Pago quedó establecido en reforma legal del 2010

Empresas de Zona Franca comienzan a tributar este año

Procomer afirma que progresividad tributaria del régimen no desestimula la llegada de inversiones.

Como parte del debate de la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, algunos sectores proponen que las empresas de Inversión Extranjera Directa (IED), establecidas en el Régimen de Zonas Francas, paguen impuestos.

Sin embargo, la reforma a la ley No. 7210 (promulgada a su vez como la ley No. 8794, del 12 de enero del 2010) ya estableció el pago progresivo de impuestos por estas empresas, comenzando con las que cumplan ocho años de operar en la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA), contados a partir de la promulgación de la ley; es decir, a partir del año 2018.

Según la reforma, la GAMA incluye, además de San José, Alajuela, Cartago y Heredia; a Grecia (excluido el distrito de Río Cuarto), Valverde Vega, Naranjo, Palmares y San Ramón (excluidos los distritos de Peñas Blancas, Zapotal, Piedades Norte, Piedades Sur y Ángeles).

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) confirmó que son 19 las empresas que en el presente año deberán comenzar a tributar, de acuerdo con lo establecido por esa reforma.

Consultamos al Ministerio de Hacienda si tenía un estimado del monto que sería recaudado, pero al cierre de edición todavía no tenía una cifra.

El inciso g) del Artículo 20 de la reforma legal establece que las empresas ubicadas en la GAMA estarán exentas del pago del 100% del impuesto a las utilidades, así como de cualquier otro tributo cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados a los accionistas o los ingresos o las ventas, hasta por un período de ocho años a partir de la vigencia de la ley y de un 50% en los siguientes cuatro años.

Para las empresas ubicadas fuera de la GAMA, la exención es de un 100% hasta por un período de 12 años y de un 50% en los siguientes seis años.

En ambos casos los plazos se cuentan a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la empresa, siempre que no excedan los tres años a partir de la publicación del respectivo acuerdo de otorgamiento.

Otro artículo reformado por la ley 8794, el número 22, permitió a las empresas introducir en el territorio aduanero nacional entre un 25% y un 50% de sus ventas totales, pero a esos bienes se les aplican los tributos y los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior.

Además, las empresas que venden al mercado local deben cancelar el impuesto sobre la renta en la misma proporción del valor de los bienes y los servicios introducidos en el territorio aduanero nacional, en relación con el valor total de las ventas y los servicios de la empresa.

Consultamos a Procomer si el hecho de poner fin a la mitad de las exoneraciones fiscales para las empresas que cumplen ocho años de estar establecidas en la GAMA podría llevarlas a retirar sus inversiones en el país o a desalentar la llegada de nuevas compañías.

La respuesta de la institución fue que “la decisión de invertir en cualquier parte del mundo está motivada por un conjunto de factores y su atracción tiene lugar en un contexto de ávida y agresiva competencia. Los incentivos fiscales son una de las herramientas más utilizadas por los países para este fin. Costa Rica es exitosa en la carrera, pero al igual que sus competidores debe seguir trabajando sin pausa en el fortalecimiento de sus condiciones competitivas para mantener los resultados positivos”.

También consultamos a la entidad sobre si aumentaron o no los encadenamientos productivos entre las empresas de zonas francas y las compañías locales.

La respuesta de Promocer fue que “las empresas del régimen han mostrado una tendencia al crecimiento en los encadenamientos con empresas costarricenses, las cuales representaron un 38% del total de sus compras, según el último dato reportado. Seis años atrás representaba un 23%”.

Un estudio económico realizado por esta entidad acerca del beneficio neto que el Régimen de Zonas Francas produce para el país, correspondiente al período 2011-2015, determinó que este Régimen “es socialmente rentable, pues, en 2015, por cada dólar de incentivo las empresas generaron $6,2 para el país”.

Además, que los salarios promedio por trabajador pagados en ese régimen “alcanzaron los $1.551 mensuales en 2015. Esta cifra fue 1,8 veces mayor que el salario promedio nacional pagado por el sector privado de Costa Rica. El sector de servicios es el que mantiene el mayor salario promedio con $1.927 mensuales en 2015”.

Otro aporte del régimen es que, al ofrecer empleos formales, “las empresas y trabajadores aportaron $515 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social en 2015, cifra superior al gasto anual de los siete hospitales regionales ($465 millones)”.

Ese año, las empresas contribuyeron al Instituto Nacional de Aprendizaje con $22 millones, “lo que representó el 11% del presupuesto de la institución” (ver el informe completo en: https://procomer.com/downloads/zonasfrancas/balance_zf_2011_2015.pdf).

También un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), sobre los flujos de IED a la región, afirma que si bien los dos factores atractivos para los capitales son los bajos costos laborales en relación con los de sus países de origen y la cercanía con el mercado estadounidense, el principal beneficio que trae su operación es que “ofrecen una gran cantidad de empleo formal, porque todas son muy intensivas en mano de obra”.

Las inversiones en la industria de alimentos y bebidas generan cuatro empleos por cada millón de dólares invertidos; las dirigidas a la producción de dispositivos médicos generan 14 empleos por cada millón de dólares invertidos; y las de confección, más de 80 empleos por cada millón de dólares. En el caso de los servicios de apoyo empresarial a distancia (call y contact centers), la proporción supera los 100 empleos por cada millón de dólares de inversión.

Sin embargo, la Cepal advierte que los flujos de IED están condicionados por los cambios tecnológicos –la robotización eliminará trabajos en el sector de servicios de llamadas y de apoyo empresarial–, la presión competitiva de Asia –particularmente de China– y los cambios en los tratados comerciales con los Estados Unidos.

De hecho, “en Costa Rica se estimó que el 52% de los empleos en el sector privado están en riesgo de automatización (Cinde, 2018)”.

La Cepal observó que, el año pasado, las corrientes de IED se redujeron por tercer año consecutivo en el conjunto de América Latina y el Caribe, pues registraron un 3,6% menos que en el 2016 y un 20% menos de lo que la región recibió en el 2011.

Pero, aun así, el año pasado Costa Rica recibió $2.997 millones, un volumen superior en $39 millones al de 2016 ($2.958 millones).

El sector al cual se dirigieron en un mayor monto estas inversiones fue el de manufactura de equipos y dispositivos médicos para exportación, el cual recibió $1.422 millones de dólares.

También el Banco Central de Costa Rica, en su “Revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019”, publicado el día de ayer, cuenta con que los flujos de IED hacia el país seguirán contribuyendo a financiar el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual se ubicaría en una cifra equivalente a un 3,3% y un 3,1% del PIB, respectivamente.

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