La instalación de una planta de producción de asfalto de la empresa Quebradores Río Frío S.A. en un sitio ubicado en la zona de protección del río Virilla y de recarga acuífera ha generado malestar entre la población de Santo Domingo de Heredia y el Concejo Municipal ya solicitó al alcalde acudir a los tribunales para anular el permiso de uso de suelo.
Más de 8.000 firmas de apoyo ha recolectado en línea el Comité por la Conservación de la Cuenca del Río Virilla, conformado por vecinas y vecinos de Santo Domingo, en contra del establecimiento de la industria. La planta se ubica en un terreno adyacente a la carretera Braulio Carrillo (Ruta 32), a unos 500 metros al este de la Casa de Doña Lela, en un terreno localizado a unos 150 metros ladera arriba del río Virilla.
Según explicó Patricia Rodríguez, integrante de ese Comité, una de las principales objeciones al establecimiento de la planta se fundamenta en que el Área Rectora de Salud calificó la actividad según su riesgo como tipo A. De acuerdo con el Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud, esto significa que se trata de “riesgo alto”, una calificación con la que se designa a “aquellos establecimientos que, por las características de las actividades que desarrollan, pueden presentar un riesgo sanitario y ambiental alto, lo que podría eventualmente afectar la integridad de las personas y el ambiente”.
Rodríguez también apuntó que, si bien el cantón de Santo Domingo no cuenta con un plan regulador, “de acuerdo a la zonificación de la GAM (Gran Área Metropolitana) no se trata de una zona industrial, sino que es una zona agrícola”. A lo cual añadió que la reglamentación vigente especifica que una actividad industrial de este tipo debe desarrollarse en un terreno con un área no menor de cinco hectáreas, mientras que toda la información disponible apunta a que la empresa la desarrolla en una superficie menor.
Ese hecho constituye el principal cuestionamiento que se hace al permiso de uso de suelo que la empresa recibió en 2016 y es la causa por la cual el pasado 29 de setiembre el Concejo Municipal, mediado por la presión popular, aprobara un dictamen de su Comisión de Asuntos Jurídicos, para solicitar al Alcalde Roberto González que plantee un juicio por lesividad contra la empresa.
Esa figura jurídica es la que una autoridad administrativa, dígase la Municipalidad de Santo Domingo, plantea ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en el caso de Costa Rica, con el objetivo de lograr la anulación de una resolución favorable a un gobernado, que se considera fue emitida de manera cuestionable o ilegal.
La activista también destacó que “el río Virilla es influente de todas las aguas subterráneas, cualquier riesgo con esa inclinación topográfica hacia el Virilla, incide en que también el agua de San José se va a contaminar”.
La planta ya entró en funcionamiento y tramita permisos de comercialización para poder vender el asfalto.
“Camino correcto y ajustado a derecho”
Consultado al respecto, Manuel Enrique Hernández, secretario y representante de Quebradores Río Frío, confirmó que la planta entró en funcionamiento el 22 de setiembre y detalló que se trata de un modelo portátil de diseño alemán Ammann Prime 140, “de última generación, lo que significa que cumple con las normas europeas en cuanto a la emisión de gases contaminantes”.
Mediante un escrito autenticado por su abogado Santiago Araya, señaló que la normativa ambiental vigente les obligó a construir fosas destinadas a contener cualquier tipo de derrame.
Hernández también se refirió a la calificación de riesgo tipo A y aseveró que el funcionamiento de la planta “no afecta la integridad de las personas ni del ambiente porque los efectos que eventualmente podrían producirse quedan confinados dentro de la propiedad”. Destacó además que la empresa cuenta con viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Aseveró, asimismo, que en el punto donde se localiza, “no hay presencia de mangos acuíferos (sic) y las características geomorfológicas de la zona no permite establecer o definir que ésta sea un área de recarga de mantos acuíferos”, según el estudio hidrogeológico que la misma empresa contrató, como parte de los trámites para lograr el permiso de ubicar en el sitio un tanque “para la materia prima de la mezcla asfáltica”.
Tras conocer la decisión del Concejo Municipal de solicitar la interposición del juicio por lesividad contra la empresa, el abogado Araya manifestó que el gobierno local “ha venido dando palos de ciego” y que, por ello, “no ha tenido éxito en todos los obstáculos que le ha puesto a la empresa, que ha seguido el camino correcto y ajustado a derecho”.
Añadió que la decisión del Concejo se dio “sin sustento jurídico y cuatro años después” y citó que ya el Tribunal Contencioso “en resolución reciente dijo que no solamente está vigente, sino que fue la base para otorgar el posterior permiso de construcción de la planta de asfalto, así como del sinnúmero de permisos necesarios para operarla”.
Por ello, consideró que la decisión de reclamar la lesividad obedece “a una presión de hecho (no de derecho) de un grupo de vecinos que sin argumentos formales lanzan una serie de cuestionamientos falsos”.
También manifestó que el plazo para reclamar esa lesividad era de un año a partir del día en que se otorgó dicho uso de suelo en 2016, según la Ley General de la Administración Pública. “Esta decisión se ampara en un desafortunado y errado criterio del asesor legal del Alcalde, contrario al criterio del asesor legal del Concejo, a quien han descalificado para impedir que opine sobre el tema”.
Historia inconclusa
La aprobación del dictamen en el Concejo Municipal generó malestar entre los vecinos organizados, pues según detalló el regidor Gilberth Rodríguez, del Movimiento Avance Santo Domingo (MAS), “faltó incorporar la necesidad de que se haga una investigación sobre el error que nos tiene metidos en este problema”.
Dijo que el otorgamiento en 2016 del permiso de uso de suelo a la empresa “jamás debió haber ocurrido”, e insistió en que se trata de una zona de protección especial y de recarga acuífera, además de no ser un área industrial según la Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana (Prugam).
Reconoció que la Municipalidad ya ha hecho algunos intentos para revocar ese permiso, incluso se gestionó un órgano director, pero “se hizo tan mal que la Procuraduría, primero, y luego el Tribunal Contencioso Administrativo lo anuló completamente por cuestiones de forma”.
Detalló que la Procuraduría General de la República (PGR) manifestó que el órgano director estaba viciado de nulidad porque quien lo solicitó fue el alcalde anterior y en realidad esa potestad corresponde al Concejo Municipal.
“Lo que hacemos ahora -aseveró- es hacer frente a las consecuencias de una decisión que, de acuerdo con el dictamen técnico legal que nos da ahora la administración, existe la posibilidad de que haya habido algún acto de corrupción o un error administrativo y ese tipo de error, para sentar precedente, debería ser investigado para sentar responsabilidades”.
