciones civiles entre las cuales hay representación productiva, cooperativa, agrícola, sindical y otras, argumentando aumentará la desigualdad en el país.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, estima una pérdida anual de impuestos de ¢9 mil millones, también señaló que esta ley sí libra del pago de impuesto sobre la renta a empresas demandadas por ¢21 mil millones en casos de evasión fiscal, aunque la diputada socialcristiana, Daniela Rojas, asegure que no será retroactiva su aplicación.
Grandes empresas como Lafise, Promérica, BAC San José, Durman Esquivel, Banco General de Costa Rica, GMC Costa Rica, Dos Pinos, Borge y Asociados, Banco Internacional, Banco Improsa, Reckitt Benckinse y Coca Cola han impulsado recursos contra el cobro de impuestos sobre las ganancias que obtienen en Costa Rica, pero que se lleva fuera del país.
Los mecanismos de elusión y evasión fiscal en Costa Rica le permitieron a las corporaciones sacar ₡3,7 billones entre el 2015 y el 2019, lo que convierte al país en el segundo de América Latina con más pérdida de impuestos por escape de capitales, según un estudio mundial de investigadores de la Universidad de Copenhague, California y Berkeley.
