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Director de OIJ pide a diputados exoneración de IVA y fideicomiso para aliviar crisis de entidad

Director de OIJ aseguró que medida permitiría contar con ₡1.200 millones al año adicionales, que requieren para equipamiento

El director del Organismo de Investigación Judicial Randall Zúñiga solicitó a los diputados de la Comisión de Jurídicos la aprobación de un proyecto de ley que exonera a la entidad del pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA) y aprovechó para solicitar la creación, en ese expediente, de un fideicomiso, como acciones para tratar de aliviar la crisis que enfrenta su institución.

La crisis fue documentada por UNIVERSIDAD, que en su portada de esta semana reportó que la ola de homicidios histórica que azota al país está desbordando al OIJ, ya que varias secciones reportan un aumento de 40% o más en los casos que deben atender.

En ese contexto, Zúñiga fue llamado para referirse al proyecto 23.372, presentado por el diputado Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN), para exonerar al OIJ del pago del IVA, y realizó un llamado, casi una súplica, para que los diputados ayudaran a la entidad a lograr más recursos para enfrentar los costos crecientes de la investigación de una criminalidad en aumento.

Ilustró que el combate actual a esa criminalidad requiere de tecnología costosa, ya que “actualmente cualquier investigación requiere revisar un celular, una computadora”, y eso Implica costosos equipos y licencias de software.

Zúñiga destacó que en la actualidad hay dos grandes casos de corrupción, en los que se tienen 500 celulares decomisados, y no se han podido realizar las aperturas de los aparatos y accesar a su información, porque no se tiene la tecnología requerida.

“Por eso esta iniciativa es importante, podría generar alrededor de ₡1.200 millones al año de recursos frescos para el OIJ, que no se deberían rebajar de otras instituciones, ni implicarían nuevos impuestos”, expresó Zúñiga.

Entre las necesidades inmediatas, Zúñiga enlistó el pago de licencias de software y equipos tecnológicos para poder acceder a celulares y computadoras, realizar seguimiento de criptomonedas, drones y GPS, además de trasladar una sede policial en la zona atlántica.

Aprovechó la audiencia para solicitar a los diputados que analicen la posibilidad de incluir en el proyecto la creación de un fideicomiso para el OIJ, que le permita acceder a los recursos sin depender de plazos limitados a la presupuestación, y evitar que se pierdan recursos.

El proyecto fue defendido por el diputado Vargas, integrante de la comisión, quien resaltó que la propuesta pretende reducir la precariedad de condiciones con las que debe trabajar el OIJ. “Parte de un principio del sentido común, muchas instituciones están exentas del pago de impuestos, y me parece que en el OIJ podemos hacer un pequeño aporte, con recursos que ya están”.

También los diputados Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP) externaron en principio su apoyo a la propuesta, como una forma de tratar de enfrentar la crisis de seguridad que enfrenta el país.

Empero, Jorge Rojas, del Partido Progreso Social Democrático (PSD) fue el único que externó un rechazo, alegando que se estaba cayendo en un círculo vicioso de reducir los recursos del Ministerio de Hacienda, de una manera similar a como ocurría con el marchamo. Aseguró que el problema se presentaba por la distribución de recursos dentro del Poder Judicial, y que lo que correspondía era revisar la asignación de la Corte al OIJ, y solicitó que se llamara a Nogui Acosta, Ministro de Hacienda, para opinar al respecto.

Esto generó la crítica de Francisco Nicolás, del PLN. “No me opongo a oír a Nogui Acosta, aunque me sé la respuesta que dará, que no le alcanza el dinero y sacará el violín, pero no dice que tiene un colchoncito de ₡850 mil millones guardados, ni hay esfuerzo para recortar en cosas como el show de eventos que quieren hacer en Casa Presidencial”, dijo.

Por su parte, Zúñiga recordó que el país enfrenta una crisis de seguridad inédita. “Los homicidios no han bajado, vamos a terminar entre 850-900 homicidios, y eso requiere investigaciones que son difíciles. La situación se puede complicar mucho”, advirtió.

La Comisión acordó convocar a Acosta para referirse al proyecto.

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