Más de la mitad de los costarricenses que pretenden votar en las elecciones nacionales del 2022 carecen de una candidatura favorita al terminar el mes de agosto, a pesar de una oferta partidaria abundante provocada por la mayor fragmentación partidaria registrada en el país, según captó la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Aunque el candidato favorito es José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), los apoyos llegan apenas a 17% de los dispuestos a votar. La casilla favorita de estos es “indecisos”, que cubre a 53% de los decididos a votar, un valor que cuatro años atrás era 42% y hace ocho años, 29%.
Este elemento se cruza con una cantidad récord de partidos políticos de escala nacional habilitados para las elecciones del 6 de febrero: hay 25 agrupaciones con posibilidades de competir en el actual proceso electoral, casi todas con reducidas capacidades de atraer votantes, según las preferencias hasta ahora.
“Esta es la cifra más alta de agrupaciones políticas en una campaña electoral en 70 años”, advierte el CIEP-UCR como dato contextual en el informe de resultados del estudio de opinión basado en 1002 entrevistas, realizadas por celular entre el 23 de agosto y el 27 de este mes.
La encuesta revela que el 75% de los entrevistados (mayores de 18 años con teléfono celular) pretende participar en las elecciones, una cifra idéntica a la que se reportaba en 2017.
Sin embargo, ese 75% se reduce a 58% si solo se considera a quienes están decididos a votar y dentro de este último grupo un poco más la mitad (53%) dice que carece de una candidatura favorita.
Es decir, la encuesta muestra que la disposición de la gente a votar no ha cambiado en relación con el anterior proceso electoral, pero sí es mayor la indecisión ante la oferta política planteada, casi 9 puntos porcentuales más que en 2017, indica el reporte de CIEP-UCR.
Figueres con ventaja insegura
Las preferencias de momento favorecen al candidato liberacionista Figueres, aunque son solo el 17% de los decididos a votar. Solo él y Lineth Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) captan más de un 5% de esa población, mientras la candidatura del Partido Acción Ciudadana (PAC) recoge un 4% sin que los encuestados supieran si sería Carolina Hidalgo o Welmer Ramos.
El otro candidato que supera el margen de error del estudio (3,1 puntos porcentuales) es Fabricio Alvarado, de Nueva República, mientras el resto de nombres no alcanzan a recoger más de 2% de intención de voto.
La lista incluye nombres que no están aún confirmados, como el del diputado José María Villalta (Frente Amplio) y otros cuya participación ellos mismos ya descartaron, como el abogado Juan Diego Castro o el empresario Carlos Valenciano Kamer. Hay, dicen los investigadores, partidos sin candidaturas y candidaturas sin partidos, lo que aumenta la variedad y hace que la contienda nacional se parezca más a las elecciones municipales.
“El voto se diluye entre múltiples alternativas y la gran mayoría muestra un débil respaldo. A estas alturas de la competición, se torna lejana y poco probable la meta de alcanzar el 40% de los votos en febrero del 2022 y con ello evitar una segunda ronda”, indica el estudio sobre la posibilidad del balotaje que ya se ha registrado en tres ocasiones en el país.
Elegir candidato presidencial no es tarea fácil, reporta el 56% de los encuestados, mientras solo el 37% considera que será una tarea sencilla. A esto se agrega que solo un 42% tiene alto interés en las elecciones y solo un 46% se muestra motivado, pero 64% lo ve como motivo de preocupación.
El ambiente se torna confuso y los electores apenas recuerdan el nombre de los partidos. Solo tres agrupaciones fueron mencionadas por más de la mitad de los encuestados cuando se les consultó nombres de ellos. Son los mismos tres tradicionales, PLN, PAC, y PUSC, cuyas candidaturas captan apenas 27% si se sumaran juntas.
Si se trata de nombres de candidatos, ninguno pudo ser recordado por más de la mitad de los encuestados. Figueres fue señalado por el 48% de la muestra y ningún otro superó el 20%, mientras más de un tercio de la muestra total fue incapaz de mencionar a alguna de las personas que están de candidatas.
Así responden los encuestados en medio de un paisaje electoral alterado por numerosos factores señalados por los investigadores del CIEP y que configuran un escenario de alta incertidumbre, similar o quizás mayor a la de cuatro años atrás.
¿Dónde hay más indecisión?
La encuesta CIEP-UCR señala que la indecisión abunda más en la población femenina, en jóvenes, en quienes tienen educación de solo secundaria o menos y en pobladores de Limón.
El dato de las mujeres indecisas cobra relevancia porque estudios de los últimos años confirman que ellas tienden a participar más que los hombres en las elecciones, lo que aumenta su peso en los resultados en una u otra dirección.
En cambio, es mayor la preferencia por alguna de las candidaturas en el segmento de hombres, gente con educación universitaria o superior. En este último grupo es incluso más la cantidad de personas con candidatura favorita que la que está indecisa.
También están más decantados por las distintas opciones los adultos mayores de 35 años y habitantes de las provincias Heredia y San José, en ese orden.
Esas preferencias, sin embargo, son susceptibles de cambiar fácilmente, a juzgar por los hallazgos de seguimientos que los investigadores hicieron en el proceso del 2018, en una medición que mostró poca lealtad y alta volatilidad en las opciones electorales.
Empeora evaluación de gobierno de Carlos Alvarado
El gobierno de Carlos Alvarado recibe el castigo popular en la última quinta parte de su cuatrienio. Las calificaciones positivas pasaron de 27% a 17% en los últimos cuatro meses y las valoraciones negativas se acercaron en agosto a los valores más altos de toda la administración, indica la última encuesta del CIEP-UCR.
Seis personas de cada diez expresan una opinión desfavorable sobre el desempeño del gobierno de Alvarado, cerca de los picos de impopularidad mostrados en 2019, antes de la cuota de oxígeno que le concedió el 2020 marcado por la pandemia de COVID-19.
El cierre del gobierno de Alvarado se acerca en una situación de impopularidad similar a la que registraba el CIEP-UCR en el epílogo del gobierno de Laura Chinchilla en 2013, en contraste con el saldo favorable que esta altura de su cuatrienio mostraba la administración del presidente Luis Guillermo Solís en 2017.
Este empeoramiento de la valoración popular se expresa más leve en la percepción específica sobre el presidente Alvarado, quien recoge 20% de censuras y 58% de aprobaciones al terminar agosto, mientras que en abril era 25% y 53%.
Estos valores solo son similares a los que se registraban en 2019 y mejores que en noviembre de 2020, en momentos de una fuerte reprobación al mandatario después de un inusual salto en primer cuatrimestre de ese año pandémico.
La población probablemente cobre la gestión del gobierno ante los problemas del país, entre los cuales está instalado el desempleo en primer lugar, la situación económica en segundo y la corrupción en tercer lugar. Debajo de ellos están el mal desempeño del gobierno y la COVID-19.
“Voto popular” aprobaría ley de Empleo Público y duda en exploración de petróleo
Dos temas controversiales que dirime la Asamblea Legislativa en estos momentos generan climas de popularidad distintos: el proyecto de ley sobre Empleo Público recibe el favor de la mayoría popular y la iniciativa para prohibir por ley explorar petróleo enfrenta posiciones divididas.
La encuesta CIEP-UCR del mes de agosto muestra que tres de cada cuatro entrevistados, un 75%, está de acuerdo con el expediente de Empleo Público que reforma las condiciones de funcionarios estatales con el objetivo declarado de unificar regímenes salariales y contener el gasto.
El proyecto forma parte de la agenda de ajuste fiscal ligada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pendiente de aprobación; su texto es objeto de discusión después de la revisión de la Sala Constitucional señaló problemas por el fondo, aunque el Gobierno y diputados aliados los consideran subsanables.
El proyecto fue aprobado en primer debate en junio con el voto de 32 legisladores, pero requiere ajustes y una segunda votación que tampoco deja claridad sobre la necesidad o no de una mayoría calificada, es decir, 38 votos. El rechazo viene de organizaciones sindicales y diputaciones entre quienes están la oficialista Paola Vega y su compañero Welmer Ramos, ahora candidato presidencial.
La discusión discurre paralela a otro debate que cobró relevancia en julio, con el proyecto de sentar en la ley la prohibición que ya rige vía decreto presidencial contra la exploración y extracción de petróleo y gas natural. Un 45,6% de los entrevistados votarían “no” y un 48,5% la aprobaría, según los resultados de la encuesta. Un 4,7% estaría de acuerdo con prohibir solo el petróleo y un 1,2% dice que solo rechazaría el gas natural.
La iniciativa también la impulsa el Gobierno de Carlos Alvarado con objetivos ambientales y de promocionar el país como impulsor de las economías verdes, pero enfrenta oposición de grupos que ven oportunidad económica en el petróleo y que objetan unos artículos que darían funciones nuevas a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
¿Principal responsable del caso “cochinilla”? 32% señala a personal de Conavi y 24% a Alvarado
La trama de presunta corrupción alrededor de las concesiones públicas para construir y reparar carreteras conocida judicialmente como caso “cochinilla” es responsabilidad principal de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), dijo un 32% de los encuestados por CIEP-UCR, mientras un 24% señaló directamente al presidente de la República Carlos Alvarado.
La encuesta se realizó casi dos meses después de que las autoridades judiciales hicieron público el expediente y determinó un alto conocimiento popular sobre la existencia de ese caso: ocho de cada diez entrevistados contestaron que lo conocen.
De ese grupo, una porción culpa principalmente a funcionarios de Conavi, otra a Alvarado y solo 15% dice que la principal responsabilidad es de las empresas constructoras, en especial las compañías Meco y H Solís, cuyos propietarios enfrentan ahora prisión preventiva como sospechosos de pagar sobornos para controlar el sector de la infraestructura vial.
En cuarto lugar como “principal responsable” aparece el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez, con 13,6%, por encima de otras personas que juntas suman el 16,8%.
Alvarado, como presidente de la República, ha rechazado responsabilidad suya en las anomalías detectadas en el sector que quiere presentar como punto alto de su gobierno. El asesor presidencial Camilo Saldarriaga es uno de los investigados aunque ya dejó el cargo y las autoridades judiciales han señalado que las irregularidades se cometen desde años atrás.
El caso estalló en junio y coincide con meses en que ha empeorado la percepción popular sobre el desempeño del gobierno de Alvarado y el período en que la corrupción escaló hasta ser tercero en la lista de problemas que enfrenta el país.
