La Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional exigió al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) excluirla de la lista de organizaciones supuestamente consultadas para la confección de una nueva lista de especies naturales sujetas a explotación, pues los expertos académicos aseguran no tener indicios de ninguna comunicación de parte de la entidad gubernamental.
Además de desmentir la aseveración de Incopesca, que en el acuerdo publicado en marzo en La Gaceta dice haber consultado a expertos como los de la Universidad Nacional, las autoridades del centro académico califican esa lista como “una seria amenaza a las poblaciones de fauna y flora del país” y un retroceso a la normativa ambiental de “la Costa Rica de 1970”.
La carta dirigida a Incopesca la firma Ángel Herrera, director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, y se refiere a la lista publicada en marzo y denunciada la semana pasada por la diputada Kattia Cambronero, además de ser objeto de un recurso de amparo del diputado Ariel Robles, pues coincide en señalar el perjuicio por la inclusión de 200 especies de flora y fauna en la lista de “interés acuícola”, incluidos tipos de tortugas, iguanas y corales.
“Al parecer personal del INCOPESCA hizo consultas a entes colegiados, que de una u otro manera participan académicos de la UNA, pero direccionadas temas de las especialidades y no se tenía claro el contexto, por tanto, al no tener la UNA consulta oficial directa, agradecemos nos borren de tal ‘considerando’”, dice el oficio de Herrera.
En la carta aprovecha para manifestar la opinión sobre la nueva decisión de Incopesca: “se abre así una connotación nueva y altamente peligrosa, que permite a comerciantes y especuladores el negociar organismos ecológicamente muy frágiles, y llevarlos incluso a su extinción, como ha sucedió con el pez sierra o con algunas poblaciones de sardina”.
Esto porque, según Herrera, el acuerdo de Incopesca incurre en una confusión “o una intención directa” entre “lista de interés acuícola y “lista de interés pesquero, lo que hace que “los organismos incluidos pasan a ser objetivos directos de actividades pesqueras”, de posible explotación comercial.
