El empresariado costarricense registró una percepción del desempeño económico “ligeramente mejor” que en el tercer trimestre del año pasado, según el Índice Empresarial de Percepción de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (Uccaep), el cual alcanzó 5.4 (de 10 puntos) mientras que el índice Empresarial de Confianza en el desempeño futuro obtuvo una marca un poco mayor: 5.8.
Ambos índices forman parte de la Encuesta Trimestral de Negocios Pulso Empresarial, cuyos resultados para el tercer trimestre del presente año fueron dados a conocer ayer.
La herramienta recolectó información de 383 empresas del sector formal agropecuario, comercial, de servicios, construcción, manufactura y finanzas entre del 26 de julio y el 12 de agosto del presente año.
Es una encuesta de panel -que se aplica a personas propietarias o gerentes generales de las mismas empresas cada vez- y tiene un 95% de confiabilidad y un margen de error estadístico del 5.6%.
Al interpretar los resultados, Jorge Luis Araya, director de la encuesta, resaltó que, a diferencia del resto de sectores, las empresas agrícolas y de construcción consultadas manifestaron un decrecimiento en su percepción de la economía y no esperan con la misma confianza que el próximo semestre sea mejor que el del año pasado.
La encuesta también consultó al empresariado sobre la situación general del país y del mercado laboral y encontró que los temas que el gobierno debe atender para reactivar la economía son aumentar el crédito productivo, bajar las tases de interés y simplificar los trámites para facilitar la operación de las empresas.
Además, flexibilizar las cargas laborales y tarifas eléctricas y reducir encaje mínimo legal.
Al evaluar los primeros 100 días de la administración Chaves y de la actual Asamblea Legislativa, las “notas” recibidas fueron, respectivamente, de 7.8 y de 6,6 en ambos casos sobre un máximo de 10.
En cuanto al mercado laboral, aumentó al 50% las empresas que consideran el bachillerato de secundaria como la calificación mínima mínimo que deben tener las personas para contratarlas.
Igualmente, se duplicó el número de empresas que ahora exigen personas con educación universitaria.
“Cada vez más empresas suben nivel calificación exigido”, comentó Araya.
También, un 70 % del empresariado consultado dijo que le resulta más difícil conseguir personas calificadas en los niveles técnicos medios y universitarios.
Perspectivas
El 18% de quienes respondieron dijo que sí piensa aumentar su planilla en el presente año, de la siguiente forma: un 50% contratará personas técnicas; un 20% no calificadas; y un 20% semicalificadas.
Además, solo un 9% contempla hacer despidos en el 2022.
Por su parte, el presidente de la Uccaep, Álvaro Jenkins, consideró urgente bajar las tasas de interés, para lo cual consideran necesario reformar el Sistema de Banca para el Desarrollo, de modo que “se puedan usar $500 millones que están allí parqueados” y modificar la definición de lo que se consideran micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), para aumentar el límite de tener menos de 100 personas empleadas, con el fin de que puedan beneficiarse de los apoyos especiales para las mipymes.
También consideró necesario recuperar el proyecto original para crear el Fondo de Avales.
Al respecto, dijo que la Uccaep no apoya la modificación que le introdujo en la parte final del debate legislativo la diputada Yorleny León, hoy presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social, por la cual se amplió a todas las empresas morosas en los beneficios de esa ley, que originalmente fue diseñada solo para las que resultaron con deudas como resultado de la crisis de la pandemia por Covid-19.
Jenkins también apoyó el anuncio oficial de vender el Banco de Costa Rica (BCR) y el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS), pero añadió que debe hacerse con “contenido social”.
“La venta de activos sí va en la vía correcta, pero deben explicar cómo hacerlo. Debe ser una venta con trasfondo social, que incorpore a cooperativas, a la sociedad civil, a los fondos de pensiones. Y ocupa 38 votos”, dijo.
“Que queden lo más repartido posible las acciones del BCR”, enfatizó.
Agregó que la Uccaep también apoya el proyecto de ley para introducir la jornada de trabajo flexible.
“Es muy oportuno que salga en estas sesiones (de la Asamblea Legislativa). El beneficio es mayor que el costo en cuanto a micro y pequeñas empresas (mipes), es necesario exonerarlas de cargas sociales y de la base mínima contributiva para asegurar trabajadores”, añadió.
Abogó por la creación de darles un estímulo fiscal en la forma de un “monotributo de seguridad social y renta para mipes”.
Jenkins consideró que “podemos avanzar” con el proyecto de establecer la renta global anunciado por la administración Chaves, en la medida que consista en unificar las rentas de todas las personas.
Sin embargo, dijo que el aumento de impuestos que pudiera implicar “es nuevo, no lo hemos discutido, unificar todas las rentas pasivas no se ha hablado”.
“Pero que se unifique y simplifique el sistema tributario, sí”, enfatizó.
Jenkins consideró que “la apertura del señor presidente a conversar (con el sector empresarial representado por la Uccaep) es otro cambio fundamental”.
Antes, Araya había resaltado como positiva la disposición del gobierno para facilitar la operación de las empresas”.
“Eliminar los cuellos de botella es fundamental. No habíamos vista tanta decisión en los últimos años en este tema, lo cual es necesario para generar más y mejores empleos. Y para que las empresas puedan trabajar. Esas señales son muy positivas”, dijo.
