El presidente Rodrigo Chaves calificó como “criminal confesa” a su exministra de Comunicación, Patricia Navarro, por haber grabado conversaciones de asuntos de gobierno y haberlas entregado al diario La Nación, que esta semana ha publicado una serie periodística sobre polémicas declaraciones del mandatario sobre contratos de comunicación y manejo de la pauta publicitaria estatal.
Un día después de haber presentado una denuncia penal contra Navarro y contra el periódico que Chaves considera enemigo suyo, el Presidente se refirió al tema por primera vez desde que se conocieron los audios el lunes pasado.
Ante ello, Chaves centró su defensa en cuatro puntos: fue ilegal lo que hizo Navarro, nada irregular se mencionó en esos audios, siempre ha sido transparente y el periódico ha hecho interpretaciones “con un tinte de morbosidad” para afectar al Gobierno.
El Presidente reaccionó en la habitual conferencia de prensa semanal de los miércoles, que hoy duró menos que en ocasiones anteriores. En ella dijo que Navarro violó el artículo 198 del Código Penal sobre la captura ilegal de conversaciones.
Sobre una referencia al empresario Christian Bulgarelli, quien redactó los términos de un contrato (pagado con $300.000 del BCIE a petición de la Presidencia) que acabó adjudicándose a su empresa, Chaves dijo que a él lo llevó la propia Navarro para que le ayudara en redactar esos documentos. “Yo no lo conocía y aquí nadie lo conocía” dijo Chaves, quizás sin saber que su asesor ad honorem en comunicación, Federico Cruz, ha calificado a Bulgarelli como amigo suyo. “Hemos hablado mucho y le pido consejo”, dijo en julio a este semanario, además de aceptar que un hijo suyo trabaja en la empresa de Bulgarelli.
Chaves destacó la decidió de divulgar el contrato tal cual fue aceptado por el BCIE, como lo anunció el martes, como una supuesta señal de transparencia. Incluso aseguró que cuestionó que para el contrato hubiera un solo oferente (Bulgarelli) y que pidió publicar la invitación en distintos espacios, aunque al final el contratado fue el empresario, a quien la ministra de Educación ha calificado como asesor de Gobierno.
Otras publicaciones basadas en los audios hablan de peticiones de Chaves para involucrar a Cruz en ese contrato y de solicitudes de Chaves para distribuir pauta estatal, incluida la de instituciones autónomas, para cumplir la “democratización de la pauta”, como le llama a la decisión de alterar el mercado de presupuestos publicitarios públicos para beneficiar a medios no tradicionales. Además hay otras referencias a “antojos” de Chaves y su despreocupación por los posibles efectos legales de la ruptura de contratos publicitarios.
