“Aquí los que más se han beneficiado son los dueños de la finca. Este año han venido muchos contratistas con gente nueva. Despiden a los viejos y los sustituyen… Aprovechan para despedir a la gente que tiene más tiempo y la cambian por contratistas y sabe por qué, porque con los contratistas ganan más, porque les pagan menos. Con los contratistas meten 200 trabajadores y solo le pagan la mitad de lo que le pagarían a 100 de los que estaban con la finca”.
Ese testimonio de un trabajador de la piña describe la práctica llamada “sustitución”. Se trata de que “la pandemia fue pretexto para que muchos empresarios piñeros despidieran a trabajadores con muchos años de estar en las fincas, por trabajadores provistos por contratistas”, detalló el economista y teólogo Gustavo Gatica, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Ese es tan solo de uno de varios testimonios recopilados en su artículo “Peligrosos, pero indispensables: El trabajo migrante en la producción de piña en tiempos de pandemia”, incluido en el libro Covid-19: Un virus, diversos impactos. Aportes desde la UNED sobre sus consecuencias en Costa Rica, editado por Gatica y publicado por la Editorial de esa Universidad (Euned).
Esos “contratistas” son una especie de intermediarios en la contratación de mano de obra, que sirven para que las propias fincas agroindustriales no tengan que preocuparse por el cumplimiento de las garantías sociales.
Gatica realizó entrevistas a personas trabajadoras migrantes que laboraban en fincas piñeras en los cantones de Los Chiles y San Carlos, entre julio y octubre de 2020. Sus testimonios muestran cómo los discursos racistas y xenofóbicos en el contexto de la pandemia y de aumento de casos de infección por covid-19, crearon un ambiente propicio para profundizar la violación de los derechos laborales, económicos y sociales.
Para explicarlo, entre otros recursos Gatica se valió del concepto de “trabajo racializado”, del sociólogo jamaiquino Stuart Hall, el cual “establece que la base del concepto de raza es la creación de un sistema jerárquico que genera diferencias”, en este caso basadas en la nacionalidad, según explicó.
“En Costa Rica en las actividades agroexportadoras de la piña y el banano esto se observa con nitidez: las ocupaciones de operarios de maquinaria y vehículos, así como las labores de supervisión y administración son realizadas casi exclusivamente por trabajadores nacionales. En cambio, las personas trabajadoras migrantes realizan las labores del campo que son más pesadas, con mayor riesgo de accidentes y con menor remuneración”, se lee en el artículo de Gatica.
Xenofobia
En su estudio, Gatica recuerda cómo el virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, llegó a Costa Rica mediante una turista estadounidense pero “esta situación no generó comentarios adversos alrededor de la nacionalidad”.
Sin embargo, “al cabo de unos pocos meses, la narrativa que culpabilizaba a las personas extranjeras -especialmente inmigrantes de nacionalidad nicaragüense- del incremento de los casos de la Covid-19 aparecería con fuerza combinando el racismo y la xenofobia”.
Puntualiza que hasta inicios de junio de 2020, Costa Rica pareció tener la situación bajo control, dando pie a una reafirmación de la llamada “excepcionalidad costarricense”.
Si bien la línea discursiva oficial marchaba al ritmo de “estamos sacando la tarea”, según recopiló Gatica, ya a finales de mayo el ministro de Salud, Daniel Salas, declaró que “nuestro principal riesgo sanitario es [la] circulación de Covid-19 en Nicaragua”.
“En ese contexto temporal -escribió Gatica-, mensajes como este, eran fácilmente retomados para alimentar discursos xenofóbicos en contra de la población nicaragüense”.
En junio empezó un aumento importante en la cantidad de casos, que coincidió con “la aparición de pequeños brotes de la Covid-19 en fincas agroexportadoras de piña” de Los Chiles y San Carlos.
Cabe recordar que precisamente en junio de 2020 un amplio grupo de organizaciones de derechos humanos y atención a personas migrantes emitió un pronunciamiento para exigir el respeto a los derechos fundamentales de poblaciones vulnerables -como las personas migrantes irregulares- en el contexto de la pandemia, tal como oportunamente informó UNIVERSIDAD.
Es un momento en que, según la recopilación de Gatica, proliferaron notas en diversos medios informativos que “enfatizaban en que el aumento de contagios se relacionaba con la presencia de personas trabajadoras migrantes”.
Al respecto, es imposible soslayar declaraciones que el alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, ofreció a CR Hoy el 11 de junio y que Gatica citó.
Córdoba -hoy célebre por vinculación con el sonado caso Diamante- propuso: “Nadie entra, nadie sale. Suspender el transporte público para que los nicaragüenses no se muevan a ningún lado y tengamos ubicada a la gente”.
Añadió que “el nicaragüense que no tenga trabajo en esos lugares y no tenga los documentos que así lo acrediten, tiene que irse para Nicaragua. El que tenga trabajo, no tiene que estarse trasladando para otro lado del distrito, contaminando otras partes. Ni tiene por qué visitar otras comunidades, ni a los amigos, ni a la familia, porque entonces andan rompiendo las burbujas y provocando aumento de casos… Si yo le dijo a usted «cuarentena» usted (costarricense) va y se encierra en un cuarto, pide cuchara, pide plato y respeta el hecho de no salir. El nicaragüense no, ellos comparten en la sala, comparten la cuchara
y eso provoca los contagios”.
El artículo también se vale del ejemplo de Córdoba para denunciar un discurso según el cual, si por un lado la población migrante era calificada como responsable de los contagios y peligrosa, por otro se consideraba el papel de las empresas piñeras como idóneo. Ese funcionario del PLN declaró al mismo medio que “aquí lo que pasa es que quieren hacer ver mal a las empresas pero si ellas cierran: ¿dónde se van a ir a meter todas las personas que trabajan ahí? ¿Cómo van a comer?”.
Explotación de la mujer
El investigador destacó la circunstancia particular de las mujeres migrantes. “Como ha sucedido con otras actividades -indicó-, la pandemia marcó un fuerte recargo de las labores de cuido en las mujeres, muchísimo más en las jefas de familia que trabajan en piñera”.
Describió una rutina en la que parten de su casa alrededor de a las 4:30 a.m. a la finca y regresan a las 3 p.m., “tienen toda la carga del cuido de niños en casa, eso es bastante desigual”.
Uno de los testimonios incluidos en el artículo señala: “ahora los hijos están en la casa y a uno le toca ayudarles con las guías, uno como mujer campesina que ni hemos sacado el sexto grado nos cuesta ayudarles a los hijos con las guías que dejan en la escuela o el colegio”.
Pero las situaciones de explotación laboral claramente tienen ramificaciones, como lo demuestra esta otra cita: “¿Sabe que ha aumentado?, la violencia en las casas con las mujeres, yo miro que hay más estrés en los hogares y se aumenta la violencia contra nosotras, la situación económica está dura y todo eso afecta”.
Migrantes contra la pandemia
Gatica indicó que una de las principales trabas para la vacunación de las personas migrantes tiene que ver con la explotación laboral de parte de los contratistas, quienes no les dan permiso de ausentarse y, por lo tanto, pierden el salario del día si de hecho se van a vacunar.
De acuerdo con datos provistos por la subárea de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), solo se vacuna a migrantes de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE). Es decir, personas migrantes en condición regular, en vías de trámite de refugio, o con evidencia de arraigo en el país.
Al 29 de noviembre se contó un total de 759.056 dosis de vacunas contra covid-19 aplicadas a esta población. De ellas, 468.818 fueron primeras dosis y 289.673 segundas dosis.
Respecto de la región Huetar Norte -que incluye a los mencionados cantones de Los Chiles y San Carlos-, al 3 de diciembre se han aplicado allí más de 69 mil vacunas, 43.813 primeras dosis y 25.828 segundas dosis.
La población nicaragüense es por mucho la más vacunada, con 38.134 primeras dosis aplicadas y 23.953 en segunda, en total 62.087.
