Un estudio del Centro Internacional de Política Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA) concluyó que el decreto 44196-MSP-MICITT podría retrasar la implementación de la tecnología móvil de quinta generación (5G) por cuatro años en Costa Rica, además de aumentar los requerimientos de inversión y las tarifas en un 40%.
El estudio “Evaluación de impacto económico de la exclusión de proveedores de la red 5G”, desarrollado por los investigadores Emmanuel Argüello, Donald Miranda, Marco Otoya, Olman Segura y Leiner Vargas realizó un ejercicio de estimar los efectos del desarrollo de la tecnología 5G en Costa Rica sin ninguna restricción, y con el escenario a partir del decreto, que establece que los contratos para 5G en el país solo podrán ser ofrecidos por empresas de países que firmaron el Convenio de Budapest.
Esto deja por fuera empresas de países como China y Corea del Sur, en los cuales hay empresas líderes en las tecnologías móviles de 4G y 5G. En el caso de Costa Rica, gran parte de las redes de 4G se han establecido con contratos de la empresa china Huawei.
El estudio señala que la tecnología 5G no sustituye abruptamente las plataformas de 3G y 4G, sino que utiliza parte de estas infraestructuras, por lo que existe una inversión acumulada en los últimos años. En Costa Rica, debe considerarse que la empresa Huawei han construido sistemas sobre los que podría apoyarse la inversión para 5G, pero que según el decreto, no podrían utilizarse.
Los investigadores del CINPE calcularon que un escenario sin restricciones requeriría de una inversión de alrededor de $447 millones para los próximos cinco años, en tanto que incluir las restricciones del decreto del gobierno, firmado el pasado 31 de agosto, elevaría la proyección a $1.921 millones. Es decir, una diferencia de $1.474 millones en un período de cinco años.
El impacto en las tarifas también sería significativo, ya que según los escenarios desarrollados por el CINPE, los costos de operación, mantenimiento y administración para las industrias del mercado variarían en alrededor de un 40%, al pasar de $153 millones a $215, lo que debería reflejarse en las tarifas para lograr una rentabilidad. Los autores advierten, no obstante, que en este caso dependerá de las políticas de precios que adopten las compañías.
Adicionalmente, esta situación podría generar un retraso en la implementación de la tecnología 5G, extendiendo la duración de su despliegue en unos cuatro años.
“Estos retrasos, además de los costos adicionales financieros, pueden tener repercusiones en la competitividad del país y en la adaptabilidad de las industrias locales a las tendencias tecnológicas globales”, indican los investigadores, que estiman que el aporte de 5G al país podría ser de alrededor de $1.550 millones al Producto Interno Bruto (PIB) en cinco años, pero que las limitaciones del decreto reducirían ese aporte a $190 millones; es decir, $1.360 millones que se perderían por las restricciones a la competitividad.
Por sectores, el más afectado sería el industrial, seguido por el sector de Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC), y el sector comercial, con impactos estimados en $483 millones, $161 millones y $123 millones, respectivamente.
El estudio del CINPE también advierte que no se trata solo de un tema de tecnología y acceso a comunicaciones móviles, sino que tiene efectos también sobre el desarrollo nacional en diversas áreas. “Preocupa de sobremanera la exclusión de clientes en áreas rurales y en segmentos de menor ingreso relativo. La brecha existente en la actualidad podría ampliarse significativamente con nefastas implicaciones para las personas excluidas. Adicionalmente, la no implementación a tiempo (de la tecnología 5G) tendrá efectos de pérdida de oportunidades de inversión y empleo”, se refiere en las conclusiones.
