Empresarios se cruzan acusaciones por denuncia de fraude con exportación de piña

Comisión legislativa concluirá en próximos días informe sobre supuestos embarques de producto convencional que se exportó como orgánico.

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa emitirá en los próximos días el informe de una investigación por un supuesto fraude en el que, al parecer, se exportó piña convencional como si fuese orgánica.

La queja por este tema ha provocado una guerra de acusaciones entre dos bandos del sector exportador.

Por un lado, la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro) –que planteó la denuncia en el 2016 ante el Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG)– logró que el diputado Francisco Camacho (Frente Amplio) presentara una moción para que se iniciara la pesquisa legislativa.

Canagro alegó que jerarcas del MAG pasaron por alto una serie de irregularidades que una investigación del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) le señaló al grupo Valle Verde en Pital de San Carlos y que, más bien, iniciaron una persecución contra el funcionario que realizó el estudio, el ingeniero agrónomo José Miguel Jiménez.

Jiménez también señaló incumplimientos en el trabajo de funcionarios encargados del registro y supervisión de la actividad orgánica de la empresa y de los certificadores que la auditaron.

Por otro lado, los representantes de la empresa Valle Verde, así como de Costa de Oro Internacional –que comercializa la fruta– y de las certificadoras sostienen que las acusaciones son infundadas.

Ellos defienden que las auditorías hechas por parte tanto de la oficina de registro y supervisión de la agricultura orgánica del MAG (Arao) como de las certificadoras comprobaron que el producto es orgánico.

Además, acusan al funcionario Jiménez de haberse conducido de manera subjetiva y parcial en la investigación, y de haber violado el debido proceso al no permitir a la compañía dar respuesta sobre las presuntas inconformidades encontradas. También le achacan haber compartido con competidores información confidencial de la empresa cuando no había concluido la investigación.

La comisión legislativa encargó a los legisladores Julio Rojas (Liberación Nacional), Patricia Mora (Frente Amplio) y el independiente Víctor Hugo Morales redactar el informe de la investigación, en el cual propondrán correcciones a las fallas detectadas durante la pesquisa. Entre esas faltas está que se pueda exportar producto orgánico a Estados Unidos si este cumple la normativa de ese país, aunque no cumpla la normativa orgánica nacional, lo cual pone en entredicho la tutela que el Estado debe ejercer de ese mercado.

Costa Rica experimentó en las últimas dos décadas una continua expansión de los cultivos de piña y se ubicó como el primer exportador mundial de piña fresca. El uso de agroquímicos en las plantaciones y las plagas de moscas por los desechos han causado problemas de contaminación ambiental, principalmente en la zona atlántica y norte del país.

Una parte menor de agricultores han incursionado en la producción de piña orgánica, más costosa que la convencional, ya que requiere cuidados especiales y conocimientos de prácticas agrícolas por medios naturales, pero tiene un creciente mercado de consumidores anuentes a pagar más por productos saludables, principalmente en Estados Unidos y Europa (Ver recuadro).

Alegatos

Ronald Segura, presidente de Costa de Oro Internacional, empresa que comercializa la producción de Valle Verde, dijo estar preocupado por la repercusión en el mercado internacional ante la investigación legislativa y las publicaciones de prensa, pues afirma que se han prestado para cierta manipulación en revistas especializadas del extranjero.

“Mi preocupación es el daño a la imagen del país en el extranjero. Vengo de participar en una convención de importadores de productos orgánicos en Estados Unidos y no hubo ni uno solo (de los asistentes) que no me dijera nada. Necesitaban saber qué está pasando, porque no solo se está impactando la imagen de lo orgánico en Costa Rica como país, sino también lo orgánico en general, ya que estas noticias han tenido muchas repercusión en medios de Estados Unidos”, dijo.

Segura afirmó que, luego que en mayo del 2016 el SFE suspendió la planta de congelados de Valle Verde –basado en la denuncia que presentó Canagro en marzo de ese año, él se puso a investigar y descubrió una serie de irregularidades cometidas en la investigación del caso.

Entre otras, mencionó que el investigador Jiménez le envió a Olman Briceño, directivo de Canagro y ligado a Frutera La Paz, procesadora de piña que compite con Valle Verde, información interna de esta, que era confidencial porque la investigación aún no había concluido.

Días después, esos datos estaban circulando en el mercado de Estados Unidos, junto con el reporte de Jiménez que sustentó la suspensión de la empresa, el cual posteriormente, dijo, fue invalidado por ser parcial y no contener evidencias que sostuvieran las acusaciones que se estaban haciendo.

“Eso generó un daño directo hacia mi empresa y hacia Valle Verde, porque causó un miedo en el mercado“, aseveró.

Segura agregó que, luego de procesos administrativos dentro del SFE, una resolución del 22 diciembre de 2016 concluyó que no existieron evidencias para que Valle Verde hubiera sido suspendido como operador orgánico.

En 2017, otra resolución sobre el informe final de Jiménez determinó que sus reportes no tienen validez y que, más bien, algunas pruebas. como análisis de suelo y de follaje, demostraban que el cultivo era orgánico. No obstante, consideró Segura, Canagro sigue utilizando el informe de Jiménez para tratar de hacer creer al público que las empresas de Valle Verde estaban cometiendo un fraude con piña orgánica.

El empresario aseguró que Valle Verde es orgánica porque las autoridades competentes, tanto nacionales como las agencias certificadoras internacionales, así lo certifican. Su preocupación es que se insinúe que existe corrupción a nivel instituciones estatales, por artículos de prensa basados en declaraciones de Jiménez, donde se dice que el gobierno no ha hecho nada ante las denuncias, lo cual, dijo, no es cierto, porque están las resoluciones del caso.

Por su parte, el ingeniero agrónomo José Miguel Jiménez afirmó que quienes están disconformes con su análisis acuden a ataques personales para desacreditar su capacidad profesional, pero que no hablan de las irregularidades que documentó en el informe.

“Por qué no hablan, por ejemplo, de por qué las transiciones (de las fincas de convencional a orgánica) fueron tan cortas y por qué se metieron fincas y se sacaron otras, y no coincidían los informes de ARAO con respecto a los informes de las certificadoras relativos a la actividad de la finca”, cuestionó.

“A la certificadora se le pidió ver si llevaban transición de esas fincas y dijeron que no llevaban ninguna transición, hay documentos de eso. Es increíble ver la manipulación que quieren hacer ahora con el aval de las autoridades actuales; a mí me están ‘jodiendo’ por querer sostener lo que yo he dicho”, manifestó.

En los últimos días, circuló un video en redes sociales donde se muestra al funcionario supuestamente compartiendo en horas de la noche en un bar de Pital con algunos miembros de Canagro y de Coopeproagro, que es suplidor de piña de La Paz, mientras andaba en vehículo oficial, por lo cual el funcionario ahora estaría siendo investigado por sus superiores.
Sobre esos hechos, Jiménez indicó que tiene al día los documentos que lo autorizan a circular incluso en horas de la noche con el vehículo oficial en razón del trabajo que realiza.

“Lo que no dicen es que también llegaron a agredirme”, dijo Jiménez, quien añadió que ya había entregado un informe a los superiores sobre lo sucedido y que presentó una denuncia penal por la agresión que sufrió en un lugar público, de lo cual, según aseguró, hay testigos.

Además, manifestó que ese día él había llegado solo a comer en un lugar público y que posteriormente llegaron unos vecinos del lugar que son productores y estuvieron hablando, como lo haría con otra persona, ya que él se reúne con todo tipo de productores. “Solo falta que me digan que solo me puedo reunir con cierta gente”, ironizó.

Informe

En la documentación del informe de Jiménez, el cual es de más de mil páginas, se incluyen facturas entregadas por Valle Verde relacionadas a 47 furgones de piña orgánica exportados durante un año. De su análisis, se concluye que hay contenedores donde se utilizó piña que no cuenta con certificación, o contenedores que utilizan piña convencional exportada como piña congelada orgánica.

Asimismo, se detalla que hubo un contenedor con piña en transición exportada como piña congelada orgánica; tres contenedores con piña orgánica de un proveedor cuya identidad no está determinada; 23 de 24 facturas de un proveedor que son documentos informales sin firma ni numeración consecutiva y en una factura el proveedor reporta una venta de 103.050 kilos de fruta, mientras que la empacadora la reportó como 177.795 kilos, entre otras anomalías reseñadas.

Al preguntarle sobre el tema a Humberto González –quien era el representante de la certificadora estadounidense PrimusLabs que auditó a Valle Verde para obtener el certificado–, este recalcó que la información la suministró la misma empresa y sería extraño que la entregara si estuviera ocultando algo.

En su criterio, Jiménez cometió errores porque no accedió a toda la documentación e hizo conclusiones sobre la existencia de no conformidades sin preguntar a la empresa para que explicara.

Cuando el auditor encuentra una inconsistencia, le dice a la empresa para que le dé una explicación. Si esta no logra demostrar que una compra corresponde a un productor orgánico, por ejemplo, entonces se da una “no conformidad”, porque se le hizo el planteamiento y no presentó descargo, comentó González, quien actualmente representa a la firma certificadora alemana Kiwa BCS Oko.

Entre otros puntos, afirmó que Jiménez no se dio cuenta que en Costa Rica, como en cualquier parte del mundo, se pueden exportar contenedores mixtos, con fruta convencional y fruta orgánica.

En cuanto a lo dicho sobre que había proveedores desconocidos o facturas informales, González afirmó que Jiménez ignoró que existe una factura contable que expide la empresa compradora y que ampara esa entrega.

Sobre esto en particular, Jiménez explicó que en el oficio que se envió a la empresa está claro que se le solicitó la información total de exportaciones con respecto a volúmenes de exportación, incluidas la facturación de proveedores, de exportación y números de contenedor, y, con eso, se hizo el balance de masas de la fruta que se exportó.

“Todas las facturas aportadas estaban consignadas como fruta orgánica. Si ahora están diciendo que los contenedores pueden llevar la fruta mezclada, con mayor razón estarían haciendo fraude, porque en la factura que ellos entregaron y en la declaración de aduanas todo está como fruta orgánica”, recalcó.

“A ellos se les pidió la información de exportaciones totales de fruta orgánica y toda la trazabilidad correspondiente y no es una, sino varias evidencias donde está claro que hay rompimiento del protocolo; en la agricultura orgánica, que es de confianza, con solo una evidencia se rompe la confianza”, señaló el funcionario.

Para Humberto González, las aseveraciones de Jiménez y la gente de Canagro no tienen fundamento, le han hecho mucho daño al país y las atribuyó a un mero interés comercial.

Desde su punto de vista, esto se debe a que, cuando Olman Briceño se dio cuenta de que Luis Barrantes –propietario de Valle Verde– estaba desarrollando el proyecto de piña orgánica, hizo todo lo posible para quitarlo del mercado y una de las tácticas fue aliarse con el exdirector del SFE y montaron esa investigación de forma irregular para quitarlo del camino.

“Por qué no dicen que La Paz (a la que también investigó Jiménez y no le encontró irregularidades) se registró hasta el 2016 y antes estuvo tres años exportando, aunque no podrían hacerlo al no estar registrados”, cuestionó González.

Según Olman Briceño, no es cierto que el país esté siendo dañado por la denuncia de Canagro, pues lo que sucede es que el sector productivo de Costa Rica está denunciando a un “choricero” que está cometiendo faltas gravísimas de agricultura orgánica.

Falsificaciones
La actual no es la primera denuncia que se conoce por fraude con piña convencional de Costa Rica que se exporta como orgánica.

A finales del 2014, las autoridades de Estados Unidos detuvieron un millonario negocio de piña convencional etiquetada como orgánica, empacada en la planta exportadora Piña Tica S.A., situada en Rio Cuarto de Grecia.

Para ello, se utilizó certificados de Exportadora Orgánica Pura Vida S.A. y de Isabella Fruit Company, cuyo mercado final fue Estados Unidos bajo la Marca Pura Vida Farms, según reconoció el empresario implicado Ricardo Rudín en una nota escrita, en la que exoneraba de responsabilidad a la certificadora PrimusLabs.

El representante de Primus, Humberto González, envió correos alertando de la situación a las autoridades del MAG, pero estas no tomaron acciones. Autoridades del Programa Nacional Orgánico de Estados Unidos trasmitieron luego la queja de que no recibieron respuesta de Costa Rica a los correos que enviaron con la información correspondiente.

En noviembre 2015 se denunció desde Estados Unidos otro caso de un certificado adulterado, usado en fruta de una empacadora ubicada en Puerto Escondido de Pital, aparentemente relacionada con el mismo Rudín

Expansión piñera

A pesar de las denuncias ambientales y sociales por el uso de agroquímicos, la expansión del cultivo de piña sigue en auge en Costa Rica y en el 2017 las exportaciones alcanzaron $970 millones, 7% más que el año anterior, lo cual mantiene a esta la fruta en el segundo lugar como principal producto de exportación.

El área cultivada ocupa un territorio de 58.600 hectáreas (Ha), cifra que quintuplica las 11.000 Ha que había registradas en el 2000, según la medición del programa Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (Mocupp), realizado en colaboración con diversas entidades gubernamentales y agencias de ONU, y coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Del año 2000 al 2015, la expansión piñera se tragó 5.568,98 Ha de bosque, un territorio equivalente a los cantones josefinos San Pedro de Montes de Oca, Guadalupe y Tibás juntos.
La mayor pérdida de la cobertura forestal se dio en la región Huetar Norte, con un total de 3.192,70 Ha.

Esta región hospeda a la mayor parte del paisaje piñero con 37.718 Ha, seguida por la Región Huetar Caribe con 11.579, la Región Brunca con 8030 y la Región Pacífico Central con 1100 Ha, según los datos de Mocupp al 2015.

En cuanto a la piña orgánica, el área cultivada en el país es de 1800 Ha y la exportación de la fruta fresca alcanzó 11,3 toneladas en el 2016, de acuerdo con información aportada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la comisión legislativa que investiga la denuncia de un supuesto fraude con piña convencional exportada como orgánica.

Acreditación y vigilancia

El Ente Costarricense de Acreditación (ECA) es la organización responsable de otorgar las acreditaciones de las casas certificadoras en el país. Se trata de una entidad pública no estatal creada por ley en el 2002, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y productividad de empresas e instituciones en sus productos, bienes y servicios.

Las empresas certificadoras para agricultura orgánica son acreditadas por el ECA como organismos de certificación de producto, lo que implica que estos organismos deben demostrar su competencia técnica para la ejecución de las certificaciones, mediante el cumplimiento de la Norma internacional INTE-ISO/IEC 17065, relativa a la evaluación de la conformidad con requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios.

Estas deben conocer los requisitos y criterios establecidos en el Manual de Procedimientos para la Evaluación y Acreditación. Algunos requisitos son para el sistema de gestión que respalda la competencia de los organismos y otros son los mínimos esenciales para la demostración de la competencia técnica, según explicó Johanna Acuña, directora técnica de ECA.

Determinar la competencia técnica de un organismo de certificación de producto implica que el organismo demuestra que cumple con la calificación, formación, experiencia y competencia apropiada del personal para la ejecución del proceso de certificación.

Además, debe tener actividades respaldadas por un sistema de información y registro preciso de los datos y resultados de las inspecciones o de las evaluaciones y certificaciones de personas realizadas. Igualmente, deben contar con procedimientos adecuados para el mantenimiento, identificación, archivo y conservación de los datos y resultados de los procesos de certificación, entre otros factores.

¿Qué seguimiento da ECA a las empresas acreditadas para constatar que se desempeñan conforme a los requerimientos de la acreditación?

Acuña apuntó que la vigilancia de ECA para asegurar que se mantiene el continuo cumplimiento de los criterios de acreditación comprende una evaluación de seguimiento anual, una reevaluación cada cuatro años e indagaciones por parte del ECA hacia el organismo acerca de aspectos relativos a la acreditación.
Asimismo, incluye visitas no anunciadas y la revisión de las declaraciones del organismo con respecto a lo que cubre la acreditación, las solicitudes de proporcionar documentos y los registros para verificar el cumplimiento de requisitos, el seguimiento del desempeño del organismo y de los resultados de procesos de investigación por denuncias.

 

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