El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, advirtió en un oficio enviado el 9 de agosto pasado al Consejo Superior, que sin la aprobación de una prórroga para plazas especiales de peritos no se podrá dar prioridad a las diligencias del caso del cemento chino.
La advertencia se dio luego de que, el pasado 3 de agosto, el Consejo Superior condicionó la ampliación de permisos para seis puestos de auditores y tres informáticos a que el OIJ informe “el motivo por el cual los permisos que fueron concedidos primeramente para atender el caso del cemento chino, se están utilizando en las investigaciones de otros casos a saber: ‘Infocoop’ y ‘Yanber’”.
Además, le exigieron entregar un cronograma de trabajo y detallar el avance de las pesquisas.
Esto a pesar de que en la sesión del 9 de noviembre del 2017, cuando se aprobaron las plazas extraordinarias para la sección de Delitos Económicos del OIJ, se indicó que estas se dedicarían a los casos del cemento chino e Infocoop. Estos permisos se prorrogaron desde el 9 de mayo y hasta el 8 de agosto de este año, por lo que actualmente están vencidos.
En el recurso de reconsideración enviado la semana anterior al órgano administrativo-del cual UNIVERSIDAD tiene copia-, Espinoza solicitó al Consejo extender las autorizaciones hasta el 31 de diciembre de este año.
En el caso de los funcionarios para la sección de Delitos Informáticos, el jerarca policial justificó su petición en que el “proyecto está enfocado al abordaje de la problemática en la atención de aperturas de indicios digitales y tramitación de casos que ingresan a la sección, y no enfocada solo a la tramitación de casos como el del Cemento Chino, Infocoop y Yanber”.
Espinoza mencionó las nuevas modalidades de delincuencia, como el cibercrimen, y señaló el incremento exponencial en la cantidad de casos ingresados a la sección.
“La Sección de Delitos Informáticos, dada su naturaleza, ámbito de acción y debido al incremento del Cibercrimen y del uso de la tecnología por parte del Crimen Organizado, se ha convertido en una necesidad y en un punto común en la gran mayoría de investigaciones que realiza la policía judicial en asocio con el Ministerio Público; siendo fundamental fortalecerla con el recurso humano necesario”, argumentó Espinoza ante el Consejo.
Además, indicó que “con la dotación de recursos bajo este proyecto, a partir de mayo de 2018, se comenzó a implementar una nueva estructura de trabajo, con la cual se pretende mejorar el servicio que se brinda”.
El jefe policial advirtió que, de no aprobarse la continuidad del recurso, no se podrá dar atención prioritaria a las solicitudes urgentes de aperturas de indicios y allanamientos, así como análisis de prueba, que requiere la Fiscalía General en el caso del cemento chino y tampoco en otros delitos.
Con respecto al personal de la sección de Delitos Económicos, el director del OIJ resaltó que se emplearon para las causas del cemento chino e Infocoop, como se había definido en la autorización del Consejo Superior, y que ninguna se empleó para el caso Yanber.
El informe de Espinoza además brindó un detalle de los logros alcanzados en las investigaciones, por ejemplo, los análisis de trazabilidad del dinero de las cuentas de Juan Carlos Bolaños, en el caso del cemento chino, y el análisis del 70% de documentación decomisada en el expediente de Infocoop.
Los cronogramas de trabajo añadidos incluyen tareas por realizar hasta febrero del próximo año.
Espinoza además resaltó en su recurso que existe un informe pendiente por parte de Gestión Humana para ampliar la cantidad de recurso en algunas secciones, como las mencionadas, por lo que, entre tanto se resuelve esa gestión, se requieren los permisos temporales.
El martes, el integrante del Consejo Superior, Carlos Montero, indicó en un comunicado de prensa que no se habían rechazado las plazas, sino que se solicitó un informe sobre el uso que se les dio.
“Tenemos claro la importancia de la investigación del cemento chino, lo que le pedimos al organismo es que aclarara para determinar que la solicitud que remiten se contempla dentro de los supuestos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No podemos actuar en contra de la ley, nos tenemos que apegar a la norma legal”, expresó.
En el caso del cemento chino se investiga a varios funcionarios y exfuncionarios públicos por los beneficios reglamentarios y los préstamos por $40 millones que la banca estatal otorgó al empresario Juan Carlos Bolaños para importar cemento.
El expediente de Infocoop la Fiscalía investiga si existió delito de peculado en el uso de fondos públicos destinados a cooperativas.
Mientras que el caso Yanber se indaga si esta empresa estafó a varios bancos públicos.
