“Nunca he podido olvidarlo”, dice Fabiana Cisneros Fallas, de 33 años, exalumna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), quien tiene pendiente presentar su tesis para graduarse.
“Sentí asco”, añade al describir su recuerdo sobre una clase con el catedrático Mainor Enrique Salas Solís, en el segundo semestre del 2014. “Me tocó todo el hombro con su mano. Sentí horrible, asco, me sentí totalmente invadida y le dije: ‘A mí no me toque’, y le quité la mano de mi hombro”, narró.
Desde entonces -afirma Cisneros-, el docente empezó a llamarla “la virgen”, “la virginal”, “la intocable”, “la inmaculada”, “la enviada de Dios”.
La exestudiante asegura que pasó años pensando en que debía denunciar estos hechos, pero las dudas sobre los trámites y el temor porque todavía tenía pendiente presentar su tesis de graduación se lo impidieron.
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“Esto no era una leyenda negra (en relación con frase que usó el decano Alfredo Chirino). Nuestro decano lo sabía porque yo en una ocasión me senté en una mesa con él, con una profesora y con dos compañeras más, a hablar justamente sobre el tema del acoso y le dijimos que en esa Facultad es insoportable”.
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Ellas es una de las diez mujeres que, meses atrás, relataron a UNIVERSIDAD haber sufrido acoso sexual e insultos por parte de Salas.
El pasado viernes 22 de noviembre, Cisneros presentó una denuncia ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual de la UCR, a pesar de que, según afirma, afrontó obstáculos, principalmente debido al tiempo que ha transcurrido desde que, según su relato, se dieron los hechos.
La ley contra el hostigamiento sexual y el reglamento de la UCR en esta materia establecen como plazo para presentar la denuncia “dos años a partir del último hecho consecuencia del hostigamiento sexual o a partir de que cesó la causa justificada que le impidió denunciar”.
Cisneros afirma que su causa justificada fue el temor. “Si ahí mismo, entre los profesores, (Salas) es tan adulado y le habla a la gente como quiere, ¿no iba a sentir miedo yo siendo estudiante?, porque como ahí se lo imponen a uno como profesor o como lector de tesis”, expresó en entrevista con UNIVERSIDAD.
“Sentía la presión de una persecución en mi contra por parte de los docentes y administrativos que protegen al profesor Mainor Salas”, añadió.
Cree, además, que antes no contaba con suficiente información. “Las campañas, las muchachas en las calles diciendo que vamos juntas o las mismas noticias, eso no se veía antes. Lo que sí manejábamos eran historias de otras personas que habían intentado denunciar y no se llegaba a nada”.
“Ya no soy solo yo (…) porque al final este miedo colectivo de denunciar es porque nunca te creen, porque supuestamente nosotras somos las que estamos mintiendo”, añadió.
La denuncia de Cisneros fue la segunda que ingresó la semana anterior ante la comisión. La exalumna Megan Hernández Angulo, de 25 años, quien también tiene pendiente su tesis de graduación, presentó su queja el 19 de noviembre. Ella fue otra de las que dio su testimonio a UNIVERSIDAD meses atrás.
Hernández también aseguró que no había denunciado antes por miedo. Según su relato, en el 2014, por medio de una amiga, Salas la llamó a su oficina, a pesar de que no era su profesor. Ella fue junto con su amiga y ahí, afirma Hernández, el docente le dijo que ella le recordaba a la protagonista de la película La Secretaria y le pidió que la viera.
“Volví a ver hacia atrás y mi amiga ya no estaba. Salí molesta, asustada, con una sensación de asco e impotencia. Busqué en internet alguna sinopsis de la película y mi sorpresa fue que la mujer a la cual le recuerdo y me parezco, según el profesor Salas, es una mujer que saliendo de un psiquiátrico comienza a trabajar como secretaria para un abogado y es sometida, humillada y abusada sexualmente por él”.
Hernández aseguró que dos años más tarde, estando ella con una amiga en una cafetería, el profesor se sentó con ellas y empezó a hablar de sexo, además a decirle: “Tenés que liberarte sexualmente” o “Está bien que cuando usted esté cogiendo con quien coja, piense en mí”, narró Hernández.
La exestudiante afirma que después la contactó por Facebook para proponerle salir. Según Hernández, “el miedo que tenía por este profesor y al actuar de la Facultad era mucho”. Incluso, dijo, tuvo que cambiar su horario para evitar toparse al docente en los pasillos.
Según la joven, ahora pudo denunciar porque conoció a otras estudiantes que pasaron lo mismo que ella: “Ya no me siento sola”, expresó.
UNIVERSIDAD contactó a Boris Molina, abogado que representa a Salas, pero indicó que todavía no se les ha notificado de las denuncias y por lo tanto no se referiría al tema.
Mainor Salas fue sancionado en el 2015 con ocho días de suspensión por hostigamiento sexual a una estudiante. El 14 de octubre, el rector de la UCR, Henning Jensen, archivó una causa disciplinaria que el decano de Derecho, Alfredo Chirino, había iniciado contra Mainor Salas por los testimonios publicados en medios de comunicación. El rector consideró que el decano debió realizar una investigación preliminar.
Un camino lleno de dudas
Las denuncias por este tipo de situaciones en la UCR se interponen en la comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual.
Las personas denunciantes que requieran acompañamiento legal o psicológico tienen la opción de acudir al Equipo Interdisciplinario contra el Hostigamiento, adscrito al Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), explicó la directora de este centro, Montserrat Sagot.
“Es la medida que desarrolla la universidad de acción afirmativa províctimas. Es una situación muy sui generis porque ningún otro centro de investigación tiene una tarea tan específica como esta. Son dos psicólogas y dos abogadas”, explicó Sagot.
Las dos egresadas que recientemente interpusieron denuncias contra el profesor Salas aseguran que el 17 de setiembre llamaron a la comisión y les indicaron que debían sacar una cita, la cual se les otorgó para el siguiente día.
En la cita fueron atendidas por la funcionaria administrativa Gina Barrientos. Según su relato, Barrientos les dijo que la denuncia no quedaría interpuesta pues antes se la enviaría a las abogadas del equipo interdisciplinario para que las revisaran y les ayudaran a mejorarlas.
Ambas afirman que transcurrida una semana nadie las llamó, por lo que ellas contactaron nuevamente y les indicaron que estaban analizando el tema de la prescripción. Sin embargo, sostienen que como pasaron otros días sin tener respuesta, el 2 de octubre se presentaron en el CIEM donde conversaron con Montserrat Sagot, quien les reiteró que las abogadas estaban analizando las denuncias y les pidió hablar con la abogada Patricia Ramos.
Según Hernández, al día siguiente llamó a la abogada Ramos y esta le recomendó “objetivizar” el miedo que les había impedido denunciar.
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“Ahora me siento acuerpada, uno siente que sus palabras tienen credibilidad ante la gente, porque al final este miedo colectivo de denunciar es porque nunca te creen, porque supuestamente nosotras somos las que estamos mintiendo”.
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La abogada Ramos -quien se encuentra temporalmente fuera de la Universidad con un permiso- dijo vía mensaje a UNIVERSIDAD: “Viendo simplemente las fechas, podría pensarse, inicialmente, que estaban prescritas; sin embargo, cuando yo conversé con las chicas, valoramos algunas posibilidades que podrían servir para interpretar que no corría prescripción porque aún no habían cesado las causas que les impedía denunciar”. Indicó que desconocía qué ocurrió posteriormente.
Las exalumnas comentaron que pasaron días sin saber exactamente cómo debían mejorar su denuncia y que sintieron ganas de desistir, por lo cual transcurrió más de un mes sin que la presentaran.
A inicios de noviembre, Hernández pidió asesoría en la Defensoría de los Habitantes, donde le recomendaron escribir a la coordinadora de la comisión, Teresita Ramellini.
El 14 de noviembre, la exestudiante envió un correo a Ramellini en el que detalló lo sucedido y le pidió orientación; no obstante, no recibió respuesta directamente de ella sino que, ese mismo día, una psicóloga del equipo interdisciplinario le escribió para consultarle cómo les fue luego de las recomendaciones de Ramos y decirle que ahora otra abogada vería el caso.
“Yo me cansé y dije: ‘Voy a dejar la denuncia así y si me la tienen que declarar prescrita que me la declaren prescrita, no puedo hacer nada. Cuando volví (el 22 de noviembre), fui con una amiga y otra vez no me la querían aceptar porque dicen que está mal redactada”, afirmó Hernández.
Según contó la exalumna, la funcionaria Barrientos accedió a recibirle la denuncia ante su insistencia y tras llamar al CIEM y hablar con una abogada. “La escuché preguntar: ¿Se la recibo o no?”, afirmó Hernández.
Cisneros, por su parte, aseguró que toda esta situación la hizo querer desistir de presentar su caso y criticó que incluso para iniciar el trámite se les pidiera sacar una cita. “Si supieran que no es fácil animarse”, expresó.
Las exestudiantes relataron que la funcionaria Barrientos además les comentó sobre otros casos que se habían tramitado ahí y hasta les relató episodios de alguna ocasión en que Mainor Salas estuvo en la comisión.
Otras estudiantes contaron meses atrás a este medio que cuando se presentan por primera vez a la comisión recibieron comentarios que las desmotivaban, como que el proceso es muy largo y tedioso.
UNIVERSIDAD le preguntó a Barrientos sobre estas conductas y la funcionaria calificó de “mentira” que ella se niegue a recibir denuncias o que comente sobre otros casos. “Se les remite siempre al equipo (interdisciplinario) antes de que firmen la denuncia para que un abogado o una psicóloga les expliquen”, dijo.
Sobre esto, la coordinadora de la comisión, Teresita Ramellini, manifestó: “tal vez no tengamos el mejor personal administrativo, pero no es culpa de la comisión, sino de la Rectoría”.
Ramellini lamentó que la comisión solo cuente con esa plaza de la funcionaria administrativa y 20 horas estudiante y que, hasta ahora, están por recibir un medio tiempo de una persona profesional en Derecho. Las otras cinco personas funcionarias que son parte de la comisión trabajan por recargo y sin tiempo exclusivo para eso ni remuneración, detalló.
“Hemos pedido desde hace como diez años una persona para que por lo menos asesore en la toma de la denuncia, una persona profesional en Derecho”, dijo. No obstante, aseguró que las denuncias siempre se reciben aunque puedan estar prescritas, pero que sí se les hace la observación a las personas denunciantes.
Además, mencionó que las dos denuncias contra el docente Salas fueron remitidas a la Oficina Jurídica de la UCR para pedir un criterio sobre ese aspecto.
Ramellini indicó que tiempo atrás la Oficina Jurídica les decía que no recibieran denuncias prescritas para “no generar falsas expectativas” a la persona denunciante, pero que en otras conversaciones con abogados les han dado otros criterios. Además, dijo que ella no ha recibido quejas del trato que brinda la funcionaria Barrientos.
También consideró que si la respuesta que recibieron las denunciantes no fue tan rápida como se esperaba, esto también se debe al poco recurso con el que se cuenta.
La directora del CIEM, Montserrat Sagot, aseguró que el equipo interdisciplinario siempre atiende a las personas de la forma “más humana, más solidaria y más províctima posible”.
“Lo que yo entendí en este caso en particular, después de hablar con las muchachas y con nuestra abogada, es que el caso está prescrito, porque así lo dice el reglamento, lamentablemente, desde mi punto de vista. Entonces, lo que yo entendí que la funcionaria administrativa estaba tratando de hacer era conseguirles la mejor asesoría legal para ver si encontraban algún camino en el que esa denuncia se pudiera plantear”.
“Cuando ellas vinieron a hablar conmigo, lo que hice fue ponerlas en contacto con una de nuestras abogadas; cuando yo hablé con la abogada ella me dijo que el caso está prescrito. Hemos intentado encontrar alguna forma para argumentar que no ha prescrito y por lo menos nuestras abogadas, en términos legales, no encontraron ningún argumento”, manifestó.
Sagot consideró que si se les hubiese recibido la denuncia inicialmente se crean “falsas expectativas”. También afirmó que ve con preocupación el caso de Mainor Salas: “porque prueba lo que ya hemos dicho, que a las autoridades universitarias más altas no les interesa tanto que estos casos existan o no existan, sino que no se haga un escándalo (…) Esto necesita compromisos políticos de muy alto nivel”, afirmó.
Mencionó que se está en proceso de reformar el reglamento contra el acoso y que la propuesta del CIEM es que se aumenten las sanciones, que se conforme una comisión instructora especializada (actualmente se crean comisiones para cada caso) y que tengan tiempo asignado específicamente para estas funciones.
Derecho a denunciar
La exjueza de la Inspección Judicial del Poder Judicial, Ana Lía Umaña, especializada en temas de hostigamiento sexual, dijo a UNIVERSIDAD que es válido analizar qué contacto futuro podría tener el profesor con las estudiantes para ver si se trata de causas justificadas que les impidieran denunciar. Por ejemplo, si él podía llegar a ser su director de tesis o del tribunal examinador.
Añadió que la obligación de los órganos administrativos es recibir la denuncia y verificar si los hechos están prescritos o no, pero nunca negar la posibilidad de denunciar.
Contó que en el Poder Judicial quienes reciben la denuncia son profesiones en Derecho a quienes se les ha dado capacitación en temas de género y que, aunque las personas denunciantes aportan prueba, los inspectores también recaban información.
“La Ley General de administración Pública dice que la administración tiene que buscar la verdad real. La administración debe ser proactiva”, indicó.
El abogado y profesor en la UCR, Marvin Carvajal, explicó que, aunque la regla general es que el plazo de prescripción tiene que ser interpretado de la forma más favorable para el investigado, existen procesos destinados “a la protección específica de los derechos de la víctima” y que por eso “estamos en un campo distinto”.
“Me parece que es perfectamente válido hacer una ponderación y poner en una balanza cuánto dañamos al presunto infractor permitiendo que la persona denuncie fuera del plazo, si hay una causa que lo justifique, frente a cuánto lesionamos a la víctima, que además no actúa por temor fundado, porque se ha actuado de una manera tan pusilánime contra el acoso en las instituciones educativas. Y en nuestra universidad, particularmente, que la persona tiene un temor que uno podría comprender, de que vaya a sufrir represalias por parte del establishment o de la organización burocrática universitaria”, explicó.
Resaltó que la prescripción es renunciable para la persona a quien le favorece y que, por ello, nunca se debería declarar de oficio. “La administración debería iniciar el procedimiento y la persona investigada, si así lo desea, interponer la defensa de prescripción”.
