Emilia Navas era un nombre desconocido para la esfera política hasta el 13 de octubre del 2017, cuando el estallido del escándalo del “cementazo” hizo cimbrar las paredes de la Corte Suprema de Justicia que en esa fecha la juramentó para dirigir el Ministerio Público en lugar del abogado Jorge Chavarría, caído por ese mismo caso.
Emilia Navas Aparicio tenía entonces 52 años y un aura de heroína anticorrupción de parte de sectores diversos que criticaron con dureza la gestión del fiscal Chavarría en delitos de cuello blanco. La interina tenía el enorme beneficio de la duda del público y tenía, eso sí, una fama institucional de estilo imperativo que aplicaba en la Fiscalía de Fraudes y anteriormente en la Fiscalía de Heredia.
La crisis del “cementazo” llegaba a su punto más alto y miembros de los tres Poderes de la República estaban en la mira de la nueva jefatura de la Fiscalía General, por primera vez en manos de una mujer, para rematar con los puntos favorables que entonces se le veía al nuevo nombramiento formalizado con el juramento que le leyó el entonces presidente de la Corte Suprema, Carlos Chinchilla, a pocos días de su caída por ese mismo escándalo.
Vinieron pronto los anuncios de reapertura de casos de alto impacto político, allanamientos múltiples, solicitudes de prisión preventiva y mensajes que reforzaron su perfil de “dama de hierro”, mientras que el Poder Judicial crujía entre discusiones sobre reformas mayores, y la discusión nacional se distraía con la la candente campaña electoral del 2018 y los asuntos propios de un nuevo gobierno en medio del debate de una reforma fiscal.
Navas, sin embargo, ejecutó acciones que le valieron la confianza de la Corte Suprema para nombrarla de manera formal como jefa del Ministerio Público, un cargo de altas potestades y márgenes de acción amplios, establecidos por ley, sin que deba esperar que se le autoricen actos como allanar la mismísima Casa Presidencial, una acción inédita que ella dirigió dos años después por el caso Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Navas fue ratificada en marzo del 2018 y ahora, tres años después, defiende una gestión de estilo personalista y fuerte que, sin embargo, ha quedado lejos de las altas expectativas que rodearon el nombramiento y los primeros meses. Los casos del “cementazo” siguen bajo investigación, han muerto dos de los personajes de aquella red de influencias (Mario Barrenechea y Mariano Figueres), la Corte Plena ha cambiado su conformación y en la mira de la Fiscalía han entrado muchos de los funcionarios del gobierno actual, empezando por el presidente Carlos Alvarado.
Se lo dijo el presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz, a Navas este 8 de marzo durante la rendición de cuentas anual: “tenemos una gran disfunción en delitos de cuello blanco”, consciente de que no todo depende del Ministerio Público. Ella le contestó que sí, pero que esa misma situación tienen otros países de América Latina.
Sin reducción notable en los plazos de las investigaciones, sin conclusiones en algunos casos de alto interés político y errores de la Fiscalía señalados por jueces son parte de los cuestionamientos que ahora se hacen a la gestión de Navas, además de filtraciones de información y formas que ponen en duda la autocontención en causas que involucran la institucionalidad del país, como señalan algunos críticos desde un enfoque más amplio.
Sus acciones conllevan un fuerte efecto mediático que propicia la tendencia de convertir las instancias judiciales en escenarios de batallas políticas, además de que ella admitió que una de las prioridades está puesta en atender los asuntos de mayor interés público, sin que se conozca con cuáles criterios se mide.
Alto volumen
Más de 100 casos abiertos después de que ella asumió el puesto se acumulan “en trámite” en el despacho de Navas y su equipo más cercano, en contra de miembros de los supremos poderes, según datos entregados por la oficina de Prensa del Ministerio Público. Se suman 15 casos que para marzo, tres años después de la juramentación, habían llegado a la fase de acusación, incluido el que derivó en un juicio de absolutoria para el alcalde de San José, Johnny Araya, el exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscal subrogante Berenice Smith por un supuesto favorecimiento indebido.
Esa absolutoria no era cualquier absolutoria. Además de la notoriedad de los acusados, el “por tanto” leído por los jueces el 24 de marzo llegó acompañado de una reprimenda al manejo que dio a este caso la Fiscalía y de la apertura de una investigación a su representante, Natalia Rojas, por supuesto falso testimonio en el juicio.
Esa absolutoria, además, no era el primer traspié para la Fiscalía. En junio de 2019 el veredicto de los jueces resultó favorable para Jorge Chavarría, quien había sido acusado por no haberse abstenido de conocer investigaciones contra Celso Gamboa, su número dos en los años 2015 y 2016, a pesar de la “amistad íntima” que señalaba la Fiscalía como motivo de irregularidad.
“Mientras todos los costarricenses estaban viendo qué pasaba con el ‘cementazo’, la fiscala general revisaba mis casos para ver qué encontraba y como no encontró nada se encontró dos desestimaciones en el 2014 y monta esta mentira, va a la Inspección Judicial con documentos firmados por ella y afirma que conozco a Celso desde que nació”, alegó entonces Chavarría.
Ambos casos son parte de los resultados de los más de 1.000 días del período de Navas en el cargo, de los pocos que han llegado a juicio o que han avanzado a etapa de acusación, en un contexto que propicia los largos tiempos, según las justificaciones que dio Navas este 8 de marzo al ser cuestionada por Fernando Cruz.
La justificación es que son casos más complejos, con abundancia de acusados, formalidades en requisitos para las gestiones internacionales y con numerosas gestiones de abogados defensores, lo que “impide resolver casos con celeridad”, dijo ese día Navas antes de que otra magistrada, Patricia Solano, le señalara también que los resultados han sido inferiores a los que ella esperaba a pesar de la asignación de más recursos para la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción a cargo de esos casos.
“El tiempo que pasa es la verdad que huye”
El problema de la dilación en las causas no es solo el incumplimiento de expectativas populares, sino también la atención y la tensión que los sospechosos deben mantener por años antes de saber su suerte judicial. Son años con la etiqueta de “sospechosos”, “imputados”, “acusados” o “corruptos por confirmarse”, como se quejaba un abogado defensor semanas atrás. Además, el tiempo que pasa atenta contra la posibilidad de las investigaciones de conocer la verdad, como lamentó el exmagistrado José Manuel Arroyo en comentarios a este semanario y como reconoció Navas en un programa radiofónico del Ministerio Público. El paso del tiempo incide en la probabilidad de sentencias absolutorias, dijo en alusión a uno de los factores que, a su vez, incide en la impunidad.
En el registro queda la larguísima prisión preventiva del empresario Juan Carlos Bolaños, centro del caso “cementazo”. Fueron tres años privado de libertad, la mitad en una cárcel y la mitad en su casa. Ahora se mueve libremente en espera de lo que pasen con las investigaciones en su contra. Queda también el espectacular despliegue en los allanamientos del caso UPAD que hizo al mandatario Alvarado entregar su teléfono celular.
En tres años sobresalen también casos que llegaron a nada, como el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, por falta de pruebas, o la acusaciones por delitos sexuales contra el expresidente Óscar Arias, quien fue sobreseido porque las dos mujeres que lo acusaban retiraron sus denuncias por motivos que no se informaron públicamente. En total pasó año y medio sin que la Fiscalía presentara acusación alguna contra Arias.
Para Evelyn Villarreal, coordinadora del Informe Estado de la Justicia, es claro que las dilaciones no son 100% atribuibles a la Fiscalía, pues esta es solo un eslabón de los procesos judiciales. Sin embargo, advirtió que sobre la institución recae buena parte de la responsabilidad y por ello debería tener iniciativas públicas que permitan algún grado de seguimiento, dentro de lo que permite la discrecionalidad de algunas fases.
“Puede quedar la sensación de que no está pasando nada en esos grandes casos. Es cierto que a veces hay audiencias judiciales programadas para dentro de año y medio, o informes del OIJ que tardan un año, pero eso debería conocerse también. Le ha faltado transparencia proactiva para que la gente sepa cómo van los trabajos”, señaló Villarreal, consciente de que el contexto del 2017 hizo a Navas comenzar bajo una fuerte presión popular para perseguir delitos de cuello blanco.
Este, entonces, ha sido un sello de la gestión de de Navas, comenta la experta. Se ha conjuntado el estilo combativo de la Fiscala con un contexto de opinión pública que aprecia las acciones contra de figuras con poder político.
La institución que dirige Navas, sin embargo, no puede decidir dejar de investigar las denuncias que llegan, por absurdas que parezcan. Lo que sí podría es acortar los plazos para darles trámite o descartarlas, o manejar las formas de actuar, de manera más mediática o no. En una entrevista para esta información, Navas sostiene que solo actúa en todo el espacio que la ley le faculta y que en sus consideraciones no debe estar el efecto que tenga sobre el sistema político.
Marco Feoli, doctor en Derecho y ministro de Justicia en el gobierno anterior, lo comenta desde un enfoque garantista: “Las instituciones punitivas (Ministerio Público) deben conducirse con enorme prudencia y contención. La pregunta es si eso ha pasado en estos tres años, porque hay casos muy llamativos pero no se pueden ver como normales. Debe haber una cuota de autocontención, no actuar solo porque la ley lo permita; hay líneas rojas que no se cruzan para proteger la credibilidad de la institución. La pregunta es si se ha hecho así”, cuestiona.
La Corte Plena sí parece satisfecha, a juzgar por la nota 100 que le atribuyó en calificación del desempeño. Navas asegura que percibe apoyo a su gestión, que su estilo busca solo la eficacia y valora las acciones ejecutadas “valientemente” ante actores de poder y con sensibilidad para poblaciones vulnerables. Espera que el resultado de refuerzos asignados a la Fiscalía (“insuficientes aún”) se evidencien en mejores resultados a partir del próximo año. Aduce, además, que la ciudadanía apoya su gestión y que el éxito no depende de cuántos casos lleguen a juicio o condenas, sino que las investigaciones correctas son resultado en sí mismas.
El cargo es complejo, reconocía el 8 de marzo Fernando Cruz, quien hace 35 años lo ejerció como titular, en un contexto muy diferente al actual. Sus preguntas a Navas mostraban algún grado de reticencia, cuestionamientos reales y también prudencia que dejó patente al finalizar la sesión: “Todos (los magistrados) tenemos aquí alguna aprehensión de preguntarle, porque la mayoría somos encartados (investigados) suyos. Eso limita y da la idea de la trascendencia del trabajo que usted tiene”.
Emilia Navas: “los magistrados no tendrían motivos para no volverme a nombrar”
Entrevista virtual realizada este 13 de abril con la Fiscala General, en atención a los tres años de su nombramiento como titular en ese cargo, a raíz del escándalo del “cementazo”. El siguiente es un extracto de ella.
¿Cómo evalúa sus tres años desde las circunstancias que marcaron su llegada a la jefatura del Ministerio Público?
_Es cierto que hubo una razón particular por la que yo fui nombrada, una situación de cuestionamientos por acciones a nivel institucional, pero hay que atender todo; lo jurídico, los procedimientos, lo presupuestario. Hubo un motivo, pero la responsabilidad es total. La ventaja es que somos un equipo de trabajo comprometido y con una misma visión, independientemente de que esta es una estructura vertical.
¿Cómo tienen una misma visión si muchos de ellos ya estaban antes de que usted tomara el cargo?
_Es cierto que cada fiscal general tiene su estilo y sus prioridades, y un contexto específico, pero es general el afán de dar un servicio de calidad al país. Además, es cierto que he podido hacer nombramientos de profesionales muy calificados. Por eso hemos conseguido una mejora en el servicio que reconoce la ciudadanía.
¿Cómo sabe usted que la ciudadanía valora bien su trabajo?
_Tenemos redes sociales, recibimos correos electrónicos, hacemos ejercicios abiertos de rendición de cuentas y tenemos relaciones con otras instituciones que forman parte de la sociedad.
Dice usted que cada fiscal general tiene su estilo de gestión. ¿Cómo describe el suyo?
_Yo tuve una ventaja: ya tenía una carrera de casi 30 años y conocía el trabajo de fiscalías territoriales y especializadas. Soy de un estilo muy estricto, muy riguroso y tengo clara la responsabilidad de estar al frente de una institución como esta.
Decía que también tiene claro el contexto en que llegó. Hace un año dijo que en ocho meses estaría listo el caso del cemento, pero sigue pendiente.
_Este caso es tan complejo que yo conversé con el fiscal adjunto de Probidad, Carlos Meléndez, para que adelantara el estudio de los expedientes mientras se concluye el proyecto de requisitoria (acusación ante tribunales). Ya tenemos todas las pruebas necesarias, incluida una que llegó de China.
¿Cuánto del éxito de su gestión depende del caso del “cementazo”?
_El éxito depende de la probidad de las acciones, no necesariamente de acusaciones o condenas. Lo que debe pesar es el haber actuado con responsabilidad y probidad. En manos del Ministerio Público no está la decisión final de los tribunales, porque es una cuestión de criterio. Me nombraron porque se cuestionaba si había probidad en la anterior gestión. La ciudadanía pedía probidad, que no significa acusar todo arbitrariamente. Creo que he recuperado la confianza del país en el Ministerio Público; valientemente hemos investigado y ya eso debe dar confianza, sin que se discrimine según la persona afectada.
¿Dice que las investigaciones son resultado de sí mismas?
_Es que no importa qué tan bien vaya amarrado el caso si al final el tribunal de juicio decide que no coincide. De nosotros depende la decisión de investigar un presunto hecho corrupto, sobre todo de un poder de la República, valientemente cuando procede. Ese era el cuestionamiento que había. Por primera vez hay un trabajo transparente en el Ministerio Público.
¿Cuánto margen de discrecionalidad tiene dentro de los límites que le marca la ley?
_La ley dice cómo actuar, pero mi trayectoria y experiencia ha tenido peso importante, dependiendo del tipo de delincuencia, aún con personas con fuero, puedo ver si tengo elementos para demostrar cómo descartar o confirmar un hecho delictivo. La ventaja es que estas diligencias las ve el Tribunal de Casación, que analiza si está bien fundamentada. Ese allanamiento a Casa Presidencial, por ejemplo, yo lo solicité y la Casación autorizó.
¿Cabe hacer la consideración de actuar con la ley pero sin meter más presión sobre la institucionalidad?
_Es que mi obligación es investigar cuando se nos informa de un hecho. El hecho de que el denunciado tenga fuero no tiene por qué incidir.
¿Pero sí sabe que la institución que usted dirige también es usada como escenario para rivalidades políticas?
_Yo no he permitido que se instrumentalice, pero tampoco voy a dejar de investigar porque haya personas que señalan un interés político. Mi obligación es investigar independientemente de la persona. Eso jamás debe de pesar.
¿Sabe que la opinión pública en general no siempre asimila las diferencias entre “denunciado”, “investigado”, “imputado” o “acusado”?
_Por eso nosotros aprovechamos el trabajo de los medios de comunicación, aunque debería estar incluido en la educación formal. Sí hemos notado que hay un antes y después con el 2017. Esa coyuntura llamó a la población a interesarse más en nuestro trabajo.
¿Cree que aún hoy volverían a nombrarla en el cargo los magistrados de Corte Plena?
-Percibo que tengo confianza de ellos y por eso la nota de desempeño Sí le puedo decir que no tendrían motivo para no volverme a nombrar.
¿Buscará la reelección?
_No he pensado en eso; mejor hágame esa pregunta a final de año.
