En los primeros doce meses de la administración de Rodrigo Chaves se alcanzó el mayor aumento de recursos de amparo aprobados por la Sala Constitucional en contra de acciones de instituciones del Poder Ejecutivo, con un volumen 75% mayor que el año anterior, para un récord de 3.261.
Un total de 1.392 casos fueron la diferencia en el último período en relación con el anterior, cuando hubo 1.869 recursos de amparo declarados con lugar, según los datos recopilados por el Informe Estado de la Nación con base en la información de la propia Sala Constitucional.
Este aumento es un indicador de los reclamos de la población o actores sociales ante violaciones de libertades o derechos, ante el sistema de controles del sistema institucional costarricense.
“Debido a la naturaleza de este tipo de sentencias, es posible plantear que se trata de acciones o decisiones del Poder Ejecutivo que riñen con el marco jurídico existente y con sus disposiciones”, se lee en el capítulo del Informe dedicado a las tendencias en la política.
El documento subraya que “no se trata de los recursos de amparo en bruto o los recibidos por la Sala IV, sino de aquellos que, después de ser estudiados, son admitidos y declarados con lugar por las personas magistradas. Pero, además, no se trata de sentencias genéricas, sino de las que incluyen órdenes contra las instituciones por su accionar”.
Entre la abundancia de casos acogidos por los magistrados, el Informe recuerda el amparo presentado contra la decisión del Gobierno, en diciembre del 2022, de suspender a cuatro miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por un supuesto conflicto de interés al descongelar un aumento salarial que había sido aprobado durante la pandemia. Aquí la Sala obligó a la restitución de los integrantes suspendidos al señalar que el Gobierno actuó de manera contraria a la “independencia absoluta y la garantía de inamovilidad que la ley les da a los miembros de la Junta Directiva de la CCSS en el ejercicio de sus funciones”.
También hubo recursos de amparo que fueron objeto de noticia por asuntos de libertad de prensa, como el que invalidó el cierre del Parque Viva porque los magistrados consideraron que, por los antecedentes, fue un acto indirecto contra la libertad de expresión el retiro de permisos a ese centro de eventos propiedad del grupo editorial del periódico La Nación, señalado con frecuencia por el presidente Rodrigo Chaves por enemigo de su gobierno.
En total fueron 288 los recursos de amparo en 2022 por asuntos relacionados con libertad de expresión y prensa, la cifra más alta en la historia de la Sala Constitucional, un dato que coincide con varios informes que apuntan al estilo de ataque del gobierno de Chaves contra medios de comunicación y también a dificultades para el acceso a información pública.
