El ex presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, y los cinco directivos suspendidos por el Consejo de Gobierno se pusieron este jueves a las órdenes de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, ante los cuestionamientos realizados el día de ayer en conferencia de prensa por parte del mandatario Rodrigo Chaves.
De acuerdo con la directiva Marta Rodríguez, tanto ella como el ex jerarca Álvaro Ramos, y los representantes de distintos sectores José Luis Loría (Cooperativismo), Maritza Jiménez (Solidarismo), Carlos Salazar (Gobierno) y Jorge Arturo Hernández (Empresarios), se apersonaron este jueves, pues asegura que no tienen nada que esconder. A ellos se les sumó el ex representante del Gobierno, Guillermo Hernández, quien participó en la aprobación del reajuste salarial para los empleados de la institución.
“Nos apersonamos. Nosotros no tenemos nada que esconder ni hemos cometido ningún delito. Más bien estamos poniéndonos a la orden de la Fiscalía para lo que corresponda, porque nos interesa que se aclaren las cosas. Queremos demostrar que no hemos actuado más que apegados al ordenamiento jurídico”, señaló Rodríguez.
Rodríguez indicó también que por el momento no se ha presentado ninguna denuncia contra ella ni las otras seis personas ante el Ministerio Público, y que aún no han sido notificados sobre su suspensión
Para este jueves estaban convocados a sesionar los nueve miembros de la Junta Directiva; sin embargo, esta no se realizó debido a la falta de quórum. Según confirmó la CCSS, se realizó una segunda convocatoria para este viernes por la mañana.
Denuncia penal
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles en conferencia de prensa la decisión del Consejo de Gobierno de demandar penalmente al ex presidente ejecutivo de la institución y cinco directivos por un aparente incumplimiento de deberes y conflicto de intereses relacionados con temas como la decisión de aprobar el reajuste salarial para los empleados, así como su oposición en cuanto a salario mínimo inembargable, entre otros.
Contra los cinco directivos también se ordenó la apertura de procedimientos administrativos, así como una medida cautelar de suspensión con goce de dieta durante el tiempo que se lleven a cabo dicho procedimiento administrativo.
«Consejo de Gobierno tomó una decisión de las más difíciles que ha tomado en las 32 sesiones desde que iniciamos labores el 8 de mayo. El Consejo de Gobierno, en vista de irregularidades claras, conflictos de intereses, y el potencial de delito penal, ha decidido suspender de sus cargos a cinco miembros de la Junta Directiva de la CCSS, abrirles órganos directores para la sanción administrativa correspondiente. Los estamos suspendiendo de manera inmediata como miembros de la Junta Directiva», indicó Chaves, quien además destacó que la decisión fue unánime.
«También estamos llevando a la Fiscalía General de la República para que a estas cinco personas, más el ex presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, para que hagan una investigación en la vía penal por los eventuales hechos delictivos en los que pareciera pudieron haber incurrido estas personas», agregó.
