El presidente Rodrigo Chaves dio un paso más en sus posiciones desafiantes sobre el sistema judicial al anunciar su intención de utilizar la Procuraduría General de la República (PGR), a la mano del Gobierno central, para desarrollar funciones que habitualmente posee la Fiscalía General de la República en el Poder Judicial.
Acompañado de cuestionamientos directos al trabajo de la Fiscalía al calor de las denuncias por supuesta evasión fiscal de un empresario banquero propietario del medio CRHoy, Chaves dejó en el ambiente una propuesta que genera inquietudes y críticas por la aparente intención de hacer que el Poder Ejecutivo concentre poderes en grado excesivo y erosione el equilibrio con otros poderes.
El factor clave es un artículo contenido en el Código Procesal Penal sobre las potestades de la Procuraduría, órgano que actúa como abogado defensor del Estado, según el cual, esta entidad podría actuar como investigador en asuntos penales y acusador directo ante los tribunales, funciones típicas del Ministerio Público.
El exprocurador Julio Jurado y el penalista Federico Campos señalaron que, si bien ese artículo abre esa posibilidad, el articulado legal está hecho para que la Fiscalía tenga la exclusividad de las funciones investigativas y acusatorias, tal como ha ocurrido por décadas.
Ahora, sin embargo, hay un contexto político diferente con el presidente Chaves presentándose como representante de las preocupaciones y opiniones del pueblo ante los asuntos del Poder Judicial. Su discurso en casi nueve meses de gobierno ha sido abundante en críticas al funcionamiento judicial, colocándolo como parte de la vieja política o de la corrupción asociada a los partidos políticos tradicionales.
Su última crítica fue contra la decisión de la fiscala Criss González de solicitar la desestimación de una causa penal contra el empresario banquero Leonel Baruch, copropietario del medio de CRHoy. El presidente Rodrigo Chaves hizo comentarios que sugerían una posible anomalía en esa gestión y mencionó antecedentes profesionales que, según él, desvirtúan la legitimidad de los actos de la fiscala e introducen un posible favorecimiento indebido para Baruch.
El expediente en cuestión se abrió en octubre y corresponde con la denuncia que hizo la semana antepasada el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, sobre un presunto “megacaso” de defraudación fiscal, sin decir que la denuncia existía desde el año pasado y sin mencionar que es objeto de una solicitud de desestimación por falta de pruebas, como se conoció horas después por confirmación del Ministerio Público.
Chaves no solo cuestiona la legitimidad de esa solicitud de desestimación, por considerar que tres meses es un tiempo sospechosamente corto para plantearla, sino que da señales de desconfianza de la Fiscalía y anuncia que pretende hacer que la Procuraduría trabaje “como Dios manda”.
Para eso la instrucción al ministro de Justicia, Gerald Campos, quien le obedeció y envió la propuesta a la Procuraduría, entidad que está bajo su estructura pero que actúa con independencia. Así lo recordó en una respuesta la actual procuradora adjunta, Magda Inés Rojas, sin aludir directamente al planteamiento, aunque en una entrevista posterior dada a CRHoy fue más directa: “La Procuraduría no se instrumentaliza. La Procuraduría en este proceso, como en cualquier otro, va a ejercer las acciones correspondientes. Es la Procuraduría la que fija la estrategia del proceso. Esa estrategia, de acuerdo con los artículos 20 y 21 (de la Ley Orgánica de la Procuraduría), de ahí se deriva”.
Consultada por este semanario, la PGR no da indicios de un cambio en sus métodos de trabajo: “Hay un proceso penal en curso y en que la PGR es parte, cumpliendo con su función de representante del Estado en juicio”.
Magda Inés Rojas habla como jerarca interina de la PGR, pues Julio Jurado se jubiló en mayo y desde entonces está vacante la plaza de procurador de la República. Aunque el presidente Rodrigo Chaves nominó este mes al penalista Cristian Arguedas para que así lo ratificara la Asamblea Legislativa, este desistió del nombramiento después de recibir numerosos críticas por los contenidos irrespetuosos y políticamente incorrectos que él había emitido en sus redes sociales meses atrás.
Ambiente agitado
Ahora la Procuraduría sigue sin su mayor jerarca y alojada en el terreno de la controversia por las intenciones de Rodrigo Chaves, colocada como posible camino paralelo al Ministerio Público donde se investigan causas de financiamiento electoral que también comprometen al mandatario y figuras cercanas suyas por actos sospechosos durante durante la campaña electoral.
“El problema es que la Procuraduría pertenece al Ministerio de Justicia y, por tanto, pertenece al Poder Ejecutivo. ¿Cómo vamos a trasladar al Ejecutivo una función que es del Poder Judicial por ley? Tendríamos dos acusadores y el Ejecutivo a quienes va a perseguir. El peligro de persecuciones políticas a los que lo adversan, que lo que se está investigando de estructuras paralelas lo puede tomar la PGR y archivarlas”, dijo Campos en el programa Interferencia, del sistema de Radios de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Esto, sin embargo, tiene antecedentes que posiblemente empezaron con la visita de Chaves a la Corte Plena en junio, cuando golpeó la mesa a los magistrados con críticas sobre la tardanza en procesar casos, sobre la atención a denuncias de connotación política y sobre el gasto del Poder Judicial, con señalamientos a los salarios.
Chaves también ha acusado a la Sala Constitucional de “contorsionismo” jurídico, en alusión a resoluciones que ha tomado y que él considera no se sostienen suficiente con las leyes vigentes. “Claro que el presidente no confía en el Ministerio Público porque no lo puede manipular. Ese es el peligro de acercarse a esas decisiones. Por eso se está deslegitimando al Poder Judicial y la gente cree que es por el pueblo”, añadió Campos, quien ha sido profesor de Derecho Procesal Penal en la UCR.
Esta posición coincide con algunas expresiones de diputados opositores de distintos partidos, centradas en el peligro para el concepto de división de poderes y para la institucionalidad en el sistema democrático por el que se reconoce Costa Rica internacionalmente.
“Esto es un intento de poner en tela de duda todo el sistema judicial y la forma en que se dirige (el presidente) al fiscal general no es de recibo. La institucionalidad debe estar al servicio de la ciudadanía, no del presidente de turno”, dijo a la prensa Kattia Rivera, jefa de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN).
El legislador Pedro Rojas, de la bancada verdiblanca, presentó de inmediato un proyecto de ley para derogar ese artículo 16 del Código Procesal Penal, con el objetivo de que la Procuraduría no obstaculice ni menoscabe el principio de división de poderes, ni sirva como instrumento para los gobernantes de turno.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, hizo “ante los últimos acontecimientos de la agenda nacional” un llamado por el respeto a la institucionalidad y el respeto entre poderes, aunque sin mencionar a Chaves ni el caso Baruch.
“El poder que nos ha sido otorgado de forma temporal debe ser utilizado con una gran contención, de forma responsable y siempre teniendo presente el bienestar de las y los habitantes de la República. Esto implica respetar de forma absoluta la independencia de poderes y las decisiones tomadas de forma legítima por las instituciones competentes, aun cuando no sean de nuestro agrado. Lo contrario sería caer en el autoritarismo, en el abuso del poder”, mencionó Arias.
En línea similar se manifestó cinco días después la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), a pesar del notorio apoyo en que en estos nueves meses le ha dado a Chaves: “hacemos un vehemente llamado a los Poderes de la República y a todos los sectores del país para que Costa Rica siga siendo un faro de respeto de la democracia y la institucionalidad, en pro del desarrollo social y económico”, evitando también mencionar de manera explícita al mandatario.
