La pandemia, la crisis económica y las medidas propuestas por el gobierno para atenderlas ha generado que en el 2020, más que nunca, la protesta en todos los sectores sociales, según el más reciente informe “Protesta y COVID-19 en Costa Rica” del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica.
Comunidades marginalizadas, grupos de mujeres, sindicatos, empresariado, comerciantes, profesionales y más han llenado páginas de periódicos, minutos en televisión, espacios en Internet y en la calle demandando transformaciones.
A diferencia de años anteriores, en que lo sindical explica una de cada dos protestas en el país, desde la entrada de la pandemia a territorio nacional el descontento ha crecido y generado manifestaciones de otros grupos (ver gráfico: Distribución mensual de las acciones de protesta según tipo de actor demandante).
Incluso, según el informe, durante mayo y junio hubo más protestas por parte del sector empresarial que por parte de los grupos organizados de trabajadores. Además, a partir de julio, han acudido a la protesta callejera sectores que regularmente no lo hacen, como los pequeños y medianos empresarios. En menor medida también se ha movilizado el gran empresariado, cuando su herramienta por excelencia suele ser la declaración pública.
Durante mayo y junio hubo más protestas por parte del sector empresarial que por parte de los grupos organizados de trabajadores.
El informe, generado por el proyecto “Protestas” del IIS, analiza a partir del monitoreo de medios de comunicación, las principales tendencias de la protesta social asociadas a la pandemia del COVID-19 en el país, desde marzo hasta julio del 2020. En total, en el período se registraron 308 acciones de protesta.
Para fines de análisis se contemplan protestas realizadas en forma de declaraciones públicas, ciber-acciones, denuncias, reuniones, marchas, concentraciones y bloqueos. El documento distingue entre las protestas relacionadas con la pandemia o las medidas para atenderla (que suman 227), y las que coinciden en el tiempo pero no se relacionan (81), como las acciones generadas para denunciar femicidios en el país.
Tendencia creciente bajo Alvarado
A pesar de las medidas impuestas para contener el coronavirus, que previsiblemente aminorarían la protesta, durante los primeros cinco meses de la pandemia se registraron 308 acciones, que representan la mitad de las acciones totales del 2019. Si se contabilizan las manifestaciones hasta septiembre, suman 478, de modo que en siete meses se alcanza el 77% de las protestas del año anterior.
Alejandro Alvarado, investigador del IIS, explicó que desde sus inicios, el gobierno de Carlos Alvarado ha generado una tendencia creciente en el número de manifestaciones. Mientras el 2017 bajo la administración Solís se dieron 283 acciones, el 2018 tuvo 623 y una huelga de tres meses y el 2019, también marcado por las huelgas, registró 616.
Este aumento se produce por la forma en que el Poder Ejecutivo se posiciona respecto de los demás actores sociales, con una marcada cercanía con el gran empresariado y menor apertura al diálogo, más allá de la retórica, con los demás grupos sociales, explicó.
Alvarado considera que esta actitud por parte de la administración explica que aún durante los primeros meses tras la aparición del virus en el país se dieran acciones, aunque fueron mayormente virtuales y mediante declaraciones públicas.
No obstante, el agravamiento de la crisis económica, sanitaria y política, sumada a la falta de espacios de concertación y poca credibilidad en la política institucional, generó que bajo la convocatoria del Movimiento Rescate Nacional se contabilicen dos semanas de protestas en octubre contra los proyectos de venta de empresas, incremento en varios impuestos y recorte del gasto, producto de un préstamo con el FMI por $1.750 millones, que está a la espera de ser aprobado por el Ejecutivo.
Sectores alzan la voz
A la crisis económica y política que el país enfrentaba previo a la pandemia causada por el coronavirus se sumaron los efectos económicos de la emergencia sanitaria y de las medidas aplicadas por el Gobierno para enfrentarla.
En respuesta, desde empresarios hasta grupos sindicales han alzado su voz pidiendo cambios de rumbo que, al no encontrar respuesta, aseguran representantes de diversos sectores, profundizan sus acciones de protesta para ser escuchados.
Alonso Elizondo, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, comentó que la desaceleración en el crecimiento económico desde el 2019 se ha profundizado con la crisis sanitaria, por lo que su sector se ha visto afectado y ha acudido a acciones de protesta, “no solamente exponiendo una inconformidad sino presentando alternativas, pues buscamos construir”.
En el país, la mayor parte del sector comercio se compone de familias dueñas de pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales han participado en movilizaciones en diversas regiones, generalmente en relación con la coyuntura económica (ver gráfico: Distribución de las acciones de protesta según eje de demanda para el sector laboral y empresarial).
Elizondo afirmó que al sector le “ocupa la reactivación económica, que no puede estar desligada del problema fiscal” y que, por ahora, no ven “una agenda clara, pues los proyectos que se requieren no están en el radar del ejecutivo”.
Por su parte, Montserrat Ruiz, directora de la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria afirmó que su sector ha alzado la voz desde hace meses, en protesta pero con soluciones.
No obstante, dice, las autoridades no han tenido actitud de escucha y “no han habido espacios para poder tener diálogos, con estructuras y metodologías que permitan que nos sentemos todos los sectores, junto con los que sí se han venido sentando con el gobierno, para llegar a acuerdos sensatos”.
Según Ruiz, la falta de comunicación asertiva por parte del Poder Ejecutivo ha provocado no solo las protestas que han remecido al país en los últimos meses, sino que ha causado una crisis de credibilidad que ha terminado en las calles.
“En todo proceso de protesta la gente sale a la calle cuando ya no cree, cuando ya no ve nada más que hacer”, aseguró e indicó que se ha generado una polarización a nivel nacional que ha sido caldo de cultivo para el estallido social de las últimas semanas.
Saray Esquivel, presidenta de APSE, comentó que a principios de la pandemia, el sector sindical se movilizó poco, no solo por la pandemia, sino por el desgaste provocado por la huelga de tres meses que protagonizaron en el 2018 contra la aprobación del plan fiscal y una ley “antihuelgas”, que penaliza los bloqueos callejeros y otras acciones de movilización.
Pero ante la ausencia de diálogo, la dirigente afirma que hay más organizaciones que se suman al movimiento de protesta contra las medidas anunciadas por el acuerdo con el FMI, el cual se mantiene hasta hoy.
“Lo peor es que esa actitud del gobierno hace que no haya credibilidad, la gente no cree que se vayan a solucionar las cosas”.
