Kristalina Georgieva, directora Gerente del FMI, propuso, el pasado 21 de mayo, invertir US $50 mil millones en donaciones, recursos nacionales y financiamiento concesional como parte de un plan para acelerar el fin de la pandemia de COVID-19 en el planeta.
El plan, elaborado por el equipo de investigación de la entidad, incluye la vacunación del 40% de la población en todos los países para finales del presente año y de al menos el 60% hacia la mitad del próximo. Así como el monitoreo y bloqueo de los riesgos de repuntes de la pandemia, el aseguramiento de un amplio testeo y rastreo, el mantenimiento de stocks adecuados de medicamentos e insumos terapéuticos, y la puesta en práctica de medidas de salud pública en los lugares donde la cobertura es baja.
Además, la funcionaria internacional aseguró que se justifica entregar a los países hasta US $35 mil millones en donaciones.
“La buena noticia es que los gobiernos del G20 ya han identificado la importancia de donar US $22 mil millones para cubrir la brecha de financiamiento, mediante el acta del “Acelerador de Acceso a Herramientas contra COVID-19”. Esto deja por llenar una necesidad adicional de solo US $13 mil millones en donaciones contributivas”, escribió Giorgeva en un blog del Fondo Monetario Internacional (FMI), en conjunto con las economistas Gita Gopinath y Ruchir Agarwal.
“El resto del total del plan de financiamiento -de unos US $15 mil millones- podría provenir de los gobiernos nacionales, potencialmente apoyados por las facilidades de financiamiento por COVID-19 creadas por los bancos multilaterales de desarrollo”, añadió.
“Salvar vidas y medios de vida no debería necesitar justificación, pero poner un fin más rápido a la pandemia también podría inyectar US $9 billones a la economía global para el año 2025, debido a una recuperación más acelerada de la actividad económica”, argumentó.
Según Giorgeva, las economías más avanzadas, que gastarían más en este esfuerzo, podrían ver “el retorno más alto por la inversión pública en la historia moderna, capturando el 40% del acumulado de US $9 billones en las ganancias del PIB global y US $1 billón en ingresos fiscales adicionales”, estimó.
Los pasos claves recomendados por el FMI para llevar a cabo este plan son siete, los cuales se dividen en tres áreas: alcanzar las metas de vacunación, asegurar la prevención contra nuevos riesgos de retroceso, y gestionar el período durante el cual la oferta de vacunas es insuficiente.
En cuanto a la primera área, se proponen tres pasos a seguir; en primer lugar, proveer adelantos de donaciones de al menos US $8 mil millones al mecanismo COVAX, para ayudar a terminar las órdenes y activar la capacidad ociosa de vacunas; en segundo lugar, asegurar el libre paso de los flujos de materiales y vacunas por las fronteras, pues las restricciones perjudican el acceso a la vacunación a miles de millones de personas en el mundo en desarrollo; y en tercer lugar, donar inmediatamente los superávits de vacunas, debido a que el FMI proyecta que al menos 500 millones de estas -equivalentes a mil millones de dosis- pueden ser donadas este año, incluso si los países dan preferencia a sus propias poblaciones.
Estas donaciones, que incluirían los costos de envío, se harían por medio del mecanismo COVAX, de modo que las vacunas sean compartidas siguiendo principios de equidad y de salud pública.
“Estimamos que las medidas contempladas en estos tres primeros pasos pueden ser suficientes para alcanzar la meta del 40% de vacunación para finales del 2021, y el 60% para la primera mitad del 2022, si no ocurren contratiempos”, escribe Giorgeva.
En cuanto a la segunda área, los pasos incluyen realizar inversiones de riesgo por US $8 mil millones para diversificar e incrementar la capacidad de producción de mil millones de dosis a comienzos del 2022, con el fin de manejar los riesgos de retrocesos en 91 países de ingresos bajos y medios, incluyendo nuevas variantes del virus que requieran de vacunaciones de refuerzo. Asimismo, incluye el aumentar la escala de la vigilancia genómica y de las cadenas de suministros sistémicas mediante planes de contingencia concretos, y así manejar las posibles mutaciones o un shock en las cadenas de suministros.
Además, los planes de contingencia, por un valor de US $3 mil millones, deberían ser preparados con la participación de las agencias multilaterales, desarrolladoras y fabricantes de vacunas, así como de gobiernos nacionales claves.
Con respecto a la tercera área, los pasos propuestos son dos. Por un lado, asegurar un amplio testeo,suficientes terapias, medidas de salud pública y preparación para el despliegue de la vacunación por un monto de US $30 mil millones. Y, por otro lado, evaluar e implementar urgentemente -allí donde se aprueben- estrategias de estiramiento de las dosis para expandir la oferta efectiva, por US $2 mil millones.
Algunas medidas adicionales tendrían un costo de US $3 mil millones.
Según Giorgeva, esta propuesta complementa el trabajo de otras instancias multilaterales, el cual se centra en prevenir futuras pandemias, “pero el foco de este nuevo plan está en la necesidad de controlar la presente pandemia, para lo cual los países deben trabajar en conjunto”.
“El mundo no tiene que pasar por el dolor de un nuevo resurgimiento récord de casos de COVID-19. Con acción global ahora, y con muy poco en términos de financiamiento en comparación con los beneficios, podemos salir de un modo duradero de esta crisis de salud”, concluyó.
Por otra parte, el FMI reportó que está recibiendo a un buen ritmo -aunque fluctuante, según las condiciones-, “los recibos” o la rendición de cuentas exigida a los países que utilizan sus préstamos debido a la crisis causada por la pandemia de la COVID-19, lo cual incluye la publicación de los contratos y los datos de los beneficiarios finales de las empresas que se contratan para atender la crisis.
Mientras que solo la mitad de las naciones que han recibido sus préstamos -como Benin, Ecuador, Jordania, Malawi y Moldavia- cumplen con aportar la información de los beneficiarios finales de esos contratos, Brazil, Colombia, Costa Rica, Francia y Perú son mencionados como estados que publican regularmente esa información en sitios públicos destinados para el efecto.
Mientras que estos últimos cinco países,respectivamente, “publican información comprehensiva sobre el gasto en portales dedicados a la transparencia”, otros, como Corea del Sur, conducen auditorías externas frecuentemente, con el fin de verificar el gasto relacionado con la pandemia.
En República Dominicana, Guinea, Nepal y Ucrania, la publicación de los contratos es limitada, pero el Fondo les brinda apoyo para mejorar su implementación.
La entidad afirma que a mediados del 2022 realizará un balance de la puesta en efecto del marco establecido para estos efectos, con el fin de “continuar apoyando a los países miembros en fortalecer la gobernanza”.
En marzo pasado, el Fondo anunció la aprobación de un acuerdo ampliado de 36 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) solicitado por Costa Rica, por unos US $1.778 millones.
Esta aprobación permitió un desembolso inmediato equivalente a US $296,5 millones, y complementa el apoyo de emergencia dado a Costa Rica en abril de 2020 por el 100% de la cuota que le corresponde en el FMI, equivalente a US $521,7 millones.
Actualmente, la Asamblea Legislativa está en el proceso de decidir si aprueba o no recibir este préstamo.
Los países receptores de préstamos del FMI aceptan evaluaciones en cinco áreas para salvaguardar el buen uso de los recursos: un mecanismo de auditoría externa, la estructura legal y la autonomía de los bancos centrales, la información financiera, un mecanismo de auditoría interna, y sistemas de control interno.
Los bancos centrales están a cargo de proveer al organismo la información sobre esas cinco áreas.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, la “consigna” del FMI para los países que solicitan sus créditos para financiar la lucha contra el virus es “gasta lo que debas, pero guarda los recibos”.
