El Gobierno debería asumir la operación de sistemas no intrusivos (escáneres) para el control de mercancías que entran y salen del país en los puertos, en lugar de dejarlo en manos de una privada, así lo manifestó a UNIVERSIDAD el diputado liberacionista por la provincia de Limón, David Gourzong.
Desde su perspectiva es una irresponsabilidad dejar en manos de una empresa privada la operación de estos sistemas, pues es una función pública, que debería recaer sobre miembros de la fuerza policial.
“La vigilancia, el control de las importaciones y exportaciones lo ejercen, en este momento, sujetos de derecho privado, contrario a lo establecido en el artículo 12 de la Constitución, el cual señala que, para la vigilancia y la conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. De acuerdo con lo anterior, la represión de las actividades criminales, como lo es el narcotráfico, es una competencia propia y exclusiva del Estado, que este ejerce con la ayuda de los cuerpos policiales que dispone la ley”, dijo el diputado.
En la actualidad, la compañía APM Terminals hace controles con un sistema no intrusivo para escanear las cargas que entran y salen del país, para ello la empresa tiene contratado a su personal, pero el legislador, cuestiona si es posible constatar que éste cuente con los requisitos esenciales para dichos puestos, y peor aún, que facilite la corrupción y posibilidad de cometer delitos.
Un ejemplo, manifestó el diputado Gourzong es lo ocurrido en noviembre de 2020, cuando fueron arrestados dos funcionarios de APM Terminals que operaban el escáner, por presuntamente, consignar datos falsos de un contenedor que transportaba cocaína, el cual salió del puerto limonense rumbo a Róterdam, Holanda.
También recordó el más reciente hecho -ocurrido esta semana-, en que se decomisaron 3,4 toneladas de droga y se investiga la supuesta actuación de otra trabajadora de la compañía.
“El Gobierno no está controlando, ni supervisando las características técnicas y especificaciones del personal que contrata APM Terminals para atender estos puestos. Me parece muy peligroso y un incumplimiento de deberes de esta Administración, que además mancha la imagen de Costa Rica y puede afectar a los exportadores costarricenses”, argumentó.
Esto sucede, añadió Gourzong, porque quienes operan los equipos de seguridad en APM Terminals no son funcionarios públicos para ejercer una función pública indelegable, que está siendo privatizada o ilegítimamente trasladada.
Adicionalmente, recordó que, al aprobar la Ley de Finanzas Públicas, el Gobierno asumió el compromiso de instalar escáneres en los puertos de entrada y salida de mercancías, en los puntos fronterizos del país, para evitar el contrabando y narcotráfico.
Se suponía que el Ministerio de Hacienda debía instalar en un plazo no mayor de doce meses, los equipos y los sistemas de la tecnología que posibilite la inspección no intrusiva del 100% de las mercancías que pasen como exportaciones o importaciones por las fronteras terrestres, puertos y aeropuertos de todo el país, algo que no se ha cumplido.
“El Gobierno ha corrido a aplicar lo relacionado con impuestos y salarios, sin embargo, ha sido omiso y lesivo, en su obligación para la instalación de sistemas no intrusivos, que permitan un mayor volumen de recaudación y control de los ingresos aduaneros, y también, tengo mis dudas sobre si los equipos instalados en la Terminal cumplen con los requisitos y las características técnicas que demanda el país”, concluyó.
