El sistema de macroevaluación educativa de Costa Rica no es “robusto”, “transparente” ni “confiable”, por el contrario se ha limitado a la aplicación de pruebas nacionales y está lejos de implementar las prácticas internacionales más efectivas en esta materia. Así lo señala el más reciente Informe Estado de la Educación publicado este jueves.
De acuerdo con el IX Informe del Estado de la Educación, desde la reforma curricular implementada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en 2012, los procesos de evaluación nacional han experimentado un retroceso significativo, caracterizados por constantes cambios metodológicos, cuestionamientos técnicos y obstáculos para articularse con los programas de estudio vigentes.
“El objetivo esencial de todo sistema de educación es mejorar el aprendizaje de la población estudiantil y en el contexto de la crisis del apagón educativo quisimos analizar la trayectoria y funcionamiento del sistema de macroevaluación como un factor determinante para alcanzar este objetivo. Nos encontramos un sistema históricamente reducido a la aplicación de pruebas con alta inestabilidad y deficiencias en todos sus componentes”, afirmó la investigadora del Informe, Katherine Barquero.
Asimismo el Informe concluyó que cada cambio de gobierno se traduce en potenciales modificaciones a los objetivos y funciones de la macroevaluación. Esta ha sido la dinámica de la anterior y actual administración, pero no han sido las únicas.
Por ejemplo, en el año 2019, la administración Alvarado Quesada eliminó las Pruebas Nacionales de Bachillerato y las sustituyó por FARO, las cuales se aplicaron una única vez en 2021, pues fueron eliminadas en 2022 por cuestionamientos técnicos.
Un año después, ya durante la administración Chaves Robles, las autoridades establecieron la Prueba Nacional Estandarizada. Esta última fue aplicada en abril de este año, y su segunda aplicación será en el mes de noviembre.
En 1974 y 1985, por su parte, las autoridades adoptaron un enfoque normativo en la política de educación, en lugar de uno evaluativo.
“Si consideramos todas las interrupciones en la evaluación de los aprendizajes a nivel nacional a causa de las decisiones de las administraciones de turno, acumulamos cerca de dos décadas sin información alguna sobre qué aprendieron las personas estudiantes. Para la política pública, esto es un obstáculo de innovación y progreso, en general, para la mejora educativa”, señaló Barquero.
MEP es juez y parte
El Noveno Informe del Estado de la Educación destacó también que las mejores prácticas de macroevaluación educativa a nivel internacional proponen independizar las instancias que evalúan la política educativa de los ministerios de educación.
Esto no sucede en Costa Rica, donde la macroevaluación educativa siempre ha estado dentro del Ministerio de Educación Pública (MEP).
De acuerdo con los investigadores, la creación de agencias especializadas en diseñar y aplicar el proceso macroevaluativo, con independencia técnica y política, fortalece la rendición de cuentas sobre los resultados y aminora la inestabilidad en la política educativa por el cambio de gobiernos.
“El MEP es juez y parte. Debido a esta simbiosis, los procesos de evaluación se han caracterizado por su vulnerabilidad e inestabilidad en momentos críticos para el sistema educativo cuando más necesitaba de información exacta y de alta calidad para mejorar los desempeños educativos. Pero, ningún jerarca querría evidenciar que su gestión no ofrece los resultados esperados”, mencionó Barquero.
En el caso del país, más específicamente, desde el 2007 la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad está a cargo del desarrollo, aplicación y evaluación de las pruebas nacionales.
Esta Dirección depende financieramente de la partida destinada a los procesos de gestión y evaluación de la calidad, que es la menor de todos los presupuestos del MEP. Entre 2019 y 2023 dicho rubro ha representado, en promedio, un 0,17% del presupuesto total del MEP (cerca de 3.589 millones de colones).
“Se resalta la urgencia de definir una entidad competente y financieramente estable que asegure el rigor técnico, continuidad, innovación e independencia necesaria para garantizar la calidad del sistema de macroevaluación y el alcance de sus objetivos a largo plazo”, sugiere el Informe.
Actualmente, países de la región como Chile, Perú, Uruguay y Colombia poseen sistemas de macroevaluación educativa que funciona con algún grado de independencia.
Finalmente, el Informe arrojó que el MEP hace poco uso de los resultados de las pruebas nacionales e internacionales para desarrollar acciones y políticas que mejoren la calidad de la educación en Costa Rica, y que su enfoque ha estado más en aspectos logísticos y elaboración de informes.
