El Estado costarricense ha recibido por indemnizaciones del caso ICE-Alcatel casi $23 millones, cerca de un 30% más que el total de los registrado en dádivas de ese caso de corrupción, que llegó a $17,7 millones.
Los datos entregados por la Procuraduría de la República indican que el Estado ha percibido $12,4 millones por daño social reclamado en diferentes rubros de demandas civiles, por procesos abreviados de los imputados o por acuerdos.
A ellos se suman las indemnizaciones captadas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cercanas a $10,6 millones, lo que acerca el monto total a $23 millones, según el reporte dado el jueves por la Procuraduría, entidad que funge como abogada del Estado.
Estos beneficios superan en casi $5,5 millones los $17,6 reportados por premios o dádivas irregulares a personas del sector privado, a funcionarios públicos o a exfuncionarios que puestos altos dentro de la administración pública. Esos pagos eran parte de los ofrecimientos hechos por la empresa Alcatel con el objetivo de obtener ventajas en la participación como proveedor del ICE y adjudicarse una licitación millonaria en telefonía celular.
Esa licitación corresponde a un concurso que logró la empresa francesa después de que por vías ilícitas logró cambiar el mecanismo de compra que utilizaba el ICE y consiguió que la institución estatal diera el paso hacia la tecnología GSM, después de varios años en que solo se adquirían la tecnología TDMA a las firmas Lucent y Ericcson.
Las dádivas o sobornos se pagaron a miembros del consejo directivo, altos funcionarios y también a autoridades políticas, como se comprobó en procesos judiciales que comenzaron desde 2004, cuando estalló el caso por publicaciones en la prensa.
En esos procesos estuvo involucrado Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la República 1998-2022, quien fue absuelto en instancias judiciales superiores que analizaron su responsabilidad penal directa. Ahora, casi 20 años después de que tuviera que dejar el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), aún atiende el proceso judicial por la vía civil.
