En Costa Rica una de cada seis personas no reciben al menos una de sus tres comidas diarias, una tendencia que ha venido en aumento y de la cual la pandemia no es la única responsable, según estima la Organización Internacional de la Alimentación (FAO) en su último informe “Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional” publicado a finales de noviembre.
La cifra es un promedio de los años 2018-2020 en el país y representan alrededor de 800 mil personas en condición de inseguridad alimentaria moderada o severa (hambre), de las cuales la Organización estima que 100 mil han pasado al menos un día entero sin comer, por lo que se considera que sufren inseguridad alimentaria severa.
Esto significa un incremento de 200 mil personas si se compara con el promedio de la FAO para el 2014-2016. Esta tendencia creciente también se encuentra en toda la región latinoamericana en los últimos seis años y fue agravado por la pandemia, indica el informe.
La estimación es cercana a los datos del último informe del Estado de la Nación que señalan que entre julio de 2019 y junio de 2020, el 47,6% de los hogares, alrededor de 763 mil hogares, experimentó algún grado de inseguridad alimentaria.
“(En Guácimo) las mujeres que trabajan en turismo, cocineras, guías y las chicas que limpian los centros turísticos son las que sufrieron más. En algún momento la asociación de desarrollo dio diarios para que pudieran pasar ese tiempo. Ahora ya empieza a sentirse una mejora”, Erlinda Quesada.
El informe dice que la incidencia es mayor en hogares con menor nivel educativo en la jefatura, si tiene una jefatura femenina (aún más si es migrante) o en las periferias del país. En términos porcentuales, las regiones Pacífico Central, Huetar Norte y Chorotega son las que reportan la situación más crítica y en términos absolutos la región Central, Caribe y Huetar Norte son las que concentran mayor cantidad de hogares en esta condición.
“(En Guácimo) las mujeres que trabajan en turismo, cocineras, guías y las chicas que limpian los centros turísticos son las que sufrieron más. En algún momento la asociación de desarrollo dio diarios para que pudieran pasar ese tiempo. Ahora ya empieza a sentirse una mejora”, dijo Erlinda Quesada, quien forma parte de la Unión Cantonal de Guácimo.
El Estado de la Nación estima que en más de la mitad de esos hogares de las regiones con mayor afectación en términos porcentuales “uno o más miembros padeció hambre o comió menos de lo necesario” y las personas que lo sufrieron ven afectadas sus capacidades cognitivas por la deficiente alimentación.
Ese es el caso de muchos estudiantes en Sixaola y Siquirres, dijo una docente de varios colegios en la zona que prefirió mantenerse anónima porque teme que los centros puedan tomar represalias contra ella. En los más de cinco centros en los que trabaja muchos estudiantes le reportaron tener problemas de concentración por estar aguantando hambre.
La docente cuenta que las personas docentes son las que han asumido en la mayoría de los casos la ayuda económica, ya que varios estudiantes perdieron su beca alimentaria del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y aún no les explican por qué.
Aunque el documento de la FAO identifica que las personas en condición de pobreza tuvieron más posibilidades de sufrir de esta condición en el 2020, durante ese año cuatro de cada 10 personas que enfrentaron dificultades en comprar alimentos o cumplir con los tiempos de comida no vivían en condición de pobreza.
Además, en algunas partes del país, con mayor soberanía alimentaria, el impacto económico de la pandemia no alcanzó a los alimentos. Por ejemplo, en la comunidad indígena Bribri durante la pandemia tuvieron mayor dificultad para comprar jabón, sal o aceite, pero para la mayoría su comida no estuvo en riesgo porque cultivan gran parte de sus alimentos, contó a este semanario Leonardo Buitrago Morales, indígena Bribri de Talamanca.
Faltan estudios en adultos
El ingreso económico sí puede explicar una mayor incidencia en hogares conformados por adultos mayores, ya que en el país hay pensiones muy bajas para esta población. También podría incidir en hogares que dependen de actividades informales, por su inestabilidad, ya que puede ser que una parte del año rinda económicamente pero en otra no alcance, comentó Marcela Dumani, investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Dumani valora de vital importancia que consideren a las personas o familias con cualquier nivel de afectación en su seguridad alimentaria y no solo cuando es grave, porque “cuando un niño está desnutrido es porque han pasado meses o años en que se mantuvo la condición”.
También señaló que el país tiene deficiencias en el estudio de la desnutrición en adultos. Esto es algo que ha podido constatar esta nutricionista en su práctica profesional con poblaciones sensibles, como adultos mayores o mujeres embarazadas. Citó el caso de una madre gestante con desnutrición, pero los médicos que la trataban por otras condiciones no se percataron de ese padecimiento porque “no se les había ocurrido preguntar qué comía”. En Costa Rica no es obligatorio reportar la malnutrición en adultos como causa de muerte y esto dificulta dimensionar cuánto prevalece en esa etapa de la vida, dijo la investigadora.
Otros factores que podrían incidir en los niveles de inseguridad alimentaria en Costa Rica son los altos costos de los alimentos en los supermercados por la intermediación, el aumento de precios en algunos productos por la crisis de suministros o de contenedores y la disponibilidad de los alimentos, indicó Luis Felipe Arauz, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica.
“(En Costa Rica) hay un mercado poco justo que hace que al agricultor se le pague muy poco y el consumidor pague demasiado en las compras minoristas”, explicó Arauz.
El agrónomo puso como ejemplo los frijoles que en la góndola del supermercado pueden llegar a costar 75 mil colones por quintal, mientras que al agricultor se le paga alrededor de 25 mil colones por quintal, por lo que dos tercios del precio final queda en la intermediación.
A esto se suma que el precio de productos de bajo costo y alto valor nutricional, como los huevos, se vieron afectados por la crisis de los contenedores. En el país se importan distintos insumos para la producción agropecuaria como los fertilizantes, agroquímicos y los concentrados de maíz y soya, todos se emplean para alimentar a las gallinas.
“Hay investigaciones que demuestran que pueden ser sustituidos por productos nacionales, pero traerlo del exterior aún salía más barato. Es claro que ahora no tener esas otras opciones disponibles en grandes cantidades supone mayor fragilidad en la producción”, agregó Arauz.
El aumento de la inseguridad alimentaria es una tendencia en América Latina y el Caribe en donde 59,7 millones de personas padecían hambre en el 2020, un aumento de dos puntos porcentuales en comparación con el 2019, lo que significa que 13,8 millones de personas más sufrieron hambre durante el primer año de la pandemia por COVID-19.
“Las estadísticas indican que estamos retrocediendo en la lucha contra el hambre. Hemos vuelto a los niveles de hace 15 años, y estamos perdiendo la batalla contra todas las formas de malnutrición. Queda mucho por hacer para garantizar una alimentación saludable a toda la población a lo largo de su vida”, explica el estudio.
Las estadísticas regionales se agravan cuando también se analiza la inseguridad alimentaria moderada. Según las estimaciones de este órgano internacional, el 41% de la población de la región padece inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que significa que 267 millones de personas han visto afectada su alimentación en el 2020.
