El pasado 16 de octubre, agricultores alrededor del país conmemoraron el Día Mundial de la Alimentación, a pesar de sufrir un acelerado deterioro de sus condiciones de trabajo en una competencia cada vez más desigual con productos importados de países que subsidian a sus agricultores o que abaratan sus costos explotando a su mano de obra.
La falta de acceso al crédito y seguros agrícolas es una de las problemáticas más importantes a las que deben hacerle frente los agricultores en Costa Rica. Al ser una actividad altamente riesgosa y, al solo tener la posibilidad de obtener créditos por medio de hipotecas, con frecuencia, las personas que se dedican a cultivar pierden sus casas y tierras frente a los bancos.
En el marco de la celebración, el economista Welmer Ramos —invitado a dar una ponencia por la Corporación Hortícola Nacional— expuso que las tasas de interés en préstamos al sector agrario en Costa Rica son hasta 24 veces más altas que en países como Panamá y Chile, lo que con frecuencia paraliza la actividad de las personas agricultoras y les impide ser competitivos.
El economista y exdiputado señaló que en Costa Rica la tasa de interés promedio más baja es la de los bancos públicos, con un 8,07%; seguido por los bancos privados, con 10,25%; las cooperativas, con 10,92%; y las entidades financieras (por ejemplo, micropréstamos), con 23,93%.
Esto significa que, si toda la cartera de crédito en el 2023 (₡608 mil millones) fuera financiada por las financieras, los agricultores pagarían 100 mil millones más que de ser financiada por los bancos públicos.
Las tasas de interés contrastan aún más cuando se comparan con las que se pagan por préstamos en países en donde se cuentan con políticas de financiamiento agrícola, como Panamá, en donde hay créditos por tasa cero en montos menores a los 100 mil dólares y de 3,50% en los que son superiores.
Incluso las tasas promedio más bajas en Costa Rica están lejos de alcanzar el 1% para préstamos menores a $100 mil en Chile (1,35% para montos superiores), el 3,25% en Estados Unidos (5,25% para montos superiores) o el 4% en España.
Seguros agrícolas
Durante varias administraciones el sector agrícola ha advertido de la urgencia de dar acceso a créditos blandos al sector. UNIVERSIDAD ha reportado que cantones rurales agrícolas, como los de la zona alta de Cartago, los préstamos caros entre agricultores han afectado gravemente su salud mental y en ocasiones los empuja a quitarse la vida.
En Costa Rica, la morosidad en la cartera de crédito agrícola está en aumento desde el 2016 y, en diciembre del 2021, rompió récord con un saldo agropecuario en riesgo es superior a ₡68.920 millones, lo que representó un 14,3% de la cartera total agropecuaria y un aumento del 3,9% con respecto año anterior, según datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa). “Es un tema al que se debe prestar especial atención”, dice el informe de Sepsa.
Ante esta realidad, que colisiona con importantes riesgos climáticos y geopolíticos que afectan al sector agrícola y su supervivencia, Ramos sostiene que es necesario que se impulsen seguros agrícolas que sean generalizados para que la “prima sea baja y la seguridad grande”.
“Cuando se tienen seguros, los créditos se vuelven más baratos porque hay menos riesgo y es de acuerdo al riesgo que se establecen las tasas de interés. Hoy en día, en Costa Rica, si hay un huracán, los agricultores están completamente desprotegidos.
Ramos también considera que la banca costarricense tiene una “obsesión hipotecaria” que limita el acceso al crédito a las personas que trabajan la tierra de forma alquilada. Estas condiciones, sostiene el economista, obliga a los agricultores a aceptar tasas de interés muy altas en préstamos inadecuados que los hace “trabajar para quien les presta la plata”.
Menos intermediarios
Las largas cadenas de comercialización de los productos agrícolas nacionales también perjudican el financiamiento de los productores, quienes se dejan poco, mientras que a los consumidores les cobran caro.
Mientras que los agricultores aportan el 70% del valor en la cadena de comercialización, solo se dejan entre el 10 y el 30% de las ganancias del precio final, mientras que intermediarios que se encargan de la logística y la comercialización aportan un 5% y se dejan hasta un 50% de las ganancias en que inflan el precio final.
Así lo demostró en una investigación el decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Enrique Montenegro, quien expuso sus resultados ante los agricultores reunidos en Cartago.
Ramos coincidió con la necesidad de acortar estas cadenas para que las personas agricultoras mejores sus ingresos:
“Si al agricultor le quitan el 66% del valor que genera para la sociedad, los que viven bien serán los extractores de valor y no los creadores de riqueza, estas perversidades de los mercados ineficientes hay que corregirlas con urgencia”, comentó.
A pesar de la resistencia del sector a las difíciles condiciones en las que trabajan las personas agricultoras, las décadas de abandono de la clase política ha menguado la cantidad de tierra que se cultiva, así como las personas que se dedican a esta actividad.
Sin embargo, los agricultores y especialistas en economía agrícola sostienen que su relevancia para el país sigue siendo grande, en particular en las zonas rurales en donde cada vez hay menos empleo y en donde la agricultura representa el 34% del trabajo.
