El sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA), reconocido y premiado internacionalmente como una política creativa y efectiva de Costa Rica para conservar el ambiente, sufrió en 2020 la peor caída en más de una década en hectáreas incorporadas a este modelo de preservación de bosques en territorios que no son del Estado.
Así lo subrayó el Informe Estado de la Nación 2021 al referirse al programa financiado por el Estado para pagarle a propietarios de terrenos privados a cambio de que los conserven o desarrollen actividades productivas sostenibles, un sistema que fue galardonado en octubre con el premio Earthshot de la Royal Foundation del Reino Unido.
“En 2020 se contrataron 15.240 hectáreas menos que en 2019, lo que equivale a una reducción del 30%. Se trata de una de las cifras más bajas registradas desde 1997 (año en que inició el programa), únicamente por encima de las reportadas para 2000, 2001, 2002 y 2006”, señaló el Informe Estado de la Nación 2021.
Este es un reflejo de la reducción de recursos registrada en instituciones estatales y el consecuente freno a la inversión pública durante el adverso año de la pandemia. De esta manera el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) se redujo un 35,9%, pues pasó de ₡46.511 millones en 2020, a ₡29.834 millones en 2021.
A esto se adiciona el recorte de un 24% a los fondos otorgados al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) mediante la Ley de Presupuesto Nacional de 2021, señala el informe del Estado de la Nación presentado este martes.
“En el ámbito de la gestión ambiental, hay evidencia de erosión en las capacidades institucionales, que amenazan por vulnerar los logros en conservación y biodiversidad e incrementan los problemas para gestionar de forma adecuada y sostenible los ecosistemas”, indica el Informe.
Este es uno de los ángulos que desarrolla el reporte anual del PEN sobre el sector ambiental, que es sensible para el país y significativo en materia de imagen exterior, a pesar de que es parte de las áreas afectadas por la crisis fiscal y las medidas de austeridad impulsadas para contenerla.
“Por tercer año consecutivo, en 2020 se contrajo la inversión pública, luego de fuertes caídas en 2018 y 2019. Esta reducción fue aún mayor que la del consumo de los hogares y solo menor al de la drástica caída en las exportaciones de servicios, debido principalmente a la interrupción del turismo”, dice el Informe, en alusión a la actividad productiva más golpeada por la pandemia y más dependiente de los bosques para atraer clientes.
La caída estrepitosa en llegada de turistas a Áreas Silvestres Protegidas y la contracción en la recaudación del impuesto a los combustibles (debido a un año y medio de fuerte reducción de movilidad) agravaron el disponible de recursos para el sector ambiental, reconoció la ministra de Ambiente, Andrea Meza.
El programa PSA se financia con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, donde el 92% de los ingresos provienen del 3.5% de la recaudación del impuesto único a los combustibles, que es asignado vía el Presupuesto Ordinario del República y por tanto, sujeto a los recortes presupuestarios establecidos por Ley N°9635 sobre el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y por los recortes establecidos por el Ministerio de Hacienda debido a la pandemia, informó MINAE. De ahí el recorte de 33% de los recursos para Fonafifo en este 2021.
A ellos se suma la baja “estrepitosa” en el ingreso de turistas en el 2020, que casi fue nula entre mayo y septiembre, lo que impactó fuerte la visitación de las Áreas Silvestres Protegidas. En 2019 ingresaban en promedio 254.236 turistas por mes y en 2020 el promedio se redujo a 84.326 turistas, a pesar de un alto volumen en enero y febrero, y de una reapertura tenue en el último trimestre.
En el nuevo Informe del PEN indica que en 2019 un 24,6% del área de pastos y un 25,7% del área de cultivos provino de terrenos que eran cobertura forestal en el 2014. “Esto podría indicar un retorno de las presiones que se habían registrado en otras épocas”, advierten los investigadores, que también realizaron un ejercicio de predicción que resultó en que Costa Rica podría perder para el año 2025 515 kilómetros cuadrados de bosque, un 1,4% de la superficie actual, por la actividad agropecuaria.
