La regularización de la producción y venta de cannabis se debe considerar “en justas proporciones sin que se sobreestimen los efectos que puede tener en la reducción de violencia y crimen, especialmente si no es acompañada por el fortalecimiento de las capacidades del Estado para su adecuado control”.
Ese fue uno de los principales mensajes que el director general del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez” dejó a la Comisión de Ambiente, tras su audiencia el pasado martes.
Ramírez fue convocado como parte del análisis que esa Comisión hace del proyecto de Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo, (No. 23.383) y tras recordar que al Instituto le corresponde por ley atender “la parte preventiva y a parte represiva” y que para ello articula trabajo con diferentes instituciones y programas públicos y privados, observó que “en el proyecto de ley no se discute la capacidad psicoactiva del cannabis”.
De seguido procedió a hacer un análisis de los artículos de la propuesta que pueden afectar al ICD, por ejemplo el artículo 8 que habla de crear un registro estadístico de consumo de cannabis para fumado a partir de datos de venta autorizada, una competencia que hoy tiene el ICD y que pasaría al Ministerio de Salud.
De mayor gravedad para la institución es el artículo 15, sobre la autorización para la producción, almacenamiento, transporte y distribución, pues indica que se requerirá un título habilitante otorgado por el Ministerio de Salud, pero que esas actividades autorizadas quedarán sometidas al “control, la vigilancia, la supervisión y la inspección periódicas del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en el ámbito de sus competencias”.
Ante ello Ramírez hizo un llamado a “evitar la desanturalización de las funciones ya asignadas por ley” al ICD. Es decir, esa disposición le confiere responsabilidades que no le corresponden hoy en día.
Añadió que si el proyecto establece nuevas obligaciones para el ICD, como dar un visto bueno para otorgamiento de licencias y otras funciones de control y fiscalización, “podría considerarse oportuno que algún porcentaje (de lo que se pague por esas licencias) se destine al ICD y otros ministerios como MAG”.
También se refirió al artículo 26 del proyecto, sobre el sistema de trazabilidad de los productos autorizados de cannabis, el cual “será ejecutado a través de la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)”.
Tras apuntar que esa responsabilidad debería ser una competencia propia del órgano encargado de otorgamiento de licencias, es decir, el Ministerio de Salud, llamó la atención a otro párrafo del mismo artículo: “Para estos efectos, dichas autoridades quedan facultadas para destinar los recursos necesarios para desarrollar las capacidades que les permitan aplicar este sistema, dentro de sus competencias, así como supervisar su cumplimiento”.
Al respecto, dijo que ello contradice las disposiciones de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (No. 8204).
Esa norma según dijo establece claramente cuáles son los destinos de los dineros que el ICD percibe por concepto de comisos y decomisos que las autoridades policiales o judiciales realizan.
