La Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, afirmó en la comisión legislativa de Asuntos Sociales que el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) tiene costos transaccionales muy altos y que lo mejor sería convertirlo en un seguro de desempleo o, al menos, ir avanzando y, en lugar de entregarlo cada cinco años, hacerlo cada diez años para mejorar su rendimiento; una idea que no es bien recibida por parte de diversos sectores sociales y expertos en Economía.
Luego de una consulta realizada por la diputada socialcristiana Melina Ajoy, Aguilar indicó que desde la Supen han realizado encuestas y la mayoría de las personas han dicho que tienen contabilizado el FCL (que se entrega cada cinco años) para diferentes cosas, por lo que, en su criterio, pierde el objetivo inicial de que fuera un apoyo para la época de jubilación.
“Si bien nos gusta retirarlo cuando se cumple el quinquenio, alrededor del 70% de las personas le dan uso antes de esos cinco años, porque no logran conservar su trabajo; de hecho, quienes sí lo mantienen por ese período son, en su mayoría, empleados públicos. Si lo convertimos en un seguro de desempleo podríamos cubrir a una mayor parte de la población”, dijo la superintendente frente a los diputados.
Esta afirmación fue consultada a diversos dirigentes de organizaciones sindicales y economistas por parte de UNIVERSIDAD, quienes coincidieron en su mayoría que resulta inaceptable la simple idea de modificar la temporalidad de la entrega del FCL y que favorecería, básicamente, al sector financiero que administra estos recursos.
“Ese dinero que llega cada quinquenio le ayuda a las personas a atender situaciones especiales en su vida, como resolver problemas de deudas, hacer inversiones necesarias o reparaciones en sus viviendas”, Luis Paulino Vargas.
De acuerdo con el economista Luis Paulino Vargas, los afiliados ya cuentan con un mecanismo de ahorro y capitalización a largo plazo, que es el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y otro paralelo complementario a un menor período, que es el FCL, el cual permite los retiros cada cinco años.
“Ahora nos dicen que se podría ampliar de cinco a diez años, algo que rompe con la lógica que tuvo desde sus orígenes; además de que, hoy, ese dinero que llega cada quinquenio le ayuda a las personas atender situaciones especiales en su vida, como resolver problemas de deudas, hacer inversiones necesarias o reparaciones en sus viviendas”, señaló Vargas.
Agregó el especialista que aducir una mejora en los rendimientos al establecer plazos más largos no genera ninguna garantía, pero sí permitiría a las operadoras de pensiones manejar los dineros por más tiempo, despojando a la gente de la posibilidad de administrar estos ahorros y atender sus necesidades inmediatas.
Coincidente con este criterio, la economista Ana Rosa Ruiz observó que esta idea resulta lamentable, ya que este fondo les permite a las personas prever devoluciones de sus aportes en plazos más cortos para ayudarse o realizar inversiones familiares y, si se pasa la entrega a diez años, sería continuar en la línea de muchas iniciativas legislativas que buscan favorecer al sector financiero.
“Si se crea esta reforma, seguiríamos sin proteger a quienes aportan el dinero, es decir, los ahorros de las personas trabajadoras, socavando la estabilidad de muchas familias”, dijo Ruiz.
En contraste, el economista Luis Carlos Oviedo indicó que, en estos momentos, el FCL no es ni un seguro de desempleo, ni representa liquidez para la gente, pues cuenta muchas temporalidades, es decir, los fondos deben entregarse en distintos momentos a cada persona.
Añadió Oviedo que los dineros no deberían entregarse solo al terminar las relaciones laborales y que, desde su perspectiva, la lucha debe darse para que las operadoras los administren mejor, con opciones de inversión en el mercado interno y que sea realmente un ahorro para la vejez, como fue concebido.
Sector laboral en contra
La idea de Rocío Aguilar no fue bien recibida por el sector laboral del país, pues todos los dirigentes consultados manifestaron que se trataba de una estrategia más para consolidar a los mercados financieros por encima de las necesidades sociales de las personas trabajadoras.
Luis Chavarría, coordinador del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) fue enfático al condenar esta propuesta de la actual superintendente de Pensiones y exministra de Hacienda, y la valora como una apuesta por arrebatar o retener inadecuadamente los ahorros y fondos de los costarricenses por medio de leyes, al decir que no se entregarían cada cinco años, sino cada diez.
“Es evidente que esos diez años no serán para favorecer a los trabajadores, sino para resolver problemas que tienen las administradoras de las pensiones, incluso vemos como ya ni el Gobierno de Rodrigo Chaves quiere aportar al régimen no contributivo y buscan mecanismos para solventarlo por otras vías. Hacemos un llamado a los costarricenses a unirse en las luchas que sean necesarias para que los fondos de los afiliados no sean arrebatados”, indicó Chavarría.
Para Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la simple idea resulta inaceptable e indicó que los trabajadores tienen la capacidad de sobra para tomar sus propias decisiones de inversión y gasto para mejorar su calidad de vida y que el FCL constituye una opción para lograrlo.
Para Vargas, ampliar el período a fin de hacer inversiones de mayor plazo y más rentabilidad, como propuso la jerarca de Supen, no se sostiene con estudios, ni matrices matemáticas porque son especulaciones.
“Estamos claros que los mercados financieros cada vez carecen de mayor supervisión efectiva, por lo que haremos todo lo posible para que esa idea no prospere, que no se olviden las autoridades de que hay mucho resentimiento acumulado sobre cómo se viene manejando el ROP, incluso del papel de la Supen, y existe una creciente desconfianza en los mecanismos de control de cómo se maneja los fondos de pensiones”, argumentó el dirigente sindical.
Por su parte, Mario Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Especialistas Médicos (Siname), señaló que estas propuestas buscan tapar huecos administrativos de una mala gestión de los recursos y “jinetean” los dineros de los trabajadores, sin buscar medidas adicionales que no lesionen el bolsillo de los afiliados. “Decir que generarán más rendimientos es un concepto abstracto, basado en retener los fondos de los cotizantes”, indicó.
