Varios errores de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) hicieron que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pagara casi $24 millones de más por la energía eléctrica que compró a generadores privados entre el 2017 y el 2019.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó esa sobreestimación de precio al realizar una auditoría sobre “la razonabilidad del proceso y criterios aplicados” por el ICE y la Aresep para concesionar la generación de energía y fijar las tarifas. El informe FOE-AE-IF-00009-2019, del cual UNIVERSIDAD tiene copia, fue notificado el pasado 16 de setiembre al regulador general, a la junta directiva de Aresep y al ICE.
La CGR concluyó que existen “debilidades de naturaleza técnica y jurídica”, las cuales “han propiciado fijaciones tarifarias que rebasan el principio de servicio al costo, así como un normal beneficio o utilidad para el prestatario”.
En los contratos renovados de compra de energía, esas fallas en la metodología “le ha implicado al ICE erogaciones adicionales cercanas a los USD 24,00 millones, entre el año 2017 y mayo de 2019”, de acuerdo con las conclusiones del ente fiscalizador.
“Lo anterior, no solo perjudica los fondos públicos que administra ese Instituto, sino también a los consumidores finales, pues necesariamente esas erogaciones forman parte de la factura eléctrica”, señaló la CGR.
Precisamente, la Contraloría dispuso que la Aresep debe elaborar una propuesta de modificación de las metodologías tarifarias, ajustar las tarifas vigentes y “determinar los montos pagados de más a los generadores privados y establecer las acciones para resarcir dichos montos”.
No obstante, el criterio del regulador general, Roberto Jiménez, es que no tiene certeza de que el análisis de la CGR sea el correcto.
“Es que la Contraloría ni siquiera presentó a la Intendencia de Energía las memorias de cálculo donde ellos demuestren que lo que hicieron está bien. Les pedimos que nos dieran las memorias de cálculo para verificar si tenían razón o no y no las entregaron”, manifestó Jiménez.
El regulador indicó que no hay ningún otro ente que “pueda decirle” a Aresep cómo fijar las tarifas”. “La Aresep tiene una serie de funciones por ley establecidas. Las observaciones y recomendaciones que emita la Contraloría las tendríamos muy en cuenta y algunas serían de aplicación, otras tendríamos que analizarlas a ver si está metiéndose en funciones y facultades que son estrictamente de la Aresep”, dijo.
Además, señaló que la retroactividad no existe en la aplicación tarifaria. “Es muy complejo y creo que no está extendiéndose la verdadera dimensión de lo que significa.La retroactividad no está esteblecida, no existe. Cuando se da es una nueva aplicación de tarifa y ahí en adelante”, afirmó.
También cuestionó el periodo analizado por la Contraloría. “Si hubiese tomado otro periodo le da un resultado distinto”, aseguró.
Jiménez indicó que se está haciendo el análisis del informe de la CGR para dar una respuesta.
Se llamó a los miembros de la junta directiva de Aresep, Sonia Muñoz Tuk y Edgar Gutiérrez López, para pedirles una reacción del informe. Muñoz indicó que se trataba de un tema de la administración activa al cual no se podía referir “porque en algún momento la Junta Directiva tendrá que conocer el asunto y no puedo adelantar criterio”.
Gutiérrez no respondió la llamada.
El ICE tiene 35 contratos de compra de energía de energía a generadores privados que están permitidos por ley. De esos, 28 están bajo una modalidad en la que el ente privado construye, es dueño, opera la planta y vende la energía eléctrica al ICE. La otra consiste en que la construye y opera comercialmente hasta por 20 años y luego de eso debe transferir la planta al ICE en buen estado.
El periodo de análisis de la CGR es desde el 2008 a mayo del 2019.
La Contraloría señaló que, desde el 2008, el crecimiento anual de la demanda de electricidad es menor al previsto y que la capacidad actual del ICE y los proyectos que entrarán en operación entre el 2020 y 2026 son suficientes para cubrir esa demanda por los próximos ocho años.
En ese periodo vencerán 19 contratos de compra de energía eléctrica y se transferirán dos plantas, por lo cual era necesario hacer esta auditoría, indicó la CGR.
Además, en 32 contratos hechos por el ICE (tanto renovaciones como contratos nuevos), suscritos entre el 2010 y el 2018, “no consta la evidencia documental con la fundamentación técnica económica y de oportunidad con base en la cual ese Instituto tomó la decisión de contratar la compra de energía eléctrica”, concluyó la Contraloría. Esos contratos representan un valor estimado de $2.049 millones.
Asimismo, el ICE efectúa un débil seguimiento a las plantas de generadores privados cuando están en etapa de operación comercial, cuestionó la CGR.
Se le pidió una reacción al ICE sobre los señalamientos hechos por la Contraloría, pero el ente comunicó que, aunque fue notificado desde el 16 de setiembre del informe, solo se referirá una vez que este se haga público.
Fallos para fijar tarifa
La Contraloría encontró debilidades en tres metodologías definidas por la Aresep para fijar las tarifas de compra de energía eléctrica a generadores privados: para los que renueven contratos, para contratos con hidroeléctricas nuevas y para contratos con plantas eólicas nuevas.
Uno de los errores es que la metodología para contratos renovados permite usar información de plantas hidroeléctricas para fijar la tarifa de compra de energía a plantas distintas como las eólicas, aunque “se trata de plantas de generación con diferencias en cuanto a tecnología, costos de inversión, costos de operación y vida útil”.
También detectó errores en la fecha que se usa como referencia para el cálculo de antigüedad de las plantas y en el cálculo de expectativas de venta. En este último punto, Aresep utiliza como referencia la capacidad instalada nominal de la planta privada en vez de la capacidad máxima contratada por el ICE, “a pesar de que la capacidad de generación adicional a la contratada por el ICE, podría destinarse a otras actividades de su ámbito privado”.
Además, Aresep considera que las plantas operan todo el año, aunque algunas lo hacen solo por 10 u 11 meses, apuntó la CGR.
El órgano contralor encontró que Aresep nunca aplicó las modificaciones a propuestas tarifarias que se dieron entre el 2015 y 2019 producto de situaciones como oposiciones y coadyuvancias tanto del ICE como de generadores privados y correcciones hechas de oficio por la entidad reguladora.
“Estas modificaciones se dieron por: cálculos de vida útil y uso de datos de capacidad instalada que no corresponden a las plantas, utilización de un tipo de cambio incorrecto, datos desactualizados o cuyo registro y referencia resultó deficiente, así como datos incluidos o excluidos sin que así lo requiera la metodología”.
“Las desaplicaciones de las metodologías señaladas se atribuyen a la falta de rigurosidad técnica en la ejecución del proceso de aplicación anual de oficio de las metodologías de ajuste tarifario”, apuntó la CGR.
Orden de corregir
La Contraloría dictó en su informe disposiciones de “acatamiento obligatorio” para distintos funcionarios relacionados con el sistema tarifario de electricidad.
Al regulador general le ordenó que, a más tardar el 28 de febrero del 2020, envíe a la Junta Directiva de Aresep las propuestas de modificación de las metodología para fijación tarifaria de renovación o contratos nuevos, considerando los elementos señalados en la auditoría.
A la Junta Directiva del órgano regulador le ordenó resolver sobre esas propuestas que haga el regulador e informar a la CGR.
A Marco Cordero Arce, intendente de Energía, la CGR le pidió ajustar las tarifas vigentes para corregir las desaplicaciones metodológicas señaladas y “Remitir a la Contraloría General certificación que acredite la publicación de las nuevas fijaciones tarifarias en el diario oficial La Gaceta, a más tardar el 30 de octubre de 2019”.
La CGR dispuso que tanto el regulador Jiménez como el intendente Codero deben estimar los montos pagados de más a los generadores privados desde el 2017 y hasta la última fecha en que la tarifa haya sido aplicada y “proponer las acciones que permitan resarcir los montos determinados”.
El ICE, por su parte, debe implementar planes de supervisión de las plantas.
