La huelga de los empleados del Poder Judicial entró en pausa; está “suspendida” dicen los comunicados emitidos por el Frente Gremial que reúne a 25 organizaciones de empleados judiciales.
La huelga se suspendió el lunes 31 de julio, luego de ocho días hábiles de movimiento que incluyeron la cancelación de juicios programados y hasta la realización de autopsias (estas últimas se reanudaron tras fallo de la Sala Constitucional y el inicio de una investigación de la Fiscalía a los funcionarios que incumplieran).
La “suspensión temporal” se logró tras un acuerdo entre los funcionarios y la Corte Suprema de Justicia (con excepción de los magistrados de la Sala Constitucional, que se abstuvieron de votar), quienes hicieron un proyecto de ley consensuado para reformar el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
Ahora, la pelota la tiene el Poder Ejecutivo, pues la tarde de este martes el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, recibió de manos del presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, y de representantes gremiales ese plan consensuado.
La idea inicial de los funcionarios judiciales era que, al estar en sesiones extraordinarias de agosto, el presidente Solís “desconvoque” el expediente 19.922, el cual fue dictaminado el 27 de julio por la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa y que reduce beneficios en las pensiones y jubilaciones de empleados judiciales.
No obstante, el mandatario Solís dejó claro este martes que no sacaría de la agenda el plan de ley ya dictaminado. Resaltó que ese proyecto todavía está en un proceso en el que debe ir a consulta y que eso tomará varias semanas, “por lo que no parece oportuno desconvocar ese proyecto”, manifestó.
El presidente sí se comprometió a “estudiar detalladamente” la nueva propuesta de los gremios y la Corte.
Ese texto de consenso fue llevado el mismo lunes por el diputado frenteamplista, Jorge Arguedas, como un dictamen de minoría, a la Comisión de Pensiones de la Asamblea Legislativa.
Según los gremios, el dictamen de minoría “incorpora el espíritu y las posiciones que ha venido defendiendo el Frente Gremial desde el 2014”. Meses atrás, los sindicatos y la Corte discrepaban sobre las reformas que debía tener su Fondo de Pensiones.
Los gremios judiciales advirtieron el lunes: “Dependiendo de la anuencia que encontremos en los distintos sectores que participan en esta negociación nos reservamos la posibilidad de ejercer nuevamente nuestro derecho a huelga”.
Férrea oposición
Durante días, previo a que el proyecto de ley fuese dictaminado en la comisión legislativa, los representantes gremiales estuvieron en la barra del público mostrando su inamovible postura sobre el proyecto que dictaminarían los legisladores.
Ahí se encontraban el miércoles 19 de julio cuando dicha comisión optó por descartar una propuesta de reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial elaborada por los mismos gremios. Desde entonces, los funcionarios judiciales se declararon en huelga.
También fueron llamados a hablar en la comisión, pero sus argumentos no cambiaron el parecer de la mayoría de los diputados, quienes basaron su planteamiento en un informe actuarial del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual concluyó que el Fondo de Pensiones es insolvente.
Los funcionarios judiciales rechazan el texto aprobado por la comisión porque establece que la jubilación sea del 85% del promedio de los últimos 240 salarios percibidos. Mientras que el plan de los gremios proponía que se defina según el tiempo de laborar del funcionario. En el último plan consensuado con la Corte, determinaron que se fijara según los últimos 120 salarios percibidos.
La Comisión, además, decidió que la edad de retiro sea de 65 años, pero los funcionarios judiciales buscan que sea de 62 años para los hombres y 60 para las mujeres.
El proyecto dictaminado también estipula un tope máximo a las pensiones de 10 veces el salario más bajo pagado en el Poder Judicial, que actualmente sería de ¢4 millones, y una cotización de entre un 11% y 15%, según el monto del salario.
Pero, también, incorpora una contribución solidaria que puede ser de entre el 25% y el 55% sobre el monto que la jubilación exceda al tope establecido.
En la comisión legislativa, Jorge Arguedas fue el único diputado que se opuso al proyecto dictaminado. Ese órgano también está conformado por Marcela Guerrero y Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Maureen Fallas, Sandra Piszk y Julio Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN); Natalia Díaz, del Movimiento Libertario; Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense.
Consideración de género
Uno de los puntos de debate sobre los proyectos de reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial es la edad de retiro para hombres y mujeres.
La magistrada presidenta de la Sala Tercera y de la Comisión de Género del Poder Judicial abogó porque se realizara en el proyecto de ley esta consideración de género, en razón de “las dobles y triples jornadas laborales que asumen las mujeres en relación con las tareas domésticas y de cuido, consecuencia de la división sexual del trabajo que aún impera en nuestro país y a nivel mundial”.
La funcionara realizó un estudio en el que concluye que la edad de retiro de las mujeres debe ser menor a la de los hombres y con ello respaldó la propuesta de los gremios (ahora consensuada con la Corte) para que las mujeres se jubilen a los 60 años y los hombres a los 62.
