País

Empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís quedan libres mientras avanza ‘caso Cochinilla’

Resolución de Juzgado Penal de Hacienda rechaza solicitud del Ministerio Público de extender el arresto domiciliario que cumplían desde marzo como sospechosos de actos de corrupción

La prisión domiciliaria preventiva terminó el lunes para los empresarios de la construcción Mélida Solís y Carlos Cerdas, sospechosos de actos de corrupción del ‘caso Cochinilla”, detonado en junio del 2021.

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública determinó innecesarias las medidas cautelares que han cumplido por más de un año Cerdas y Solís, aunque desde hace seis meses cumplían arresto domiciliario.

Cerdas, presidente de la empresa MECO, y Solís, de la compañía H Solís, siguen siendo investigados por presuntos sobornos a funcionarios públicos encargados de la adjudicación y el manejo de las obras públicas viales en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Cerdas había pagado una fianza de $10 millones y Solís de $5 millones para que se les permitiera en marzo salir de las cárceles y cumplir la privación de libertad en sus respectivas casas. Ahora pueden circular libremente y sin tener que portar brazalete electrónico, confirmaron sus abogados defensores.

Mientras se resuelve una apelación de la Fiscalía a esta nuevas medidas, ambos empresarios sí deben cumplir la prohibición de salida del país y el impedimento de comunicarse con los testigos del caso que provocó incluso la salida de Emilia Navas como fiscal general, el 25 de junio de 2021, tras cuestionamientos porque su pareja es asesor legal de una de las compañías involucradas. 

El expediente de la investigación liderada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicaba que los actos irregulares en el manejo de las concesiones públicas habrían provocado una “laguna financiera” de ¢78.000 millones entre 2018, 2019 y 2020 por malversación de fondos manejos irregulares de los presupuestos. Sin embargo, este dato lo rebaten los abogados defensores y que dan como desestimado por la nueva resolución del Juzgado.

Mientras avanza la investigación judicial, está en trámite también la solicitud de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), que reclama el pago de 59.000 millones en favor del Estado como acción civil resarcitoria y daño social por parte de 78 personas físicas o jurídicas, funcionarios o no.

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