En dos años, apenas tres de ocho mujeres han podido acceder a la interrupción terapéutica de su embarazo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Así lo señalaron Peggy Chamorro de la Colectiva por el Derecho a Decidir y Laura Valenciano de la Asociación Ciudadana Acceder, quienes participaron este viernes en la presentación de los resultados de una Auditoría Social a la Norma Técnica y su protocolo de atención.
Esta Auditoría Social realizada por la Colectiva por el Derecho a Decidir tuvo como base la búsqueda en redes oficiales (instituciones públicas relacionadas con el tema) y de organizaciones no gubernamentales en general; entrevistas directas y semiestructuradas a personal de la CCSS (funcionarios con puestos de poder y responsabilidad directa con la Norma Técnica), y entrevistas y cuestionarios aplicados a mujeres solicitantes de la interrupción terapéutica el embarazo o personas que les acompañaron de manera cercana y directa.
De acuerdo con los resultados arrojados, existe una evidente falta de capacitación, sensibilización e información de parte del personal de salud, directivos e incluso del Ministerio de Salud; además de un nulo acceso de información a través de sus redes sociales u otro organismo de difusión.
“A partir de la búsqueda en la web, navegando dentro de páginas oficiales tales como las de la CCSS, Ministerio de Salud, INAMU no ha sido posible encontrar referencia alguna que conduzca y oriente acerca de la aplicación del protocolo de la Norma técnica y la ruta de acceso para la solicitud de una Interrupción Terapéutica del Embarazo (ITE)”, comprueba la investigación.
Chamorro, quien es una de las autoras de la investigación, indicó también que incluso fue evidente la falta de conocimiento e incluso el temor de los funcionarios de los centros de atención local EBAIS, según la información recabada durante las entrevistas realizadas.
“Enfrentamos un problema y negación de salud pública, en lugar de seguir amenazando con derogar este decreto, el Presidente Rodrigo Chaves debería estar preocupado de cumplir la labor para la que fue electo”, agregó.
Desde la Colectiva agregaron también que los relatos recabados durante la investigación son claros en demostrar como la burocracia y la negación de atención de salud constituyen una tortura física y psicológica, obligando a las mujeres a continuar con embarazos no viables, afectando su salud y la de su entorno.
En diciembre de 2019 el presidente Carlos Alvarado firmó el decreto 42113-S denominado Norma Técnica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código Penal; sin embargo, el primer protocolo fue publicado hasta el diciembre del 2020.
Recientemente se filtró un borrador de un decreto de Salud que derogaba la norma técnica sobre aborto terapéutico.
