La idílica imagen de Costa Rica como país pacífico, sin ejército y ejemplo de tranquilidad para el mundo, está en la ruta de transformarse en todo lo contrario, ya que si no se contiene la actual crisis de violencia y homicidios, podría provocar que alcance indicadores para ubicarse entre los diez países no bélicos más violentos del planeta.
Así lo advirtieron dos exdirectores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y un viceministro de Seguridad, durante un conversatorio de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), titulado “Crimen Organizado, narcotráfico y desafíos de seguridad en la Costa Rica actual”.
La siniestra visión es compartida por Gustavo Mata, Rafael Ángel Guillén y el ex viceministro Álvaro Ramos, en el sentido de que no se aprecian señales de que amaine la crisis de violencia que se traduce en un incremento histórico en la tasa de homicidios y que, por el contrario, podría acelerarse en el próximo año, si no se toman medidas mucho más vigorosas que las que se han presentado a la fecha.
“En enero de este año dijimos: señores del Ejecutivo, si no invierten más en seguridad, en la prevención y la contención, terminaremos el año con 700 homicidios. Ya llevamos 786 y se proyecta que alcanzaremos 930. Y ahora decimos, señores del Ejecutivo, si no invertimos más en seguridad el próximo año, alcanzaremos 1.500 homicidios”, dijo Mata.
La urgencia de Mata fue compartida por Ramos, quien indicó que el crecimiento de homicidios en un 44% sería extremo en cualquier sociedad civil si se presenta en una década, pero Costa Rica lo registra en un año. “Esto nos lleva a tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes de 18 a 19 (alcanzó 12,6 en el 2022 y ya fue un crecimiento histórico), ya es una epidemia. Y si esto no se contiene, para el 2024 se superaría una tasa de 25, nos colocaría entre las diez sociedades más violentas del mundo, en las que no tienen conflictos bélicos”, expresó.
En una dirección similar se manifestó Guillén. “Si el próximo año no logramos detener esto, va a ser mucho peor que este 2023, la contabilidad de muertos va a ir en alzada”, dijo.
También fue de consenso entre los tres expositores el diagnóstico de que se requiere con urgencia de medidas más enérgicas de las ofrecidas por la actual administración, en particular con respecto a la necesidad de destinar más recursos a las organizaciones policiales.
“¿Cómo quieren que la policía se enfrenta a estos grupos criminales, que tienen acceso a recursos y a armas casi sin límites, con los escasos recursos que se les están dando?”, expresó Guillén, quien además reclamó que incluso se amenaza con vetar una iniciativa como quitarle al OIJ el pago de impuesto de valor agregado (IVA), por criterios fiscales.
En este tema, Ramos aseguró que no se pueden escatimar recursos en esta materia y que se requieren de decisiones más firmes. “Estamos sin contención, sin prevención y sin asignar los recursos necesarios a este tema, que es una epidemia. Si ni siquiera se le quiere aprobar un reajuste salarial a los policías de ₡7.500, ¿de qué forma pretendemos que se enfrentan a delincuentes de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo?”, afirmó.
Mata agregó en este punto que esta crisis de violencia -en la que se están rompiendo muchos registros, como la cantidad de víctimas colaterales- no se resolverá con colocar escáneres ni con cinco proyectos presentados por el Gobierno. “Hay que darles realmente más recursos a los policías, están viviendo en pocilgas, usando vehículos en malas condiciones, es necesario crear una auténtica política de Estado, una verdadera hoja de ruta elaborada con apoyo de expertos”, dijo.
El panorama que pintaron los exdirectores también luce sombrío. Mata destacó que se pasó de un modelo de criminales de los años 80 en el que la delincuencia común era la norma, sin mayor organización, a uno de crimen organizado, impulsado por lo que llamó “un tsunami de cocaína” que se avizoró desde años atrás. “Nunca esperé decir esto, pero en Costa Rica hay gente reclutando niños y jóvenes que abandonan las escuelas y colegios, y los enlistan como sicarios”, expresó.
Ramos hizo referencia a ese “tsunami de drogas”, pero especificó que el principal motor de los homicidios proviene de la guerra por controlar el mercado local de la marihuana. “Alrededor del 82% de los homicidios se relacionan con eso. Pero el problema verdadero es el tsunami que se viene con el fentanilo y las drogas industriales, cuando choquen por el control del mercado de drogas”, dijo.
Ramos mencionó también que a la presencia en el país de los dos carteles de drogas más peligrosos del continente, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, se debe sumar la presencia de unos cinco minicarteles en el Atlántico, que incluso están en condiciones de exportar a Europa por su cuenta, y de diez estructuras importantes en el Gran Área Metropolitana (GAM), por lo que se debe poner atención a la ruta que enfrentaron países como Guatemala y Ecuador.
Ante este cuadro complicado, Guillén indicó que se requiere de un gran debate nacional, ya que se deben impulsar acciones que van más allá de lo presupuestario. “Esto no termina ahí. Si por ejemplo se captura a delincuentes cada vez más connotados, hay que hacer campo en las cárceles; hay que soltar a personas que están detenidas, o construir más espacios”, acotó.
