El próximo presidente de Costa Rica deberá, sí o sí, negociar ampliamente con el parlamento gracias al diseño de Estado que plantea la constitución y también por una asamblea fragmentada de la que depende la aprobación de la propuesta país que lleve el Poder Ejecutivo, según especialistas en derecho consultados por este Semanario.
Rodrigo Chaves, consultado sobre cómo enfrentará esta dinámica de llegar a la presidencia, propone “poner a la gente a legislar” por medio de referendos si la Asamblea Legislativa “no quiere” hacerlo. Este Semanario pidió al equipo de prensa del candidato una entrevista para profundizar en su propuesta, pero no atendieron la consulta tras varios días.
El referendo como instrumento tiene una serie de limitaciones que por sí solas dificultan la posibilidad de sustituir al plenario: la Ley 8492 de Regulación del Referéndum establece tres formas posibles para convocar a un referendo: convocado con firmas de al menos 5% del padrón electoral, convocado por la Asamblea Legislativa por al menos dos terceras partes del total de sus miembros y convocado por el Poder Ejecutivo con la mayoría absoluta del plenario.
Si el referendo es convocado y sometido a votación será vinculante (de acatamiento obligatorio) si participa como mínimo el 30% de los ciudadanos ínclitos en el padrón cuando es legislación ordinaria y 40% en temas que requiere la aprobación legislativa por mayoría calificada.
Chaves ha hecho pública su intención de facilitar la posibilidad de hacer referendo cambiando estas disposiciones: bajando el porcentaje a un 1% en el caso de la convocatoria popular y reduciendo del 30% a un 20% la participación necesaria para que el resultado sea de acatamiento obligatorio.
Estas propuestas, por ser reformas parciales a la constitución, sí pueden llevarse a consulta por referendo. Sin embargo, Chaves requeriría cumplir con el 5% en caso de ser consulta popular o conseguir el apoyo de la mayoría absoluta del parlamento si quiere convocarlo desde el Poder Ejecutivo y en cualquiera de los casos deberá cumplir con el 40% de apoyo para que sea de carácter vinculante.
“Los referendos no se puede realizar antes de seis meses o después de seis meses de la elección presidencial y solamente se puede llevar a cabo una vez al año. Entonces también habría que pensar en la posibilidad de reformar la Constitución para que pueda hacerse más seguido, si lo que se quiere precisamente es legislar vía referéndum, lo cual obviamente no es viable jurídicamente y además los costos serían sumamente altos. Un referendo cuesta muchísimo dinero” explicó Manrique Jiménez, abogado especialista en derecho administrativo y constitucional.
En su plan de gobierno, Chaves asegura que el referendo puede reducir sus costos “con el uso de tecnología digital”, pero no entra en detalles sobre cómo lo reduciría y cuál sería el costo de cambiar a este sistema. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha efectuado varios estudios en conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica con los que concluyó que el voto electrónico no es la mejor opción por su relación costo-beneficios, reportó el semanario El Financiero en el 2019.
Jiménez explicó que el candidato también tendría que tomar en cuenta que el TSE puede elevar la propuesta de reforma ante la Sala Constitucional si tuviera dudas de inconstitucionalidad: “Así que no lo veo tan sencillo. Es un tema álgido y hay que saberlo manejar porque realmente no es fácil. Hay que tomar en cuenta que existen limitaciones materiales y procedimentales rigurosamente señaladas en la Constitución y también en la Ley del referéndum”.
Tratados internacionales
Rodrigo Chaves no es el primer candidato en proponer referendos, ni tampoco el primero en estas elecciones. Rodolfo Piza propuso, durante su campaña para las elecciones 2022, llevar a referendo seis temas: monopolio de Recope, tren eléctrico, pesca de arrastre y la revocatoria de presidentes.
Chaves, por otro lado y además de la reformar por referendo los referendos, propone llevar a referendo la jurisdicción o potestades de los magistrados en la Sala IV o Sala Constitucional para “quitarles la jurisdicción a la Corte, a la Sala IV, para que ellos no sigan recetándose las pensiones de lujo”
Sin embargo, no solo la ley de referendo y la Constitución impide convocar referendo en el tema de pensiones (tampoco en temas presupuestarios, tributarios o fiscales, monetarios, crediticios o de seguridad) sino que las funciones del Estado y la independencia judicial está protegida por tratados internacionales los cuales están por encima de la Constitución.
La jueza en materia penal, Rosaura Chinchilla, explicó que Costa Rica y la mayoría de estados modernos se basan en el sistema republicano de pesos y contrapesos en el que hay tres poderes independientes entre sí sin la posibilidad de interferir en las funciones del otro: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. De esta manera se previene al gobierno de turno a influenciar las decisiones de los jueces a su favor.
“Para modificar las funciones del Estado y la independencia del Poder Judicial se requeriría, a lo menos, reforma constitucional. Aunque cabe advertir que este modelo también está incorporado en instrumentos internacionales que garantizan la independencia judicial y que tienen un rango superior a las propias constituciones, por lo que tampoco reformando estas se le podía quitar la función de decidir al ente judicial” dijo Chinchilla.
¿Qué pasaría si no se respeta?: “Que jurídicamente se viola la Constitución Política y el modelo republicano de estado democrático allí consagrado, con las consecuencias que de allí deriven” agregó.
Por otro lado, el abogado José Miguel Corrales considera que el candidato podría “estar un poco confundido” sobre el papel de los magistrados porque “los magistrados no son los que se recetan las pensiones. La pensión se da a través de leyes especiales de cada régimen de pensiones de las distintas instituciones y eso es un error, porque debería haber una sola ley”.
Delegación de poder
En el capítulo “Ciudadanos al Poder” del plan de gobierno de Rodrigo Chaves también se hacen varias propuestas para fiscalizar a las personas diputadas: “llevaremos control de los proyectos presentados y aprobados, las comisiones a las que pertenecen, el control de asistencia, cómo vota y los permisos que pide para ausentarse. Además, tendrá que presentar un informe anual de labores. Y, si se ausenta de forma no justificada en al menos el 80% de las sesiones, perderá su credencial”.
En las democracias republicanas, como la de Costa Rica, el pueblo es el soberano o máxima autoridad y por ser un sistema presidencialistas este poder se delega en las personas diputadas y el poder ejecutivo.
“Los diputados no son los dueños y suena ideal que se trabaje a base de referéndum, pero es peligroso que sea para todas las materias, algunas complejas que son mejor ponerlas menos manos que pudieran conocer esa materia a profundidad” dijo Corrales.
El abogado Manrique Jiménez explicó que en el actual sistema es difícil que cualquier partido lleve a cabo su propuesta de reforma o alguna reforma constitucional sin tener una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa.
“Salvo que exista una gran negociación política o una gran actividad de consenso. No una imposición, sino una negociación política con los distintos partidos políticos representados en el Congreso, sobretodo si se está en una evidente minoría en el parlamento” agregó.
Jiménez considera que impulsar reformas para inclinarse hacia un sistema parlamentario o hacia un sistema semiparlamentario, fortalecería la capacidad de gobernar en Costa Rica e “implicaría una mayor responsabilidad de los actores políticos”.
Por ejemplo: “la posibilidad de que el ministro de la Presidencia tenga el aval previo de la Asamblea Legislativa de forma no vinculante, como una práctica política. Es una práctica sana porque habría una mayor legitimidad de un ministro fundamental en la relación tan importante entre el Parlamento y el Ejecutivo en un sistema como el nuestro, donde se impone a diario la convivencia política activa, de negociación a nivel de partidos políticos”.
Corrales por otra parte considera que debería impulsarse un referendo revocatorio: “Es muy, muy triste que un país respetuoso del derecho del ordenamiento jurídico, como es Costa Rica, no tenga una ley que le permita quitar a un gobernante, excepto el golpe de Estado, con la violencia que es la negación del derecho”.
