Un 90% de los recursos empleados por el Partido Integración Nacional (PIN) durante la campaña electoral del 2018 provenían de un solo empresario autobusero: Raymond Salim Simaan. Simaan, que opera una de las concesiones con más pasajeros en el país (INA-Uruca) y la concesión hacia las rutas de San José-Paso Canoas, San José-Quepos y San José-Dominical, compró al Partido Integración Nacional (PIN) ₡1.062 millones en certificados de cesión (usualmente denominados “bonos”), que permitieron financiar la campaña del excandidato Juan Diego Castro.
“La realidad que tuvimos como partido es que intentamos plantear la figura de un fideicomiso, pero la respuesta de siete bancos fue negativa. Eso nos limitó muchísimo para poder diversificar los aportes de campaña”, explicó Carlos Alvarado Castro, tesorero del PIN.
Buscado por el Comité de Finanzas del partido, Simaan financió al PIN después de que siete entidades financieras rechazaran la propuesta de un fideicomiso. Aunque Alvarado agradece el aporte de Simaan, la falta de diversificación en los ingresos que recibieron no lo complace. “Se buscó una figura que, difícilmente, es de aceptación total ahora (por la falta de diversificación)”, admitió.
Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento a los Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, indicó que el Tribunal cursó al financista un oficio acerca de asuntos relacionados con su solvencia económica para la adquisición de certificados.
A la fecha, el TSE no encontró ningún elemento que haga presumir la existencia de una anomalía.
“En términos de legislación es importante señalar que la ley no establece ningún límite para que una persona física adquiera determinada cantidad de certificados de cesión”, agregó.
APORTES A CAMPAÑA
Las donaciones de personas físicas y compras de certificados de cesión son mecanismos completamente legales de apoyo a los partidos, pero -en el caso de los autobuseros- también revelan la relación de políticos con sujetos de concesión.
UNIVERSIDAD cruzó las listas completas de accionistas y juntas directivas de todas las empresas con concesiones en el país, y encontró que 35 accionistas o miembros de sociedades anónimas han hecho algún aporte a partidos políticos.
La mayoría, salvo casos como el de Simaan, son aportes pequeños, menores a los ¢100.000. Sin embargo, destacan casos como el del accionista de la ruta San José Vargas Araya, Cristhian Gamboa, quien aportó ¢8.000.000 a la campaña del Partido Liberación Nacional en 2014, a través de donaciones.
En la contienda del 2010, el empresario Esteban Ramírez Bioley y su hijo donaron al mismo partido ¢1.640.000.
Además, el accionista de las rutas ligadas a Alajuela-Desamparados y Alajuela-INVU Las Cañas, Francisco Suárez Sardiñas, donó ¢1.120.000 a esa misma campaña.
Gilbert Fernández Solís, cuyo grupo opera en diez rutas claves del país como Barrio Escalante y San José-San Isidro del General, entre otras, aportó el 30 octubre de 2010 dos donaciones de ¢200.000 y ¢500.000 a los partidos Acción Ciudadana y Accesibilidad Sin Exclusión, respectivamente.
Marco Vinicio Herrera Alvarado, relacionado con las concesiones de Tuasa (que conectan San José con Alajuela) y Lumaca (que enlazan San José con Cartago) también donó ¢560.000 ese año al Partido Liberación Nacional.
Los hermanos Herrera Alvarado también destacan por otras relaciones con grupos políticos.
Por ejemplo, en mayo de 2017 un grupo de magistrados, diputados y políticos festejaron la designación del penalista Carlos Chinchilla como presidente del Poder Judicial en una finca privada, propiedad de los hermanos Herrera Alvarado.
Marvin Herrera Alvarado, uno de esos hermanos, también aparece en el Registro Nacional como tesorero de Riteve SyC, encargada de la Revisión Técnica de Vehículos en Costa Rica.
